Marcos Arruda y Sandra Quintela[1]

“La Río+20 será un punto de partida”, dijo María Luiza Viotti,

embajadora brasileña en las Naciones Unidas,

recordando que las negociaciones en temas como agua, océanos y seguridad alimentaria

están partiendo casi del punto cero”.

Y eso, veinte años después de Río92...

Este hecho indica la importancia de que la Cumbre Oficial de la Río+20 haga una evaluación crítica de los resultados prácticos de 20 años de conferencias y acuerdos internacionales, para identificar los avances, los retrocesos y las áreas estancadas, para detectar las causas y definir las estrategias de acción, las metas y las formas de tornarlas vinculantes. Nada de eso. Los oficialistas (ONU, gobiernos del mundo rico, corporaciones transnacionales) decidieron cancelar este rubro del programa de la Cumbre Oficial, dejando otros dos: Economía Verde y un nuevo órgano de gobernanza ambiental en la ONU.

El pretexto es que “es hora de mirar hacia adelante y construir el futuro”... Nada más hipócrita. Pues el pasado fue tejido por otras tres Cumbres del género, más otras Conferencias sobre temas sociales y ambientales específicos, y los resultados concretos son predominantemente fracasos, que amplían las amenazas asociadas a las modificaciones climáticas, a la deforestación y las consecuentes sabanización y desertificación de regiones antes boscosas, al deshielo de los casquetes polares y de los glaciares, a la escasez creciente de agua potable, a la expansión de la contaminación por pesticidas de las aguas, suelos y alimentos, a la acelerada reducción de la biodiversidad.[2] En síntesis, es la vida en el Planeta que está, y va a continuar bajo amenaza, sin que los principales responsables quieran ir a sus raíces, que están plantadas en el modelo de desarrollo centrado en el mercado, en el lucro y en el crecimiento económico sin límites.

En el poco espacio de este artículo, vamos a lo esencial, que es la pregunta del título.

Quienes promueven la propuesta de mutaciones en la economía mundial bajo el nombre de Economía Verde son los países ricos, acompañados por las élites de los “países en desarrollo”, Brasil inclusive. El bloque oficialista, además de cancelar del programa el balance crítico de los 20 años de tratados internacionales, sustituyó la retórica del Desarrollo Sustentable por el eufemismo Economía Verde. Es que el Desarrollo Sustentable está identificado con aquellos 20 años de tratados, cuyos resultados son escasos, nulos o negativos. En caso de su afirmación, la Economía Verde le impondrá a la humanidad un ciclo parecido al de la revolución de los agroquímicos de la post-guerra, que recibió el simpático y engañoso nombre de Revolución Verde.

La premisa de esta propuesta es que la crisis ambiental resulta de no tratar la humanidad a la Naturaleza como capital. La propuesta de la Economía Verde consiste en completar el triángulo de poder del capitalismo: en los ángulos tres mercaderías – el ser humano, las máquinas y ahora la Naturaleza, - y en el centro el capital. El objetivo de la Economía Verde es, pues, la creación de un ambiente propicio para la inversión privada en los bienes comunes de la Naturaleza que se salvaron de ser privatizados en Río92: saberes ancestrales, agua, semillas, biodiversidad, selvas y bosques, atmósfera.[3]

¿Qué cambios van a ser negociados en Río+20 para realizar tal objetivo?

· Ponerles precios a estos bienes naturales y a los “servicios ambientales”,[4] dándole al sector privado el control sobre esos bienes y “servicios” a fin de que ellos le generen beneficios.

· En lugar de generar productos reales, desarrollar un mercado ficticio de títulos y certificados financieros que serán negociados por los bancos, los mismos que provocaron la crisis financiera de 2008 y que recibieron trillones de dólares de fondos públicos.[5]

· Desarrollar “tecnologías limpias” y activarlas antes de ser sometidas a prueba (Geoingeniería, biología sintética, nanotecnología, genómica)

· Imponer un régimen de transferencia de tecnología que someterá a los países del Sur al control monopólico de la megaindustria sobre el uso de tecnologías no probadas

· Construir un mecanismo de gobernanza “verde” más centralizado en el marco de la ONU, que privilegie al sector privado y a las instituciones de Bretton Woods, garantizando el control privado del ambiente, de los bienes naturales y de los cambios climáticos, y dejando de lado a las poblaciones empobrecidas

· Desarrollar, en el marco de la ONU, indicadores y medidas que monten las bases para un mercado mundial de “servicios ambientales” y “ecosistemas”, cuantificando, precificando, privatizando y financierizando las varias funciones de la Naturaleza.

En suma, la economía globalizada, que ya es cenicienta por las desigualdades sociales, por la privación de derechos de la mayoría empobrecida del Planeta y por la polución y destrucción ambiental que está amenazando la vida, tiende a tornarse aun más cenicienta: el verde nominal es una tentativa (un atentado) para esconder la ceniza real.

¿Puede la Economía cenicienta hacerse verde?

Cuando las células del organismo dejan de crecer y se ponen a multiplicarse desordenadamente, se producen tumores que pueden ser fatales para la vida del organismo.

En la economía no es diferente. En el sistema del capital, las grandes empresas industriales, comerciales, de servicios – principalmente los bancos – y, el agronegocio, necesitan crecer siempre o desaparecen. No definen un punto óptimo a partir del cual producir y vender lo suficiente y usar los excedentes para invertir en calidad y para estimular la creación de otras empresas que fortalezcan la cadena productiva, en procura de atender mejor las necesidades humanas. Eso es asunto de la Economía Solidaria.

Las grandes empresas son intensivas en el uso del capital, de bienes naturales y de energía. La economía comandada por ellas persigue el lucro para sí y por cualquier medio. Es esto lo que explica prácticas como las de financiamiento privado de campañas electorales, dádivas a políticos para la compra de favores, envejecimiento artificial de productos de consumo para acelerar la demanda de nuevos productos, destrucción parcial o total de ecosistemas y biomasa, especulación financiera, inmobiliaria y con productos alimenticios, entre otras. Surge entonces la necesidad de que empresarios íntegros promuevan los valores éticos y convoquen a la clase del capital a posturas de responsabilidad social y ambiental. Sin embargo esta responsabilidad es un aspecto marginal de la actividad empresarial, una especie de “política compensatoria”. Con una mano ávida el gran capital se apropia de los bienes naturales y del trabajo humano, transfiriendo los costos a los consumidores, las comunidades locales y los gobiernos. Con la otra mano pasa una pequeña parte de sus excedentes para obras sociales y mejoras ambientales. Pero esto no hace parte de su lógica. Tales bienhechurías son como un anexo del contrato principal con los accionistas, que es maximizar las ganancias de éstos y crecer siempre más[6].

Bajo la fuerte influencia de esas corporaciones, los Estados nacionales y la ONU renuncian a su mandato democrático, protegiendo el interés privado en las tomas de decisión sobre política económica, energética, de transporte, saneamiento ambiental, vivienda, etc.[7] Manteniendo el PIB como medida de la riqueza de la Nación, el Estado consagra la economía al servicio del lucro a cualquier precio y de la acumulación privada de capital como la actividad dominante de la vida de la sociedad.

¿Qué economía puede ser verde?

En diciembre de 2010, la Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, con 9 mil delegados y 35 mil participantes, lanzó la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra. Tal declaración presenta propuestas concretas para un desarrollo fundado en la soberanía de los pueblos, en el reconocimiento de los derechos de éstos a desarrollarse con soberanía, justicia social y sustentabilidad ambiental. Entre ellas:

· Que la economía sea concebida en su sentido etimológico, como la gestión de las casas en las que vivimos[8] - el cuerpo, la familia, la comunidad, y los otros territorios hasta el Planeta

· Que el bien vivir y la felicidad sostenible de los habitantes de esas casas, en harmonía con el ambiente natural, sean la motivación y la finalidad precipua del desarrollo económico y técnico

· Que los presupuestos militares y de defensa se destinen a la preservación de la Naturaleza, a fin de tornar viable una economía de elevada equidad social y vida de calidad para todos (bien vivir), de bajo carbono, de baja intensidad energética y de bajo uso de los bienes naturales comunes

· Que las deudas sociales y ecológicas sean reparadas generando recursos para ese mismo fin

· Que se promueva la soberanía alimentaria en oposición al agronegocio

· Que se prohíban la Geoingeniería y los productos transgénicos, que implican riesgos aun desconocidos y generan monopolios corporativos a costa de la dependencia de la agricultura familiar

· Que los servicios básicos sean controlados por el Estado social y no privatizados

· Que se respeten los derechos de los pueblos ancestrales, incluyendo consulta libre, previa e informada para que no sean mercantilizadas las selvas y bosques naturales

· Que el principal sujeto del desarrollo y gestor de la sustentabilidad sean las comunidades locales, instrumentadas y educadas para tales fines.

[1] Socioeconomistas del PACS, Instituto Políticas Alternativas para el Cono Sul, Rio de Janeiro. Agradecemos a Pablo Solón, de Bolivia y al Grupo ETC, del Canadá por la inspiración, a Paulino Nuñez por la traducción y a Chilo/Altagracia Villareal por la revisión.

[2] Ver el folleto “Economia Verde: Nova Cara do Capitalismo”, 2012, Red Jubileo Brasil.

[3] En 1992, las corporaciones originarias de los países ricos negociaron el control de 23,8% de toda la biomasa del planeta.

[4] El concepto de ‘servicios ambientales”’ es cuestionable, pues no se trata de servicios realizados por personas, y sí bienes que la Tierra ofrece a todos los seres vivos, entre ellos los humanos.

[5] Ya están en marcha mecanismos como el comercio de créditos de carbono, o REDD (que recompensa bosques conservados con títulos que son comprados por empresas con recursos del Banco Mundial y negociados en los mercados de capitales) y otros.

[6] Ver como ilustración el “Relatorio de Insustentabilidad de la Vale”, publicado en portugués en abril de 2012 por la Articulación Internacional de los Afectados por la Vale, Rio de Janeiro.

[7] Ver como ilustración los textos retrógrados y perversos de la Cámara y del Senado que pretenden reformar el Código Forestal brasileño en favor de los ruralistas.

[8] Del griego Eco, Oikos = casa, y nomía = gestión.

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