¡NO SOMOS DEUDORES! ¡SOMOS ACREEDORES DE UNA DEUDA HISTÓRICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA!
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Entre todo/as lo logramos: La firma del fideicomiso para la Iniciativa Yasuní-ITT |
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miércoles, 04 de agosto de 2010 |
Un día después de la
conmemoración del segundo bicentenario del asesinato de los patriotas
por parte de las tropas españolas en la ciudad de Quito, el día 2 de
agosto del 2010, en el marco de la Iniciativa Yasuní-ITT, se firmó el
largamente esperado fideicomiso entre el gobierno nacional y el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con esta firma, por fin,
se podrá empezar a concretar los ofrecimientos realizados por varios
países para financiar el fondo de dicha Iniciativa.
Es una
lástima que se haya tardado tanto tiempo. Sin embargo, no es momento de
lamentaciones sino de celebraciones. Las diferencias entre lo propuesto
en diciembre del 2009 y en julio del 2010 no son mayores. Habría
desaparecido sintomáticamente la presencia de un delegado indígena en el
directorio. Pero sustancialmente se trata de lo mismo: un fideicomiso
con el PNUD como garante internacional de que los aportes exteriores se
dedicarán a los fines estipulados por el Estado, con una garantía
también de que el petróleo del ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) se
quedará bajo tierra.
Como punto de partida recordemos que los
análisis realizados para estimar el rendimiento de esta propuesta en
relación con la extracción del crudo llegaron a resultados alentadores.
Dejar el crudo en tierra, recibiendo desde el exterior al menos la mitad
del ingreso que se dejaría de recibir por exportar el crudo, resulta
más provechoso que extraerlo. A esta conclusión se llega incluso sin
considerar los enormes pasivos ambientales y sociales que se derivan de
la explotación del petróleo. Para llegar a este resultado tampoco se
incorporaron las grandes y múltiples ventajas colaterales de las que se
beneficiaría el Ecuador al impulsar esta propuesta de vanguardia. En
suma, con esta Iniciativa se configuraría un escenario en el que (casi)
todos podrían salir beneficiados, Ecuador y el resto de la comunidad
internacional, salvo, por cierto, las empresas petroleras, sus
intermediarios y tinterillos empeñados en extraer el crudo del ITT. Las
penurias quedan atrás. Hoy cabe un reconocimiento a la ministra María
Fernanda Espinosa por su labor desde enero de este año y también a las
comisiones que llevaron adelante el trabajo con el PNUD. Mención
especial merece el ex canciller Fander Falconí, defensor de esta
Iniciativa desde hace muchos años. También hay que destacar el esfuerzo y
la perseverancia de quienes desde finales de la década de los años
noventa vieron a lo lejos la posibilidad de un Ecuador post-petrolero;
la lista sería larga, pero resalto a una de las personas decisivas en
este empeño: Esperanza Martínez. Por igual habría que hacer extensivo
esta felicitación a muchas personas en el exterior, quienes, como Joan
Martínez Alier o Joseph Vogel, en el ámbito académico, o la diputada
alemana Ute Koczy, en el ámbito político, han contribuido a la
cristalización de esta Iniciativa. Y no se puede negar que se ha llegado
al punto actual gracias a la voluntad y al apoyo del presidente Rafael
Correa, quien lamentablemente no estuvo presente en el acto de firma del
fideicomiso de esta Iniciativa... Desde que se planteó
oficialmente esta Iniciativa en los primeros días del año 2007 hasta
agosto del 2010 se ha vivido un proceso complejo.[1] Ha sido difícil
aceptar esta Iniciativa, considerada incluso como “una utopía a tiempo
completo”, por Gustavo Duch, en el diario Galicia Hoxe, el 5 de
noviembre del año 2009.
Ahora, aún cuando recién estaría por
empezar una nueva y compleja etapa, en la que habrá que asegurar las
contribuciones internacionales para su financiamiento, esta Iniciativa
ya demuestra resultados satisfactorios. El tema se ha posicionado en el
debate nacional e inclusive a nivel internacional en sus múltiples
aristas. En muchas regiones del país se consolidan posiciones favorables
a la Iniciativa. Y a nivel internacional la Iniciativa es presentada
como una primera alternativa concreta para enfrentar el calentamiento
global.
No es posible continuar extrayendo combustibles fósiles
en el mundo a la velocidad actual. Esto por dos razones: porque nos
acercamos a nivel mundial al pico de Hubbert en la extracción de
petróleo (es decir cada vez habrá menos reservas petroleras disponibles)
y no estamos muy lejos del pico de extracción del gas. Y, segunda
razón, por el cambio climático. Si hay que dejar petróleo y carbón en
tierra, ¿dónde debe ser esto? En lugares de particular fragilidad
ambiental y social, como el Yasuní-ITT, algunos otros lugares en
Ecuador, pero también el Delta del Níger y otros territorios de la
Amazonía, como el Madidi en Bolivia o el Parque Nacional Laguna del
Tigre en Guatemala; en donde se ha propuesto o incluso ya se está
discutiendo esta posibilidad.
El gobierno ecuatoriano se ha
tomado mucho, quizás demasiado tiempo en concretar el fideicomiso. Las
cambiantes posiciones del presidente de la República han estado a punto
de hacer fracasar la Iniciativa. Sin insistir más en lo sucedido, pero
manteniendo la vigilancia del caso, por la experiencia acumulada, al
tiempo de redoblar el optimismo como parte de un ejercicio de voluntad
política, es el momento de mantener el apoyo decidido a la Iniciativa
Yasuní-ITT en esta nueva fase, en la que no faltarán amenazas y
tropiezos. Es hora de ayudar, o mejor dicho de continuar ayudando, a que
lleguen contribuciones del exterior, recordando siempre que el pueblo
ecuatoriano es el mayor aportante.
El fideicomiso, es decir, el
fondo de capital levantado para no explotar el ITT y que estaría
manejado por Naciones Unidas, es indispensable en este proyecto. Sin
embargo no es suficiente. Si no hay claridad y determinación por parte
del gobierno, la firma del fideicomiso puede ser apenas un gesto
simbólico. Por otro lado, el éxito de esta Iniciativa no puede servir de
pretexto para que el gobierno asuma como que ya ha cumplido su
compromiso con la Naturaleza y continúe expandiendo de manera
irresponsable la frontera petrolera en el centro sur de la Amazonía o
abra la puerta a la minería metálica a gran escala a cielo abierto.
Tener
presente las amenazas conocidas
Al presidente de la
República, luego de la firma del fideicomiso, le corresponde dar nuevas y
reforzadas muestras de respaldo a la Iniciativa. A él te toca hacer
realidad lo que ha reiteradamente solemnemente en varias oportunidades,
aquello de que dejar el crudo en el subsuelo en el ITT es “el proyecto
emblemático” de la “revolución ciudadana”. Convendría que su gobierno,
entonces, se comprometa formalmente a no explotar el ITT durante el
tiempo que dure su gestión; eso daría un plazo estable a las gestiones
que se avecinan. Eso implica de plano archivar definitivamente aquellas
propuestas para retirar una letra al ITT, como podría ser la explotación
del campo Tiputini. Esto significa no tolerar actividades petroleras en
los márgenes del ITT. Por lo tanto es obligación del gobierno controlar
los impactos que provocan las carreteras abiertas para los proyectos
petroleros cercanos. Esto incluye el respeto irrestricto a los pueblos
en aislamiento voluntario, en cualquier lugar de la Amazonía, empezando
por el bloque Armadillo, tal como dispone la Constitución de Montecristi
en el artículo 57.
El gobierno debería frenar también las otras
amenazas que se ciernen sobre el Yasuní, como son la deforestación o
extracción ilegal de madera, la colonización sin control, el turismo
ilegal y el eje multimodal Manta-Manaos en el marco de la Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
En
este punto convendría reconocer la conveniencia de incorporar el bloque
31 al ITT, pues en dicho bloque hay poco petróleo de baja calidad, cuya
rentabilidad se aseguraría explotando el ITT. Un punto a destacar, el
tipo de crudo existente en esa zona, viene mezclado en una elevada
proporción con agua de formación, en extremo contaminante, en una
relación que puede estar en un barril de petróleo por cuatro de agua.
Igualmente,
sería importante adelantar los diálogos para analizar la posibilidad de
que en el Perú se dé un tratamiento similar al bloque 67, directamente
vecino del ITT, con apenas una tercera parte de las reservas existentes
en el campo hidrocarburífero del lado ecuatoriano.[2] Con esta
ampliación no se está previniendo la explotación horizontal del petróleo
del bloque ITT desde el lado peruano, como han afirmado ciertas
personas, pues esto técnicamente es imposible en la actualidad.
Con
esta potencial ampliación del ITT por el Este con el bloque 67 peruano y
por el Oeste con el bloque 31, se aseguraría una zona mucho más grande
de similares características de megabiodiversidad, en la que se ha
registrado la presencia de pueblos no contactados. Todos estos bloques
sumados a la zona intangible en el sur del Parque Yasuní, formarían una
importante reserva de vida.
Identificar las nuevas amenazas
En
este momento de definiciones, en cuanto al financiamiento de la
Iniciativa se refiere, hay que estar atento a otras amenazas en ciernes.
El debate en este punto apenas se ha iniciado. Aquí, habría que
señalar, por ejemplo, que se necesita una discusión acerca de la
aceptación de financiamiento vinculado al mercado de carbono o al canje
de deuda externa. Luego, cuando el fondo esté constituido, otra
actividad prioritaria será el control permanente sobre el uso de los
recursos financieros que se generen, pues el manejo de esos recursos
puede ser otro punto de conflicto.
El modelo de mercado de
carbono, es decir de comercializar las emisiones imponiendo condiciones a
los países beneficiarios, ya ha sido calificado como una nueva forma de
colonialismo. Si los países industrializados, por las emisiones de
gases de efecto invernadero, contaminaron la atmósfera del planeta,
ahora en lugar de comprometerse a disminuirlas y resolver ellos el
problema, a través de propuestas de mercado, plantean mecanismos
especuladores y no eficientes. Estas opciones se caracterizan por
altísimas ganancias, que no reducen las emisiones, si no que entregan
derechos de contaminación a cambio de una compensación. El mercado de
carbono, en realidad, es una forma de privatizar el aire.
Como
una nueva propuesta surge REDD: Reducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación Forestal. REED plantea la creación de sumideros de
carbono y podría acabar siendo también un permiso para contaminar. REED
supone una falsa solución al cambio climático y entraña una serie de
riesgos que es importante tomarlos en consideración.
A
continuación se destacan algunas de sus mayores amenazas:
-
Este mecanismo permite suplantar la selva original, es decir el bosque,
por simples plantaciones forestales.
- Premia una menor
tasa de tala, lo que llevará a manejos especulativos con alzas y caídas
en la deforestación, en lugar de impedirla.
- Convierte al
bosque en un mero proveedor de servicios ecológicos como sumidero de
carbono. Transforma la selva, sus árboles y aire en mercancía.
-
Enajena la gestión y manejo de los territorios, ya que los fines
económicos prevalecen sobre la administración local, especialmente en el
caso de los pueblos indígenas. Ellos, los dueños de los territorios,
podrían convertirse en el mejor de los casos en simples guardabosques.
-
En síntesis, al priorizar lo económico mercantilizando los servicios
ambientales o permitiendo la extracción petrolera o minera, viola lo
sagrado de los bosques. Para los pueblos indígenas y comunidades
campesinas los bosques no son un simple mercado de carbono, son espacio
de vida.
Como muchos de estos componentes están contemplados en
las negociaciones del mecanismo REDD, éste no debería ser utilizado en
el caso de la Iniciativa Yasuní-ITT. En un Estado plurinacional, como el
que se tiene que construir en el Ecuador por mandato constitucional, no
se puede admitir la enajenación de derechos sobre territorios
indígenas. En un país que constitucionalmente reconoce los Derechos de
la Naturaleza, no se puede admitir mercantilizar sus funciones. En suma,
en un Estado soberano no se puede delegar las funciones de conservación
a terceros.
Desde el punto de vista de las comunidades y de
nuestros países, colocar sus expectativas en proyectos de conservación
atados a compromisos de los países ricos conduce en la práctica a
postergar la lucha por sus derechos. Entre los muchos derechos que hay
que exigir a los países ricos están asumir directamente el grueso de la
remediación ambiental al tiempo que esos países cambian de estilos de
producción y consumo depredadores, asumiendo, en definitiva, el pago de
su deuda ecológica; este es el punto clave donde se sustenta la
corresponsabilidad diferenciada en una nueva institucionalidad ecológica
global.
Además, este mecanismo nos pondría en una situación de
competir con México, Brasil, Congo y otros países que son grandes
deforestadores. Para estos países REDD representa una nueva cartera de
proyectos tanto forestales como de conservación con los que buscan
simplemente beneficios financieros. Su aplicación anticipa más
distanciamientos entre países que deberían caminar juntos en la
construcción de una justicia climática global.
En definitiva, ni
la iniciativa Yasuní ITT corresponde a REDD ni debe vincularse las
aportaciones recibidas al fideicomiso a proyectos relacionados con REDD o
al mercado de carbono, pues terminaría en manos de ONGs de conservación
o empresarios de distinta índole. Por lo tanto será más sensato
invertir preferentemente los recursos que se obtengan en la
transformación de la matriz energética desarrollando el potencial de
fuentes alternas y renovables de energía disponibles en el país; en
conservación de las áreas protegidas; en un masivo proceso de
reforestación pero no con monocultivos de especies exóticas; en el
desarrollo social sustentable, particularmente en la misma Amazonía con
especial participación de las poblaciones de la zona; y, en inversiones
en ciencia y tecnología.
La definición de las cinco prioridades
enunciadas en el párrafo anterior se alcanzó sin presiones de
potenciales contribuyentes. En ejercicio de su soberanía, Ecuador se
propone a transitar hacia una economía post-petrolera.
Igualmente
habrá que estar atentos para que el financiamiento de este fondo no se
haga con canje de deuda. No se puede financiar un proyecto de vida con
recursos provenientes de deudas corruptas, como son muchas de las deudas
bilaterales contratadas con el Estado español, por ejemplo. En
principio, las aportaciones deben ser de fondos nuevos.
Recuperemos
la Iniciativa para la sociedad civil
La sociedad civil
estuvo en el origen de la Iniciativa. Ahora aparece como un poco
arrinconada. No obstante, el momento es de alegría y de empuje. El verbo
“yasunizar” se conjuga ya en otros lugares del mundo.
Celebremos
la firma del fideicomiso, cuyo contenido deberá ser totalmente
divulgado para saber a qué atenernos. Contribuyamos en la medida de
nuestros contactos y saberes a fortalecer esta Iniciativa.
No
nos olvidemos que las empresas petroleras, empeñadas en hacer negocios
con el crudo del ITT, argumentando incluso el interés nacional y el
beneficio para las grandes mayorías, no dejarán de actuar para que
fracase la Iniciativa Yasuní-ITT. La actitud vacilante del presidente de
la República a lo largo de más de tres años y su feria de epítetos en
enero de este año, llevan a veces a pensar que existe el riesgo de que
se podría facilitar el fracaso del proyecto bajo la excusa de que la
comisión encargada finalmente no consigue cristalizar a tiempo los
aportes ofrecidos y los nuevos aportes necesarios. El gobierno,
entonces, podría endilgar el fracaso a los países desarrollados que
ofrecieron aportar, al mismo PNUD e incluso a los ecologistas, por no
haber conseguido el financiamiento necesario...
Por lo tanto,
tengamos siempre presente que esta Iniciativa debe afincarse en la
sociedad civil. Allí surgió desde la resistencia de las comunidades
amazónicas que sufrían los embates de las petroleras en la Amazonía,
particularmente de la Texaco. Desde allí, poco más tarde se planteó un
juicio en contra de dicha empresa por parte de los afectados por su
irresponsable accionar en la Amazonía. Más adelante, ese sostenido
esfuerzo de resistencia desembocó en la propuesta de una moratoria
petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana.
Deben ser
por lo tanto, las propias comunidades de la zona del Yasuní, en primera
línea, así como las del resto de la región amazónica y la sociedad
ecuatoriana en su conjunto los actores fundamentales para presionar por
la ejecución de esta Iniciativa. Igualmente ellos deben ser los
encargados del control de dicha ejecución, sobre todo del uso que se den
a los recursos financieros obtenidos.
En este momento se
debería incluso debatir sobre la conveniencia o no de ampliar la
actividad petrolera (y minera) en el sur de la Amazonía. Como sociedad
podríamos asumir el reto de no hacerlo, buscando los recursos para
financiar la economía a través del desmontaje sistemático y creativo de
los costosos e inequitativos subsidios a los combustibles derivados del
petróleo, muchos de los cuales deben ser inclusive importados a costos
muy elevados.
A estas alturas, cuando se ha transitado por un
complejo y enriquecedor camino, cuando tenemos una nueva Constitución
que prioriza el respeto a los Derechos Humanos individuales y
colectivos, y que revolucionariamente incorpora los Derechos de la
Naturaleza, la Iniciativa Yasuní-ITT ya no es una elección atada
exclusivamente a su financiamiento. Sacarla adelante es una obligación
de los gobernantes y respaldarla un deber de todos los habitantes del
país y también del mundo.
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