La Deuda Ecológica es una obligación con la biosfera por causa de intervenciones incompatibles en sus sistemas y procesos ecológicos esenciales, que han provocado destrucción de hábitats, extinción de especies y alteración grave de la homeostasis planetaria, con la consecuente amenaza para todas las formas vivientes.

La Deuda Ecológica es, también, una obligación con la humanidad, adquirida en razón de los daños, en ocasiones irreversibles, a la base biofísica de las sociedades, provocados por islas de privilegio, economías del despilfarro e industrias de la barbarie, cuya consecuencia ha sido el empobrecimiento y exclusión de amplias mayorías humanas, etnocidio y avasallamiento de culturas.

Crisis y erosión de la diversidad.

La expresión más sobresaliente de la crisis o crisis concurrentes de la sociedad contemporánea es la erosión de las diversidades cultural y ecológica. Erosión estimulada mediante la universalización de un estilo de vida y un modelo monocultural que conduce al desconocimiento de la alteridad de las culturas y de los sistemas naturales. La expresión política de la crisis es, de una parte, la hegemonía de un modelo monocultural expandido a expensas de los sistemas naturales, y, por la otra, el quebrantamiento de la antigua alianza de los seres humanos con la naturaleza.

El reconocimiento de la alteridad es un principio básico de la vida. Sin diversidad no hay vida. Idealmente, las culturas humanas deberían conciliarse con un modelo de conducta que asegure vínculos de solidaridad y de comunidad ontológica con el resto de la biosfera. Un modelo no exclusivamente moral o ético sino cognitivo, que identifique al conocimiento de las relaciones que tejen nuestra existencia al resto de la biosfera, como prioridad de las culturas. El itinerario de las culturas humanas está marcado por vínculos y redes de interdependencias que enlazan lo humano con la biosfera. El reconocimiento de esos vínculos, más que abrumarnos con una pesada carga moral, nos procura un sentimiento de perplejidad, maravilla, entusiasmo, felicidad y de inocente alegría como miembros y partícipes de lo viviente. Ese reconocimiento nos obliga, primero, a establecer como límites de nuestra relación en el mundo la alteridad de los otros seres. Y segundo, para vivir esta experiencia es primordial conocer esos otros seres, para lo cual debemos, prioritariamente, respetar su existencia.

La Deuda Ecológica está inscrita en las crisis simultáneas de nuestro tiempo. Existe un circuito de relaciones entre crisis, erosión de la diversidad y deuda. El concepto de Deuda Ecológica con la humanidad <->o con las culturas o con grupos y familias humanas y con la biosfera, parte del reconocimiento de su alteridad. La Deuda Ecológica se genera al propiciar acciones nulatorias de esta alteridad de la naturaleza y las culturas.

La Deuda Ecológica ha sido contraida con esas culturas que fueron desconocidas y negadas; y con esas parcelas de la naturaleza que fueron avasalladas. La dimensión ético-filosófica del concepto conduce al reconocimiento de la alteridad de la naturaleza, que la Carta de la Naturaleza de las Naciones Unidas (1982) consagra al afirmar como principio que "toda especie viviente es valiosa en sí misma", sin consideración alguna de su eventual utilidad para los seres humanos.

Reconocimiento erga omnes de los daños ambientales y existencia de la deuda ecológica

Hace largo rato que los daños ambientales han sido identificados y evaluados. Existe un mensuramiento del calentamiento global, de los niveles de destrucción de la capa de ozono, de la tasa de deforestación, del nivel de contaminación de los ríos internacionales y los océanos, de la destrucción de las cuencas hidrográficas, de los niveles de la lluvia ácida, de los gases comprometidos con el efecto invernadero. También hay un mensuramiento de los niveles de pobreza asociados al deterioro ambiental. Existe una evaluación y una conciencia no lejanas, sino próximas a los hechos (son los ojos enrojecidos en las ciudades, es la gente envenenada, son los carcinogénicos en la gran mayoría de los alimentos).

El reconocimiento de la existencia de daños ambientales a nivel mundial, es erga omnes. No hay quien niegue, ni siquiera los más obtusos, los daños ambientales a nivel global. Hay daños globales, regionales, locales, debidos a intervenciones ecológicamente incompatibles. Y no sólo se han evaluado las expresiones de la crisis, sino mensurado las responsabilidades en términos de consumo energético, producción de desechos y goce de los beneficios de la oferta ambiental . No obstante, daños y responsabilidades deben ser mensurados, propiciando una evaluación adecuada . Desconocerlos no es más que ceguera o cinismo.

Llamamos Deuda Ecológica al conjunto de externalidades sociales y ambientales no asumidas. De esta manera, la Deuda Ecológica de un país en particular puede expresarse o mensurarse como aquella carga adicional sobre el ambiente ocasionada al superar los límites de resiliencia de los sistemas naturales. Esa carga adicional es Deuda Ecológica, la cual no es solamente generada dentro de las fronteras geográficas de un país, sino incorporada por los productos importados.

Varios autores, tanto del Sur como del Norte, han reconocido no sólo la existencia de los daños ambientales, sino la existencia de una Deuda Ecológica . María Luisa Robleto y Wilfredo Marcelo (1992:8), definen la Deuda Ecológica como el patrimonio vital de la naturaleza, necesario para su equilibrio y reproducción, que ha sido consumido y no restituido a ella. Comprende, según estos autores, tanto recursos naturales (especies y masas críticas de ellas) como condiciones ecológicas (pureza del aire, del agua y de la atmósfera).

En palabras de Ramos Regidor (1992:14-15), la Deuda Ecológica tiene su fundamento en las variadas formas históricas de contaminación y destrucción de la tierra y de devastación de la biosfera. Se trata de una deuda hacia la naturaleza, común al Norte y al Sur, aunque mucho más consistente en los países del Norte porque su sistema industrial es el primer responsable del nacimiento y del agravarse de la crisis ecológica. Los pueblos del Norte tienen una Deuda Ecológica con los pueblos del Sur. Ante todo porque en el curso de los siglos el etnocidio ha estado siempre acompañado por el ecocidio; además porque en estos siglos el Norte ha rapiñado libremente los recursos naturales del Sur.

Anil Agarwal & Sunita Narain (1992:6) puntualizan que el argumento de que el rico debe pagar su cuenta ecológica debe sonar fuerte y nítido y, en este proceso, el Sur debe dejar en claro que si de ello obtiene algo, bienvenido será, pero que de lo contrario no desea ni un centavo.

Heinz Greijn (1991:1) advierte que la Deuda Ecológica en que ha incurrido el Norte es inmensa y continúa creciendo.

Por su parte, Robert Goodland (1992:27) señala que el Norte debe una reparación al Sur por el desproporcionado pillaje de los bienes comunes que ha hecho históricamente. Las reparaciones deben restaurar el equilibrio natural. Por otra parte, la contribución del Norte a los daños ambientales en el Sur, es clara: el daño en la capa de ozono, el cambio climático, el efecto invernadero, la deforestación en los trópicos, las plantaciones para la exportación que fuerzan a los pobres hacia las tierras marginales, el endeudamiento promovido por el deterioro del capital natural y por el sobreuso de recursos renovables.

En una aproximación global a la sostenibilidad, el Norte tiene que adaptarse mucho más que el Sur. La contribución del Sur a la sostenibilidad global podría ser la estabilidad de la población y la prevención de pérdidas irreversibles.

Según Carlos Fonseca (1990:26), el peligro creciente del fenómeno del calentamiento terrestre tendría una mayor incidencia en los trópicos, debido a la mayor sensibilidad a las variaciones y condiciones climáticas, y a las diferentes formas de contaminación que la sociedad está generando. Esta realidad configura una "deuda ecológica" creciente de los países industrializados, de alto consumo energético fósil hacia los países subdesarrollados, poseedores de ecosistemas que se afectarían por este fenómeno.

Alexander Langer (1992B:19-20) insta por el reconocimiento de la Deuda Ecológica común, puntualizando que bajo este rubro el Norte tiene deudas mucho mayores que el Sur. El Sur es acreedor del Norte desde muchos puntos de vista (incluso financieros, pero también ambientales, sociales, culturales, de trabajo, sanitarios, etc.). Es urgente frenar las políticas falsamente presentadas como de cooperación y ofrecer al Sur la substancial compensación que el Norte le debe.

Para la Secretaría Permanente del SELA (1992:32), muchos países industrializados han provocado graves daños a sus propios entornos naturales durante los dos últimos siglos. También son responsables de la mayor parte de los problemas ambientales actuales, dados sus estándares de consumo que podrían catalogarse de elevados y despilfarradores. Las sociedades industrializadas necesitan enfrentar esta realidad y responsabilizarse por sus acciones. Mientras el meollo de las discusiones se aleje de estas prioridades, y se concentre en la armonización internacional y en llevar a los países en desarrollo a cumplir con los objetivos y dictámenes de los países industrializados, los problemas fundamentales que enfrenta el medio ambiente seguirán sin resolverse.

Finalmente, Susan George (1993:97) señala que aunque puede culparse en parte a los estilos de vida individuales en los países desarrollados de la destrucción del medio ambiente, creemos que son, por encima de todo, las acciones de los gobiernos acreedores del Norte, y las instituciones internacionales que éstos controlan en gran medida, las que impulsan las fuerzas que subyacen tras esa destrucción. Ellos inventaron el modelo de desarrollo inicial que ha llevado al desastre ecológico. Y ellos han utilizado la palanca que proporcionó la crisis de la deuda externa para perpetuar este modelo.

En el proceso de generación de la Deuda Ecológica distinguimos entre actores y agentes dramáticos, de una parte. Y, en cuanto a la responsabilidad por los daños ocasionados, diferenciamos también entre deudores y acreedores. La Deuda Ecológica ha involucrado actores y agentes dramáticos. Actores principales son y han sido las islas del privilegio, es decir, aquellos que unilateral y casi exclusivamente, han recibido los mayores beneficios del capital ambiental del planeta (las corporaciones, la banca internacional, los burócratas del Norte y del Sur). De otro lado, campesinos sin tierra, pescadores pobres y otros marginados de los beneficios planetarios, conforman la legión de agentes dramáticos de la Deuda Ecológica. Estos últimos, bajo las presiones de la supervivencia inmediata, han actuado como taladores de árboles, invasores de parques naturales, pescadores de corales, depredadores de especies semi-extinguidas, cazadores y traficantes al menudeo de ejemplares únicos de la fauna y flora tropicales. Los agentes dramáticos han sido y aún lo son, los más pobres y/o los pueblos financieramente empobrecidos del mundo, pero particularmente aquellos del Sur.

Los oleajes de exclusión que las islas del privilegio provocan, siempre concluyen en marejadas de miseria y desarraigo. Es cierto que los excluidos del Sur talan maderables en los relictos del bosque tropical para calentar sus hogares y cocinar. Igualmente en muchas ocasiones pescan y consumen juveniles de peces que no han alcanzado la talla adecuada, o capturan ejemplares de la fauna silvestre que luego mercadean con los turistas. Aunque estas actividades de sobrevivencia sean expoliativas de los sistemas ecológicos y recursos vivientes especialmente por el número cada vez mayor de excluidos implicados, de las mismas no podría declararse que provoquen las elevadas tasas de deforestación masiva cuya contribución en la emisión global de gases de efecto invernadero es aproximadamente de una sexta parte, o mengua de poblaciones ictiológicas ocasionadas por la tala industrial o por la pesca con redes de arrastre a gran escala, respectivamente (Borrero, 1994).
 
 

Deudores y acreedores

El concepto de Deuda Ecológica incorpora una definición de responsabilidades. Hay parcelas de la humanidad necesariamente más responsables, porque han usufructuado en mayor grado los beneficios de la oferta ambiental planetaria. Porque el capital natural fue diezmado, no por causa de fenómenos telúricos, sino como consecuencia de actividades de pillaje y expoliación para beneficio exclusivo de estas parcelas. Siendo la protección de la biosfera una obligación erga omnes para todos los seres humanos tanto para aquellos del Norte como para aquellos del Sur<->, ningún país o región del mundo debería ser liberada de esta obligación. Aunque es una obligación planetaria, los mayores deudores ecológicos, las islas del privilegio, tienen una responsabilidad mayor.

Es común encontrar el uso de categorías geo-políticas para establecer la responsabilidad por los daños ambientales y precisar los sujetos de la obligación ecológica a título de deudores y acreedores. En tal sentido, se señala al Norte como el deudor o responsable de los daños y al Sur como víctima y potencial acreedor de la deuda.

Como unidades geo-políticas Norte y Sur son meras abstracciones. En el Norte se encuentran ciudadanos y pueblos que si bien participan de niveles de vida con elevados consumos y gastos energéticos, no podría declararse su responsabilidad directa en los daños ecológicos. El Sur, por su parte, no tiene, como el Norte, coherencia y unidad. En el Norte, a la unidad geo-política corresponde una unidad de políticas como bloque de poder económico y político. En el Sur no se registra esa coherencia, entre otras razones porque las concentraciones de poder del Norte han intervenido con mucha eficiencia al Sur al extremo de desmembrarlo políticamente, con la aquiescencia de sus élites y sus pueblos. Es innegable la responsabilidad del Sur en su propia falta de unidad. El Norte tiene intereses específicos. Infortunadamente, el Sur permite al Norte el ejercicio pleno de su poder.

En el mundo contemporáneo existen grandes poderes internacionales. Sin embargo, no aceptamos la referencia a su conspiración para manipular el planeta como ardid para eximir de responsabilidad a las élites del Sur por las calamidades padecidas por sus pueblos, la cual se expresa como ausencia de voluntad para responder, defender su identidad y oponerse a la manipulación de los poderes transnacionales. La conspiración existe y se configura porque el Sur la acepta.

¿Cómo precisar la obligación ambiental del Norte hacia el Sur, en términos de los deudores del Norte y los acreedores del Sur? A cambio de una abstracción geo-política, habría que identificar los actores del deterioro ecológico en el Norte y en el Sur, señalados previamente en la literatura sobre el tema, a saber:

1. Las Corporaciones Transnacionales, cuyo poder es avasallante.

2. La Banca Transnacional, cuyo papel en la promoción de desastres ecológicos en nombre del desarrollo es incuestionable.

3. Las burocracias gubernamentales del Norte, auto-afirmadas como el poder hegemónico, especialmente a partir del colapso de las burocracias socialistas del Este.

4. Los burócratas y élites del Sur, quienes han agenciado, directa o indirectamente, los procesos de destrucción ecológica en sus paises.

En conclusión, son deudores responsables de la Deuda Ecológica, quienes constituyen o forman parte de las islas del privilegio del Norte y del Sur con sus sistemas de vida, sus economías del despilfarro, su industria de la barbarie, sus modelos políticos, sus instituciones. En fin, ese universo económico, político y cultural del sojuzgamiento. Las islas del privilegio (corporaciones multinacionales, burocracias del Norte, bancos y agencias multilaterales, burocracias y élites del Sur), tienen una deuda con la biosfera y la humanidad.

En términos globales es necesario reconocer que, en cuanto a responsabilidad por los daños ambientales, la población que habita el Norte tiene y ha tenido la mayor responsabilidad. No solamente por la relación directa que tiene con los signos del malestar ambiental que concentran la atención mundial, sino porque a través de instancias políticas y financieras propias de instituciones del orden multilateral y de las corporaciones, se ha agenciado la exportación de un estilo de vida con elevados costos ambientales. Esta colonización cultural y tecnológica ha estimulado la adopción de esos mismos modelos de vida en el Sur, con los consecuentes costos ambientales. Modelos que, infortunadamente, sin beneficio de inventario, han sido asumidos y aceptados por los habitantes del Sur.

Es cierto, por ejemplo, que las ciudades más altamente contaminadoras del planeta (México y Sao Pablo), están en América Latina; también es verdad que tenemos las tasas de deforestación más aceleradas (eso, claro está, porque el Norte ya no tiene mucho qué deforestar); peor aún, no tenemos sistemas de control de contaminación (ni en la industria ni en el parque automotor); más aún, aportamos la inmensa mayoría de la población de la tierra. Y sin embargo, la mayor parte de los desechos tóxicos del planeta se producen en el Norte, la mayor parte del consumo energético se sucede en el Norte, la mayor cantidad de la contaminación del planeta se provoca en el Norte.

Es conceptualmente equívoco señalar como responsable de la Deuda Ecológica a una abstracción, una unidad geo-política, particularmente si su responsabilidad debe traducirse en la compensación que deberá asumir cada habitante del Norte frente al habitante del Sur. Más que una compensación, difícil de mensurar o precisar, el habitante del Norte, el ciudadano común del Norte, está compelido a asumir esta responsabilidad para traducirla en una conducta ambiental de contracción en el Norte.

Respecto a los acreedores, es evidente que el principal acreedor es la propia naturaleza. Y a la naturaleza se le adeuda especialmente el restablecimiento o recuperación de aquellos sistemas naturales que han sido destruidos o conducidos a la regresión. Hay una deuda gigantesca con la naturaleza por la extinción de especies, cuya sola lectura hace de la Deuda Ecológica una obligación monumental.

Para los seres humanos es imposible restituir a la biosfera las especies extinguidas. La erosión genética, de especies y ecosistemas es un daño irreparable. El pago de la Deuda Ecológica con la naturaleza, en lo que a la erosión de la diversidad faunística y florística se refiere, sólo podría traducirse en políticas efectivas para mitigar el ritmo y escala de aniquilamiento de las restantes especies vivientes. Las políticas de preservación de la biodiversidad no son instrumentos separados del conjunto de las prácticas sociales y económicas, y de las propias políticas ambientales, global, regional o localmente. La biodiversidad no es preservable sólo a través de la demarcación de islas de la biosfera, en términos de parques, reservas, santuarios o zonas de manejo especial, cuyo establecimiento es necesario pero no suficiente. La diversidad restante de la biosfera no será conservable entre tanto no se detengan las prácticas expoliativas y depredatorias, asociadas a la deforestación y a la contaminación, en una palabra, a todos y cada uno de los síntomas del malestar ambiental del mundo. Estas expresiones del malestar ambiental corresponden a ejecutorias de estilos de vida y de formas de intervención humana en la naturaleza. Por ello, entre tanto no se produzca un viraje de estos estilos de vida, será sólo retórica el propósito declarado de preservar la biodiversidad.

La asunción de la deuda con la naturaleza es no sólo una cuestión de ética, eventualmente expuesta a argumentaciones bizantinas. Es una cuestión de supervivencia. Si la Deuda Ecológica no se paga ni se asume en los términos de la gigantesca empresa que todos los habitantes del planeta deberán emprender para mitigar la destrucción ambiental y restituir a la biosfera, en cuanto sea posible, la armonía de sus procesos y sistemas ecológicos esenciales, la vida en el planeta estará en vilo. El pago de la deuda a la naturaleza es cuestión de supervivencia.

Hay también una Deuda Ecológica con parcelas de la humanidad que, lejos de beneficiarse con los procesos económicos y de intervención en la naturaleza que han conducido al malestar ambiental, por el contrario, fueron víctimas directas o indirectas de los mismos, a título de excluidos de esos beneficios o sojuzgados de esos procesos. Estas parcelas de la humanidad son acreedores de la Deuda Ecológica.

Un ejemplo que ilustra con mayor claridad la existencia de la Deuda Ecológica a favor de algunos pueblos es el beneficio que han obtenido algunas corporaciones, especialmente aquellas que están comprometidas con los desarrollos biotecnológicos de la oferta genética. Vandana Shiva (1990) ha referido el caso de un tomate silvestre identificado en la selva de Iquitos, en el Perú, y cuya manipulación genética permitió mejorar los sólidos solubles de los tomates cultivados en Estados Unidos, con las consecuentes utilidades para la industria tomatera estadounidense. Casos como éste son elocuentes del pillaje de la oferta ambiental del Sur, cometido por los deudores ecológicos del Norte.

Si los acreedores de la deuda son aquellas parcelas de la humanidad que lejos de recibir beneficios directos de los procesos de expoliación de la oferta ambiental, por el contrario han padecido exclusión y sojuzgamiento, es claro que a estas parcelas de la humanidad debe pagarse la deuda y compensarse por los daños. Estas parcelas representan casi el 80% de la humanidad. Son continentes de exclusión y sojuzgamiento, frente a islas del privilegio. ¿Cómo habría que pagarles? La dialéctica del pago remite a los argumentos de equidad en la lógica ambiental. Debe compensarse a los excluidos no sólo en razón de justicia social sino por motivos de sostenibilidad ambiental.

Tratar de evadir la dialéctica de la equidad o de la justicia social, por cuanto estas ideologías son inactuales, sería filosófica y políticamente espurio. Estamos abocados a rescatar lo rescatable de estas ideologías, porque la supervivencia de la especie humana sólo es posible mediante un proyecto social y político que elimine para siempre las formas de exclusión y sojuzgamiento. Aunque el concepto del pago de la Deuda Ecológica pierda su especificidad como discurso ecológico, la compensación por los daños ambientales a los excluidos de la tierra, el pago de la Deuda Ecológica a sus acreedores legítimos, por cuenta de la erosión genética y otros daños ambientales, sólo es posible mediante la inversión de un sistema social y político intolerable, para eliminar radicalmente la exclusión y el sojuzgamiento. Si la fórmula se hace frágil por su vecindad con un ideario de justicia y equidad, su fragilidad será idéntica a la de un planeta amenazado de muerte.

Algunos de los autores que respondieron a la consulta imputan al Norte su responsabilidad y su condición de acreedores, sin desconocer por ello la responsabilidad del Sur. Edward Goldsmith, por ejemplo, señala que la responsabilidad del Norte como causante de una gran destrucción ecológica en el Sur, es incuestionable. Puntualiza, sin embargo, que la élite del Sur ha cooperado ampliamente y de corazón en esta empresa destructiva. Es claro que son los pobres quienes pagan el costo de esta destrucción los pobres del Tercer Mundo pero también y no lo podemos olvidar, los pobres del Norte.

Para Wier Wierseman, en la lógica del concepto, los deudores podrían ser las gentes que viven en las "islas del privilegio", ellos prestaron de los pueblos del Sur, de la naturaleza y de las futuras generaciones. Por eso deben pagar la deuda en que han incurrido.

Según Kristin Dawkin, los deudores ecológicos son principalmente los intereses comerciales que han extraído los recursos y dañado el ambiente, y, en segundo lugar, esas instituciones multilaterales que han contribuido a la deuda ecológica a través de algunas de sus políticas con las cuales han subsidiado los intereses comerciales. De la misma manera, la mayoría de los acreedores de la deuda del Tercer Mundo son bancos comerciales privados. Al negociar ambos tipos de deuda, los gobiernos deberían, en representación de los intereses públicos, exigir que los deudores corporativos paguen su deuda Incluyendo el valor de los subsidios proveídos por las instituciones multilaterales, de manera tal que estos fondos puedan ser reinvertidos en interés público.

Susan George invita a examinar la Deuda tanto como sea posible en los términos de puntos de poder y puntos débiles en las estructuras de toma de decisiones del Norte, así como entre las élites del Sur. "Honestamente", dice, "los encuentro igualmente responsables por vender a sus pueblos y a sus territorios".

Finalmente, Robleto (1992:9) define como Acreedor Ecológico a una unidad socio-ambiental (sea tribu, etnia, comunidad, país o región), afectada por el agotamiento de recursos, contaminación de los mismos y por los efectos síquicos y somáticos derivados, es decir, por una o varias formas de Deuda Ecológica . Para aproximarse al concepto de Deudor Ecológico, señala la misma autora, aparece la necesidad de distinguir grados de deudor o responsabilidad. También el carácter de los responsables o deudores varía.

Desde gobiernos centrales de potencias industriales a corporaciones transnacionales, Agencias Internacionales, gobiernos nacionales y regionales, hasta comunidades. Ciertamente que la determinante histórica de esta deuda y su acumulación, definida por el industrialismo y sus gestores, les otorga a éstos una responsabilidad capital como deudores. Existe una asimetría entre los países industrializados y los del Tercer Mundo.
 
 

VI. Medir o no medir la Deuda Ecológica

El socialismo burocrático colapsó porque no permitió que los precios contaran la verdad económica. La economía de mercado puede aruinar el ambiente y finalmente, a sí misma, si sus procesos no permiten decir la verdad ecológica.

ERNST U. VON WEIZSACKER

Un principio básico de las relaciones sociales e interpersonales, desde tiempos inmemoriales, prescribe que quien ocasiona un daño debe repararlo. La lógica consecuencia de causar un daño es repararlo, salir a su saneamiento. Reconocer que el daño debe repararse es el sentido de la Deuda Ecológica. Por qué? Porque entre otras razones no podemos seguir derrochando la oferta del capital ambiental, dilapidando, por ejemplo, ingentes presupuestos en armas. La Deuda Ecológica sólo puede remediarse mediante políticas generales de gestión ambiental. Porque el reconocimiento del daño y de su consecuente reparación debe derivar en políticas.

La otra vía sería abandonar completamente el concepto de deuda, y en su lugar describir un proceso de actores y agentes dramáticos, con o sin mala conciencia, todos inscritos en un flujo, legítimo o no, de deterioro ecológico. No habría responsabilidad alguna y se abandonaría cualquier ejercicio que tuviese parentesco con los escenarios judiciales, con la puesta en escena de un juicio para definir la responsabilidad de los actores.

Abandonaríamos la idea de deuda y recurriríamos a ese lugar común de responsabilidad compartida que tanto le gusta a la mentalidad corporativa y burocrática de nuestro tiempo. Porque se corre el riesgo de que, haciéndonos a todos agentes dramáticos o actores de un proceso (el proceso tecnológico y de los paradigmas del desarrollo), se concluya afirmando que todos actuaron sin mala conciencia. Si no identificamos responsables y sólamente describimos un proceso, tendríamos que condenar a la muerte el concepto de Deuda Ecológica. Pero si asumimos la dialéctica de la Deuda, porque asignamos al concepto una función política, estamos forzados a medir los daños.

Filosófica, ética, conceptual y políticamente existe acuerdo sobre la existencia de la Deuda Ecológica. Sin embargo, las dificultades de su operatividad generan dudas sobre el concepto mismo. Se señala por ejemplo, que las dificultades para una evaluación total pueden inducir cálculos imprecisos al omitir o no considerar los costos reales del deterioro.

En relación con la pregunta, medir o no medir, es útil la afirmación de Langer (199?): "Cuando decimos que el Sur es nuestro acreedor, no lo decimos sólo en términos morales, firmando así una modesta letra de cambio pagadera con algunos ajustes culturales y verbales, sino también en términos económicos, monetarios y financieros. También va en favor de la población del Norte que se pague nuestra deuda, para no empujar al Sur hacia la vía de la máxima expansión rapaz de sus recursos y al Norte en la vía de un mayor rearme económico, tecnológico y financiero".

Kristian Dawkins (r.c.) se declara en contra de la monetarización y de la cuantificación de la Deuda Ecológica: "Yo pienso que el concepto de Deuda Ecológica incrementa el poder de negociación del Sur en las negociaciones internacionales. Yo pienso que los recursos ambientales existentes proveen al Sur con una capacidad política, mientras que la Deuda Ecológica incrementa esta capacidad de negociación. El aspecto moral del argumento puede incrementar el apoyo público a la posición del Sur, como un factor significativo en las negociaciones internacionales. De otra parte, los intentos de cuantificar específicamente o monetarizar la Deuda Ecológica pueden ser usados para apoyar los argumentos de los economistas sobre una medición completa de los costos, minando así las estrategias comunitarias para el control local de los recursos".

La Deuda Ecológica puede expresarse en unidades físicas o en unidades monetarias. En relación con las unidades monetarias, el costo de las medidas de prevención o recuperación del sistema natural alterado equivaldría al valor de la Deuda Ecológica. Cuando la sostenibilidad de la oferta ambiental se altera o supera, se incurre en Deuda Ecológica. Y la medida económica de esa Deuda es el costo de la recuperación.

Monetarizar o cuantificar la Deuda Ecológica es posible sólo caso por caso. Monetarizarla es tasar el valor monetario de los daños. En dos disciplinas tradicionales se han desarrollado y usado mecanismos para tasar monetariamente los daños, a saber: la tradición judiciaria y la tradición económica. En la primera es común tasar perjuicios materiales y morales. En los procesos penales, en caso de homicidio, el juez hace una odiosa cuantificación sobre cuál era el término de vida que tenía la víctima, su salario, su nivel económico, su capacidad productiva, indicadores con los cuales fija la suma que el victimario está obligado a pagar.

Cuantificar significa, primero, identificar un daño, describirlo y evaluarlo. Al medir el daño, lo cuantificamos utilizando como factores de medida, por ejemplo, los cambios que produce cualquier intervención en un sistema ecológico en condiciones prístinas pre-existentes (hectáreas taladas de bosque húmedo tropical, o desarraigo de familias o comunidades originarias desplazadas para la construcción de una represa, por ejemplo).

Con la monetarización se evalúa económicamente el daño, es decir, se define el valor o costo del daño en unidades monetarias. Se trata de adjudicarle un valor económico al daño. Para conferir a la Deuda Ecológica una dimensión real, es necesario cuantificar económicamente el daño.

Resulta importante el concepto de cálculo del costo total que expone Kristin Dawkin. Comparte la misma preocupación de Bosch, Hueting y Boer (1990), quienes expresan dudas sobre la validez de sus propias metodologías desarrolladas para calcular los costos del deterioro ambiental, dado que consideran como invaluables algunos procesos los procesos irreversibles en sistemas naturales irrecuperables, por ejemplo. La evaluación, en todo caso, no podrá ser matemáticamente exacta, porque la ponderación de invaluables estará siempre expuesta a eventuales apreciaciones arbitrarias.
 
 

Metodologías

Cuando inicialmente ensayamos una metodología para medir la Deuda Ecológica, propusimos que nacional o localmente se desarrollaran matrices y modelos para hacer evaluaciones locales o domésticas de una Deuda Ecológica en casos particulares. Las metodologías para medir la Deuda Ecológica presentan las mismas dificultades inherentes a la incipiente economía ambiental para evaluar económicamente los servicios ambientales. Algunos críticos señalan que los servicios ambientales son intangibles o casi imposibles de evaluar. David Pearce (1991:5), sin embargo, señala que la ausencia de mercados para los servicios ambientales estimuló los problemas prácticos de mensuramiento, pero que no existen obstáculos conceptuales al proyecto de medir económicamente los servicios ambientales. La afirmación de que el ambiente es invaluable puede significar que es altamente valioso. Efectivamente, las funciones ambientales son muy valiosas por cuanto constituyen la infraestructura biofísica de la sociedad y son insustituibles. Sí es posible evaluar económicamente las funciones del ambiente, por su rol en la satisfacción de las necesidades humanas.

Los sistemas naturales proveen grandes beneficios económicos por sí mismos y mejoran la calidad de vida, aunque estos beneficios no se contabilicen en los sistemas económicos tradicionales. Basta con pensar en los beneficios económicos que se derivan de un clima favorable, frente a las desventajas que crean climas adversos y malsanos, para tener una idea clara de su valor económico. Los cambios en sistemas naturales tienen adversas consecuencias económicas. Hay pérdidas económicas directas cuando las existencias de minerales, de productos forestales y otros elementos de la oferta ambiental son diezmados o agotados. Condiciones ambientales favorables prestan importantes servicios económicos. Basta también con evaluar los costos económicos asociados a desastres naturales inducidos por acción antrópica, como la sedimentación, las inundaciones y en algunos casos, las sequías asociadas a los procesos del calentamiento global.

Otra de las dificultades para evaluar los daños ambientales se deriva de la inexistencia de una tradición en la teoría económica para incorporar el medio ambiente en los sistemas de cuentas nacionales. Estos sistemas tradicionales presentan las siguientes carencias (Lutz, 1991:19-20):

1 Ni los elementos de la oferta ambiental ni los servicios ambientales asociados a los procesos ecológicos esenciales y a los sistemas naturales se incluyen en los balances de las cuentas nacionales. En ese sentido, las cuentas nacionales tradicionales ofrecen limitaciones en torno a la información sobre el bienestar de una nación, al medir en forma imprecisa, e incluso incorrecta, los cambios producidos en el medio ambiente y la oferta ambiental.

2. La cuentas nacionales de tipo corriente tampoco reflejan la depreciación de la oferta ambiental, es decir, del capital natural.

3. Finalmente, no incluyen los daños directos, las lesiones ocasionadas al ambiente.

En ese sentido, los cálculos que resultan de los sistemas tradicionales de cuentas nacionales son inexactos por dos razones. Primero, porque no tienen en cuenta los impactos de productos indeseables asociados a la contaminación. Y, como contrapartida, no se asigna valor económico a las ventajas o beneficios derivados de los servicios ambientales y de la existencia de una oferta ambiental sana.

En algunos países se ha ensayado la elaboración de cuentas satélites para el medio ambiente, desplazando, en la práctica, la contabilidad de la oferta ambiental y de los servicios ambientales a una zona apartada de cuentas secundarias o sub-cuentas, con respecto del núcleo no modificado de la contabilidad nacional. En este sentido Leipert (?:6) manifiesta que, si bien hasta la fecha no se ha logrado una transformación de los sistemas tradicionales de contabilidad ambiental, el peligro a que se encuentran expuestos los fundamentos físicos de vida y de producción a largo plazo, sería, en muchos países, un problema tan importante, que resulta indispensable una adaptación ecológica de las estructuras económicas tradicionales, como condición previa para un cambio de rumbo necesario de la política económica, modificando el rumbo de la política de crecimiento que no considera los servicios de la oferta ambiental.

Una tercera dificultad está asociada a las limitaciones mismas de las herramientas analíticas, es decir, de los paradigmas de la teoría económica. Leipert (?:3) manifiesta que si se integrara la información sobre el ambiente en la contabilidad económica, seguramente se elaboraría de acuerdo con las prioridades de los científicos formados en el paradigma económico neoclásico. Habrá mayor interés por fenómenos que pueden ser valorizados en magnitudes monetarias con tasaciones individualistas y subjetivistas.

Frente a las limitaciones de las herramientas de análisis propias de la teoría económica tradicional, Daly (1977) propone la creación de una nueva concepción para la rendición de cuentas que haga visible la necesidad de una administración ahorrativa del medio natural y de los recursos de la naturaleza absolutamente escasos. La idea central, en el criterio de Daly, es la sustitución de las magnitudes de flujos del PNB por la magnitud "capital" (incluido capital "natural" como magnitud de referencia, determinante en una contabilidad económica) (Leipert, ?:4).

Una cuarta dificultad proviene de las categorías que maneja y utiliza la economía tradicional en la formulación del producto natural bruto. La teoría económica imperante sitúa un esquema de flujos en el centro de su teoría del PNB, ya que no advierte problemas fundamentales de escasez de la oferta ambiental. Solamente reconoce una situación de relativa escasez de recursos naturales y no una escasez general y absoluta de la energía y materias primas útiles para fines humanos. Las innovaciones técnicas y la ley de la sustitución aseguran, en la perspectiva neoclásica, el siempre renovado suministro de fuentes energéticas y minerales necesarias a la sociedad (Leipert, ?:5).

Frente a estos obstáculos y para un futuro desarrollo de metodologías e instrumentos para evaluar la Deuda Ecológica, sería importante tener en cuenta los siguientes criterios básicos:

1. La explotación de la oferta ambiental y el uso de los servicios ambientales debe tratarse como un consumo de capital y las correspondientes amortizaciones, como factores de costo.

2. La explotación y el uso de recursos no renovables debe significar siempre unadisminución de capital (aún en el evento de que se realicen algunas actividades de reciclado), y con ello debe representar una reducción de las existencias totales que están a disposición para fines futuros.

3. Dado que la oferta ambiental y los servicios ambientales constituyen un capital, las medidas y actividades de protección, defensa y reparación de todos los sectores de la actividad económica son reinversiones, destinadas a rehabilitar o bien a evitar la disminución del capital natural, proceso que de otro modo sería más veloz (Leipert, ?:10-13).

Según Leipert (?:13-14), los daños y perjuicios desencadenados por cargas impuestas al medio ambiente (gasto de capital natural) son mayores que las que pueden regular o reparar las actividades preventivas o restauradoras, en términos del sistema económico imperante. Los daños al medio mensurables económicamente solamente representan un límite mínimo de la dimensión total de pérdidas de bienestar, recursos y ambiente, ocasionadas por la carga impuesta al ambiente por el proceso económico.

Este autor dice estar interesado en detectar los costos adicionales ocultos del proceso de producción y consumo de la sociedad industrializada, equívocamente incorporados como partes positivas del valor en la contabilidad nacional y particularmente en el PNB.

En este sentido, el mismo Leipert considera errónea la interpretación de crecimiento del PNB como tasa de incremento de bienestar económico de los ciudadanos, en vista de los problemas que son secuela del crecimiento ilimitado. Dos son los procesos que han posibilitado en mayor medida las tasas comparativamente muy altas de crecimiento del PNB en este período: 1. el aprovechamiento altamente intensivo de la Naturaleza después de la Segunda Guerra Mundial, como factor gratuito de producción, mediante la adjudicación a terceros no indemnizables o a la sociedad de un amplio espectro de costos ambientales de producción; y 2. la concentración espacial de la producción, de los lugares de trabajo, de las administraciones estatales y de las viviendas en pocos y grandes espacios de gran densidad poblacional.

En cuanto a los costos ambientales, directamente relacionados con los procesos productivos y de generación del valor agregado, según Lutz (1991:21) se deben incluir los siguientes:

1. Costos por el agotamiento de minerales y otros elementos de la oferta ambiental no renovable.

2. El costo del deterioro de la tierra, el agua, el aire, como resultado de las actividades productivas.

Estos costos deberían ser parte del acápite sobre depreciación de capital, ubicado en el rubro de capital creado por el trabajo humano que llevan los sistemas de contabilidad tradicional. Y deben deducirse del PIB para obtener el producto bruto ajustado en función del medio ambiente.

En referencia al costo social y económico de la sostenibilidad la Oficina Central de Estadísticas de Holanda (199?) propone criterios para determinar las cargas ambientales, no solamente en términos directos de los costos sobre los recursos. Según su criterio la carga ambiental debe determinarse por el número de personas, la suma de actividades por persona y la naturaleza de esas actividades. Estos criterios se utilizan para determinar el costo de la sostenibilidad económica. El costo de eliminar la carga sobre el ambiente expresa el valor de las funciones ambientales.

Cuatro categorías deben considerarse:

1. Los costos de las innovaciones tecnológicas y de su introducción.

2. Los costos para desarrollar alternativas para el uso sostenible de recursos naturales no renovables.

3. El costo directo del cambio de una actividad con carga ambiental ambientalmente gravosa a una actividad ambientalmente compatible.

4. El descenso en el número de actividades resultante de una disminución en la población.

La Oficina Central de Estadísticas de Holanda sugiere que las últimas dos medidas deben considerarse si las precedentes no son suficientes para alcanzar el punto de sostenibilidad.