El
enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino
principalmente de justicia restaurativa – es decir restituyendo la
integridad a las personas y a los miembros que forman una comunidad
de vida en la Tierra.
Deploramos
el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto el
único instrumento legalmente vinculante específico para la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los
países desarrollados.
Advertimos
al mundo que no obstante estar obligados legalmente las emisiones de
los países desarrollados en lugar de reducir, crecieron en un 11,2%
entre 1990 y 2007.
Estados
Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en
16,8% durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre
20 y 23 toneladas anuales de CO2 por habitante, lo que representa más
de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del
Tercer Mundo, y más de 20 veces las emisiones de un habitante de
África Subsahariana.
Rechazamos
de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”,
que permite a estos países desarrollados ofertar reducciones
insuficientes de gases de efecto invernadero, basadas en compromisos
voluntarios e individuales, que violan la integridad ambiental de la
Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor de 4ºC.
La
próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de
año en México debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para
el segundo período de compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el
cual los países desarrollados deben comprometer reducciones
domésticas significativas de al menos el 50% respecto al año base
de 1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de
desviación que enmascaran el incumplimiento de las reducciones
reales de emisiones de gases de efecto invernadero.
Requerimos
establecer primero una meta para el conjunto de los países
desarrollados para luego realizar la asignación individual para cada
país desarrollado en el marco de una comparación de esfuerzos
entre cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del Protocolo de
Kioto para las reducciones de las emisiones.
Los
Estados Unidos de América, en su carácter de único país de la
Tierra del Anexo 1 que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una
responsabilidad significativa ante todos los pueblos del mundo por
cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y comprometerse a
respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de
emisiones a escala de toda su economía.
Los
pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos
del cambio climático y rechazamos la noción de adaptación al
cambio climático entendida como la resignación a los impactos
provocados por las emisiones históricas de los países
desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo
ante esta emergencia planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los
impactos del cambio climático, considerando la adaptación como un
proceso y no como una imposición, y además como herramienta que
sirva para contrarrestarlos, demostrando que es posible vivir en
armonía bajo un modelo de vida distinto.
Es
necesario construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo
para enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo
financiero manejado y conducido de manera soberana, transparente y
equitativa por nuestros Estados. Bajo este Fondo se debe
valorar: los impactos y sus costos en países en desarrollo y las
necesidades que estos impactos deriven, y registrar y monitorear el
apoyo por parte de países desarrollados. Éste debe manejar además
un mecanismo para el resarcimiento por daños por impactos ocurridos
y futuros, por pérdida de oportunidades y la reposición por eventos
climáticos extremos y graduales, y costos adicionales que podrían
presentarse si nuestro planeta sobrepasa los umbrales ecológicos
así como aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir
Bien.
El
“Entendimiento de Copenhague” impuesto sobre los países en
desarrollo por algunos Estados, más allá de ofertar recursos
insuficientes, pretende en si mismo dividir y enfrentar a los pueblos
y pretende extorsionar a los países en desarrollo condicionando el
acceso a recursos de adaptación a cambio de medidas de mitigación.
Adicionalmente se establece como inaceptable que en los procesos de
negociación internacional se intente categorizar a los países en
desarrollo por su vulnerabilidad al cambio climático, generando
disputas, desigualdades y segregaciones entre ellos.
El
inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el
calentamiento global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando
adelante una profunda transformación en la agricultura hacia un
modelo sustentable de producción agrícola campesino e
indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales
ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio
climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el
derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras,
agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una
producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente
apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados
y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando
la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de
cada nación y pueblo.
El
Cambio Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la
agricultura y los modos de vida de los pueblos indígenas/originarios
y campesinos del mundo y estos impactos se irán agravando en el
futuro.
El
agro negocio a través de su modelo social, económico y cultural de
producción capitalista globalizada y su lógica de producción de
alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la
alimentación, es una de las causas principales del cambio climático.
Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más
que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el
planeta. Por esta razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y
Acuerdos de Asociación y toda forma de aplicación de los Derechos
de Propiedad Intelectual sobre la vida, los paquetes tecnológicos
actuales (agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen
como falsas soluciones (agrocombustibles, geoingeniería,
nanotecnología, tecnología Terminator y similares) que únicamente
agudizarán la crisis actual.
Al
mismo tiempo denunciamos como este modelo capitalista impone
megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos
extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los
territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus
territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la
crisis socioambiental.
Exigimos
reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre
Tierra a acceder y gozar del agua y apoyamos la propuesta del
Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano
Fundamental.
La
definición de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye
plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por lo
tanto, exigimos una definición para fines de negociación que
reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad de los
ecosistemas de la tierra.
La
Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
debe ser plenamente reconocida, implementada e integrada en las
negociaciones de cambio climático. La mejor estrategia y acción
para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques
nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos
de las tierras y territorios considerando especialmente que la
mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos
y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales.
Condenamos
los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de
emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus
versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y
su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a
la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y
costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.
Los
países contaminadores están obligados a transferir de manera
directa los recursos económicos y tecnológicos para pagar la
restauración y mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de
los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas,
originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y
adicional a las fuentes de financiamiento comprometidas por los
países desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo
como las compensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países
a detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en
mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y
condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de
restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado
por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de
flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las concesiones
forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y
que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las
selvas.
Exigimos
a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva
aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y
los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en
el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los
desafíos planteados por el cambio climático. En especial,
demandamos a los Estados a que reconozcan jurídicamente la
preexistencia del derecho sobre nuestros territorios, tierras y
recursos naturales para posibilitar y fortalecer nuestras formas
tradicionales de vida y contribuir efectivamente a la solución del
cambio climático.
Demandamos
la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la
participación y el consentimiento previo, libre e informado de los
Pueblos Indígenas en todos los procesos de negociación así como en
el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio
climático.
En
la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático
alcanzarán niveles críticos, siendo una de las principales
consecuencias la migración interna así como internacional. Según
algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 millones de
migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las
proyecciones para el año 2050 son de 200 a 1000 millones de personas
que serán desplazadas por situaciones derivadas del cambio
climático.
Los
países desarrollados deben asumir la responsabilidad sobre los
migrantes climáticos, acogiéndolos en sus territorios y
reconociendo sus derechos fundamentales, a través de la firma de
convenios internacionales que contemplen la definición de migrante
climático para que todos los Estados acaten sus determinaciones.
Constituir
un Tribunal Internacional de Conciencia para denunciar, hacer
visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los
derechos de los(s) migrantes, refugiados(as) y desplazados en los
países de origen, tránsito y destino, identificando claramente las
responsabilidades de los Estados, compañías y otros actores.
El
financiamiento actual destinado a los países en desarrollo para
cambio climático y la propuesta del Entendimiento de Copenhague son
ínfimos. Los países desarrollados deben comprometer un
financiamiento anual nuevo, adicional a la Ayuda Oficial al
Desarrollo y de fuente pública, de al menos 6% de su PIB para
enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo. Esto es
viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa
nacional y destinaron 5 veces más para rescatar bancos y
especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades
mundiales y su voluntad política. Este financiamiento debe ser
directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni
la autodeterminación de las comunidades y grupos más afectados.
En
vista de la ineficiencia del mecanismo actual, en la Conferencia de
México se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que
funcione bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático
rindiendo cuentas a la misma, con una representación significativa
de los países en desarrollo para garantizar el cumplimiento de los
compromisos de financiamiento de los países Anexo 1.
Se
ha constatado que los países desarrollados incrementaron sus
emisiones en el periodo 1990 – 2007, no obstante haber manifestado
que la reducción se vería sustancialmente coadyuvada con mecanismos
de mercado.
El
mercado de carbono se ha transformado en un negocio lucrativo,
mercantilizando nuestra Madre Tierra, esto no representa una
alternativa para afrontar el cambio climático, puesto que saquea,
devasta la tierra, el agua e incluso la vida misma.
La
reciente crisis financiera ha demostrado que el mercado es incapaz de
regular el sistema financiero, que es frágil e inseguro ante la
especulación y la aparición de agentes intermediarios, por lo
tanto, sería una total irresponsabilidad dejar en sus manos el
cuidado y protección de la propia existencia humana y de nuestra
Madre Tierra.
Consideramos
inadmisible que las negociaciones en curso pretendan la creación de
nuevos mecanismos que amplíen y promuevan el mercado de carbono toda
vez que los mecanismos existentes nunca resolvieron el problema del
Cambio Climático ni se transformaron en acciones reales y directas
en la reducción de gases de efecto invernadero.
Es
imprescindible exigir el cumplimento de los compromisos asumidos por
los países desarrollados en la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático respecto al desarrollo y transferencia de
tecnología, así como rechazar la “vitrina tecnológica”
propuesta por países desarrollados que solamente comercializan la
tecnología. Es fundamental establecer los lineamientos para crear un
mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control
participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio
de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias, y
socialmente adecuadas. De igual manera es fundamental el
establecimiento de un fondo de financiamiento e inventario de
tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad
intelectual, en particular, de patentes que deben pasar de monopolios
privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo
costo.
El
conocimiento es universal, y por ningún motivo puede ser objeto de
propiedad privada y de utilización privativa, como tampoco sus
aplicaciones en forma de tecnologías. Es deber de los países
desarrollados compartir su tecnología con países en desarrollo,
crear centros de investigación para la creación de tecnologías e
innovaciones propias, así como defender e impulsar su desarrollo y
aplicación para el vivir bien. El mundo debe recuperar, aprender,
reaprender los principios y enfoques del legado ancestral de sus
pueblos originarios para detener la destrucción del planeta, así
como los conocimientos y prácticas ancestrales y recuperación de la
espiritualidad en la reinserción del vivir bien juntamente con la
Madre Tierra.
Considerando
la falta de voluntad política de los países desarrollados para
cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
y el Protocolo de Kioto, y frente a la inexistencia de una instancia
legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos y
crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos
de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un
Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental que tenga
la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a
los Estados, las Empresas y personas que por acción u omisión
contaminen y provoquen el cambio climático.
Respaldar
a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de
Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus
compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático y el Protocolo de Kioto incluyendo sus compromisos
de reducción de gases de efecto invernadero.
Instamos
a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que todos sus
Estados miembros cumplan las decisiones del Tribunal Internacional de
Justicia Climática y Ambiental.
El
futuro de la humanidad está en peligro y no podemos aceptar que un
grupo de gobernantes de países desarrollados quieran definir por
todos los países como lo intentaron hacer infructuosamente en la
Conferencia de las Partes de Copenhague. Esta decisión nos compete a
todos los pueblos. Por eso es necesaria la realización de un
Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular, sobre el cambio
Climático en el cuál todos seamos consultados sobre: el nivel de
reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y
las empresas transnacionales; el financiamiento que deben proveer los
países desarrollados; la creación de un Tribunal Internacional de
Justicia Climática; la necesidad de una Declaración Universal de
Derechos de la Madre Tierra y; la necesidad de cambiar el actual
sistema capitalista.
El
proceso del Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular será
fruto de un proceso de preparación que asegure el desarrollo exitoso
del mismo.
Con
el fin de coordinar nuestro accionar internacional e
implementar los resultados del presente “Acuerdo de los Pueblos”
llamamos a construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la
Madre Tierra que se basará en los principios de complementariedad y
respeto a la diversidad de origen y visiones de sus integrantes,
constituyéndose en un espacio amplio y democrático de coordinación
y articulación de acciones a nivel mundial.
Con
tal propósito, adoptamos el plan de acción mundial adjunto para que
en México los países desarrollados del Anexo 1 respeten el marco
legal vigente y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero
en un 50 % y se asuman las diferentes propuestas contenidas en este
Acuerdo.
Finalmente,
acordamos realizar la 2ª Conferencia Mundial de los Pueblos
sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el
2011 como parte de este proceso de construcción del Movimiento
Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra y para reaccionar frente a
los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se
realizará a fines de año en Cancún, México.
