CASO PRESNETADO POR JORGE TADEO VARGAS DE REDLAR Y LA ALIANZA DE LOS PUEBLOS ACREEDORES DE LA DEUDA ECOLOGICA

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS
Audiencia sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe Lima
Lima, Perú, 13-16 de Mayo del 2008

Resumen del caso (parque_eolico 104.68 Kb):

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A pesar del discurso oficial de que la industria energética no se privatizará, en las últimas décadas, Instituciones Financieras Internacionales han manifestado y promovido inversiones para apoyar programas de infraestructura energética y de reestructuración del sector energético. De esta manera han ido condicionando al gobierno mexicano a abrirse a la iniciativa privada en este sector.

De acuerdo a la Secretaria de Energía (SENER) el acceso al servicio público de electricidad ha ido en aumento. Estudios realizados por la misma SENER arrojan datos de que el 94.7% de la población mexicana tiene conexión a la red eléctrica, sin embargo reconoce que mas de cinco millones de mexicanos no cuentan con el acceso y/o el servicio, la cual podría incrementarse a 12 millones por el aumento poblacional.

El Programa Sectorial de Energía propuesto por la administración federal pasada reconocía el desabasto de energía y como este afectaba a las comunidades en otros servicios como el acceso al agua potable, mermando la calidad de vida de los habitantes. El PSE ha servido como el argumento principal para que tanto la administración foxista como la actual administración señalan que la infraestructura con la que cuenta el gobierno es insuficiente para cubrir con las demandas actuales y las futuras necesidades de la población y por lo tanto el Estado debe de buscar nuevas alternativas y esquemas de financiamiento, ya no solo publico sino privados. Desde este discurso de la falta de infraestructura y de recursos, el Estado ha venido modificando la constitución (el artículo 27 específicamente) así como otras leyes que no permitían la inversión privada y así ceder a la presión de las IFIs, del banco Mundial y de las negociaciones de la OMC en torno de la privatización de los recursos públicos.

No solo el argumento de la incapacidad del Estado para garantizar la energía a la población ha sido el utilizado para permitir que la iniciativa privada invierta en el sector energético, también manejan el discurso de que la inversión privada significa mayores oportunidades de empleo e incremento en las remuneraciones de los trabajadores electricistas mexicanos.

La industria eléctrica comenzó su desarrollo a principios del nuevo siglo con la participación de capitales privados, principalmente de inversionistas extranjeros. Se estima que del 100% de la energía producida y utiliza en México, el 30% de esta, viene de la Iniciativa Privada. Principalmente de energía hidroeléctrica, pero existen nuevos campos de inversión hacia donde la iniciativa privada esta volteando su mirada. Uno de estos campos es la energía Eólica, la cual es un foco rojo, por la presencia de transnacionales que de manera silenciosa llevan un proceso de privatización y que en el caso de la energía eólica, parece ser donde mejor resultado están teniendo; un ejemplo de esto es el Parque Eólico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.