CASO PRESNETADO POR JORGE TADEO VARGAS DE REDLAR Y LA ALIANZA DE LOS PUEBLOS ACREEDORES DE LA DEUDA ECOLOGICA

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS
Audiencia sobre Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe Lima
Lima, Perú, 13-16 de Mayo del 2008

Resumen del caso (parque_eolico 104.68 Kb):

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A pesar del discurso oficial de que la industria energética no se privatizará, en las últimas décadas, Instituciones Financieras Internacionales han manifestado y promovido inversiones para apoyar programas de infraestructura energética y de reestructuración del sector energético. De esta manera han ido condicionando al gobierno mexicano a abrirse a la iniciativa privada en este sector.

De acuerdo a la Secretaria de Energía (SENER) el acceso al servicio público de electricidad ha ido en aumento. Estudios realizados por la misma SENER arrojan datos de que el 94.7% de la población mexicana tiene conexión a la red eléctrica, sin embargo reconoce que mas de cinco millones de mexicanos no cuentan con el acceso y/o el servicio, la cual podría incrementarse a 12 millones por el aumento poblacional.

El Programa Sectorial de Energía propuesto por la administración federal pasada reconocía el desabasto de energía y como este afectaba a las comunidades en otros servicios como el acceso al agua potable, mermando la calidad de vida de los habitantes. El PSE ha servido como el argumento principal para que tanto la administración foxista como la actual administración señalan que la infraestructura con la que cuenta el gobierno es insuficiente para cubrir con las demandas actuales y las futuras necesidades de la población y por lo tanto el Estado debe de buscar nuevas alternativas y esquemas de financiamiento, ya no solo publico sino privados. Desde este discurso de la falta de infraestructura y de recursos, el Estado ha venido modificando la constitución (el artículo 27 específicamente) así como otras leyes que no permitían la inversión privada y así ceder a la presión de las IFIs, del banco Mundial y de las negociaciones de la OMC en torno de la privatización de los recursos públicos.

No solo el argumento de la incapacidad del Estado para garantizar la energía a la población ha sido el utilizado para permitir que la iniciativa privada invierta en el sector energético, también manejan el discurso de que la inversión privada significa mayores oportunidades de empleo e incremento en las remuneraciones de los trabajadores electricistas mexicanos.

La industria eléctrica comenzó su desarrollo a principios del nuevo siglo con la participación de capitales privados, principalmente de inversionistas extranjeros. Se estima que del 100% de la energía producida y utiliza en México, el 30% de esta, viene de la Iniciativa Privada. Principalmente de energía hidroeléctrica, pero existen nuevos campos de inversión hacia donde la iniciativa privada esta volteando su mirada. Uno de estos campos es la energía Eólica, la cual es un foco rojo, por la presencia de transnacionales que de manera silenciosa llevan un proceso de privatización y que en el caso de la energía eólica, parece ser donde mejor resultado están teniendo; un ejemplo de esto es el Parque Eólico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Los países ricos utilizan cada vez más el Tercer Mundo como vertedero tóxico, según la ONU

Los países industrializados están aumentando sus exportaciones de productos y residuos tóxicos a los países empobrecidos, en muchas ocasiones disfrazando el tráfico de esos materiales como proyectos de reciclaje y desarrollo, ha denunciado en Ginebra ante la Comisión de Derechos Humanos la relatora especial de la ONU en la materia, Fátima Zora Ouhachi-Vesely.

Según la experta, el problema más alarmante es el uso intensivo e incontrolado en los países empobrecidos de contaminantes orgánicos persistentes y productos químicos y agrícolas tóxicos, que “están prohibidos o estrictamente regulados en los países industrializados pero que se siguen produciendo y exportando a los países en desarrollo”.

El informe de la relatora apunta a que los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han aumentado las transferencias de operaciones industriales “sucias”, desde la instalación de industrias contaminantes hasta el desarrollo de actividades industriales y tecnológicas que generan desechos peligrosos. También alerta sobre la exportación a los países en desarrollo de buques contaminados para su desguace.

La relatora asegura que, a pesar de la existencia de leyes penales en muchos países contra el tráfico ilícito de residuos tóxicos, los autores de esos delitos escapan generalmente al castigo. “La cuestión de la impunidad necesita especial atención en particular porque esas violaciones son a menudo problemas transfronterizos en los que están implicadas empresas transnacionales”, añadió.

ECOLOGISTAS EN MARCHA 

Los movimientos sociales del Sur llevan años trabajando sobre el concepto de Deuda Ecológica como contrapartida al pago de la deuda externa, esa deuda que les tiene prisioneros, empobrecidos y que es injusta e inmoral, ya que está pagada con creces, y cuyas condiciones de pago son impuestas por los países del Norte.

La Deuda Ecológica busca revelar una perspectiva diferente, demostrando que los términos debieran plantearse justamente al revés, los deudores serían ahora acreedores y los acreedores pasarían a deudores, haciéndose justicia y reconociéndose que el enriquecimiento de los países del Norte, en gran parte, se debe al saqueo constante a lo largo de la Historia de los países del Sur, saqueo que ha permitido y permite mantener nuestro modelo de vida, que, por sí mismo, es insostenible.

En el Norte opulento del planeta, aún está poco extendido el concepto de Deuda Ecológica. Desde Ekologistak Martxan y Euskal Begia nos hemos propuesto trabajar en torno a esta idea y de los múltiples aspectos que abarca el concepto, contrastandolo con una visión crítica de nuestro modelo energético occidental y de las graves repercusiones que éste ocasiona tanto en el Norte como en las poblaciones y ecosistemas del Sur. Para ello, nos pusimos en contacto con Acción Ecológica, una organización ecuatoriana que estudia y denuncia las graves agresiones sufridas por la Amazonía ecuatoriana y sus pobladores desde la entrada de las transnacionales del petróleo en el año 1972. Hemos querido conocer in situ los perjuicios causados por estas empresas transnacionales (algunas españolas y vascas) y verificar la deuda que hemos adquirido con los ecuatorianos durante todos estos años de desastres ecológicos y daños sociales.

Como ejemplo queremos mencionar que, actualmente Repsol-YPF está operando en el Parque Nacional Yasuní, territorio amazónico donde habita la etnia Huaorani, y que el BBVA ha sido la entidad financiera con más capital invertido en la reciente construcción del oleoducto OCP, de 503 kilómetros de longitud, y que atraviesa parte de la selva amazónica, asi como varias reservas naturales de la cordillera andina y otros lugares de alta biodiversidad marítima en la costa del Pacífico.

En este cuadernillo os hablaremos en primer lugar del concepto de deuda ecológica, para luego contaros nuestra experiencia en Ecuador y acabar intentando ofrecer una visión crítica y alternativa de la actual política energética. Tú, también puedes aportar tu granito a esta importante lucha.

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