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CASO PRESNETADO POR JORGE TADEO VARGAS DE REDLAR Y LA ALIANZA DE LOS PUEBLOS ACREEDORES DE LA DEUDA ECOLOGICA
TRIBUNAL
PERMANENTE DE LOS PUEBLOS
Audiencia sobre Políticas
Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el
Caribe Lima
Lima,
Perú, 13-16 de Mayo del 2008
Resumen
del caso (parque_eolico 104.68 Kb):
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A
pesar del discurso oficial de que la industria energética no
se privatizará, en las últimas décadas,
Instituciones Financieras Internacionales han manifestado y promovido
inversiones para apoyar programas de infraestructura energética
y de reestructuración del sector energético. De esta
manera han ido condicionando al gobierno mexicano a abrirse a la
iniciativa privada en este sector.
De
acuerdo a la Secretaria de Energía (SENER) el acceso al
servicio público de electricidad ha ido en aumento. Estudios
realizados por la misma SENER arrojan datos de que el 94.7% de la
población mexicana tiene conexión a la red eléctrica,
sin embargo reconoce que mas de cinco millones de mexicanos no
cuentan con el acceso y/o el servicio, la cual podría
incrementarse a 12 millones por el aumento poblacional.
El
Programa Sectorial de Energía propuesto por la administración
federal pasada reconocía el desabasto de energía y como
este afectaba a las comunidades en otros servicios como el acceso al
agua potable, mermando la calidad de vida de los habitantes. El PSE
ha servido como el argumento principal para que tanto la
administración foxista como la actual administración
señalan que la infraestructura con la que cuenta el gobierno
es insuficiente para cubrir con las demandas actuales y las futuras
necesidades de la población y por lo tanto el Estado debe de
buscar nuevas alternativas y esquemas de financiamiento, ya no solo
publico sino privados. Desde este discurso de la falta de
infraestructura y de recursos, el Estado ha venido modificando la
constitución (el artículo 27 específicamente)
así como otras leyes que no permitían la inversión
privada y así ceder a la presión de las IFIs, del banco
Mundial y de las negociaciones de la OMC en torno de la privatización
de los recursos públicos.
No
solo el argumento de la incapacidad del Estado para garantizar la
energía a la población ha sido el utilizado para
permitir que la iniciativa privada invierta en el sector energético,
también manejan el discurso de que la inversión privada
significa mayores oportunidades de empleo e incremento en las
remuneraciones de los trabajadores electricistas mexicanos.
La
industria eléctrica comenzó su desarrollo a principios
del nuevo siglo con la participación de capitales privados,
principalmente de inversionistas extranjeros. Se estima que del 100%
de la energía producida y utiliza en México, el 30% de
esta, viene de la Iniciativa Privada. Principalmente de energía
hidroeléctrica, pero existen nuevos campos de inversión
hacia donde la iniciativa privada esta volteando su mirada. Uno de
estos campos es la energía Eólica, la cual es un foco
rojo, por la presencia de transnacionales que de manera silenciosa
llevan un proceso de privatización y que en el caso de la
energía eólica, parece ser donde mejor resultado están
teniendo; un ejemplo de esto es el Parque Eólico en el Istmo
de Tehuantepec, Oaxaca.
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