Al
igual que en Copenhague en diciembre del 2009, la Cumbre del Clima en
Cancún debió terminar con un acuerdo internacional que reemplace al
Protocolo de Kyoto, que vence en el 2012. La negación a reducir
realmente las emisiones de carbono por parte de los países ricos del
Norte, la carencia de una medida jurídicamente vinculante para combatir
la crisis climática, hicieron nuevamente que el foro no llegara a un
acuerdo sólido. Estados Unidos (donde Obama no tiene el apoyo del
Senado ni de la Cámara de Representantes) promete como mucho una
disminución del 17% para el 2020 con respecto al nivel de 2005, una
promesa facilitada por la crisis económica y que no es oficial. Eso no
es lo que hace falta. Se necesita una reducción mayor.
En
cambio, en Cancún celebran un acuerdo de mínimos y al parecer sin el
consenso internacional, por la posición firme y coherente del Estado
Plurinacional de Bolivia. El embajador Pablo Solon se quedó solo el
último día de la reunión de Cancún, teniendo la razón. Hay países que
se niegan a aceptar responsabilidades históricas, otros que quieren
crecer sin preocuparse del clima, otros, en fin, claudicantes que no
exigen justicia climática sino que se conforman con limosnas.
En
el año 2005, un habitante promedio norteamericano emitió 19,5 toneladas
métricas de CO2, un chino, 4,3 y un ecuatoriano, 2,2. En 2008, había
304 millones de norteamericanos en el planeta, 1.326 millones de chinos
y cerca de 14 millones de ecuatorianos. El impacto ambiental de cada
sociedad es diferente, por lo tanto, las responsabilidades deberían ser
diferenciadas.
Desde
el 1990 han aumentado las emisiones en todo el mundo (EEUU, un 13%),
excepto algunos países europeos. Desde Kyoto el 1997 también han
aumentado, excepto otra vez algunos países europeos. La crisis de
2008-09 hizo frenar el aumento de emisiones un par de años, pero éstas
continúan excediendo lo tolerable en un 50 por ciento-
En
Cancún, en general, los países del Sur no tuvieron una postura fuerte y
consensuada de reclamo contra las excesivas emisiones per capita de los
países ricos. Tampoco reclamaron con fuerza por las responsabilidades
históricas y la consecuente deuda ecológica de los países ricos.
Sabemos por experiencia propia (corte de ayuda a Ecuador y Bolivia tras
Copenhague 2009) y por las revelaciones de wikileaks, cómo Todd Stern,
el negociador de los EEUU recurre a las amenazas y a las promesas de
donaciones monetarias (casos de Etiopía y las Maldivas) para lograr que
los gobiernos del Sur renuncien a exigir la deuda ecológica y a pedir
reducciones de emisiones más fuertes y más rápidas.
Más
allá de la Cumbre de Cancún, la tarea es reducir las emisiones entre un
50 y 60%. En concreto se plantea la cuestión: ¿dónde dejar gas,
petróleo o carbón en tierra? La respuesta es: allí donde el ambiente
local es más sensible, tanto en términos sociales como ecológicos; allí
donde la biodiversidad local vale más. Este es el caso del Parque
Nacional Yasuní. Hay que insistir en estas iniciativas válidas para
paliar un problema global.
El
cambio climático es una realidad y el mundo espera acciones concretas.
Hay responsabilidades comunes y diferenciadas. Desde hace tiempo se
reconoce el aumento del efecto invernadero, como consecuencia,
principalmente, de la quema de combustibles fósiles. En1895, el químico
Svante Arrhenius ya explicó cómo el incremento de la concentración de
dióxido de carbono en la atmósfera, aumentaría la temperatura y
produciría el cambio climático.
El
cambio climático genera transformaciones naturales irreversibles e
irreparables. La desaparición de la biodiversidad, por el crecimiento
de las fronteras productivas, no se puede revertir. En los países
andinos, desaparecen los glaciares y demás fuentes de agua, como
producto del aumento de la temperatura planetaria.
Los
países ricos tienen una deuda ecológica o climática con los países del
Sur. El reconocimiento de la deuda ecológica, por la acumulación de
gases de efecto invernadero, permitiría determinar la responsabilidad
histórica de los países ricos del Norte. Este tema de la deuda
ecológica ha pasado de la sociedad civil a los discursos de algunos
cancilleres y de presidentes, pero no se hace operativo.
Los
fondos provenientes del pago de la deuda ecológica histórica podrían
dirigirse a la conservación de los bosques, los manglares, las fuentes
de agua y la biodiversidad; a la adaptación de ecosistemas y grupos
humanos vulnerables, como los del Ecuador, y a la transición energética
para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Los países del
Sur somos, por tanto, acreedores de la deuda ecológica. Nos deben un
aire y un planeta limpio.
No
se trata de que los países ricos del Norte den créditos de "adaptación"
o "mitigación" a los países que no tienen responsabilidad histórica, o
tienen muy poca, por el cambio climático. Mucho menos, de que esos
créditos concedidos por un Fondo Verde del Banco Mundial actúen como
nuevos mecanismos de endeudamiento para los países del Sur. Es una
cuestión ética: los países del Norte deberían reconocer su
responsabilidad financiera y social con las generaciones actuales y
futuras. Es necesario evitar que los "ajustes ambientales" adopten la
misma forma perversa que los "ajustes económicos estructurales"; no se
puede permitir la misma imposición de condiciones, que se dio con el
beneplácito de los gobiernos de turno y las élites económicas y
políticas, por parte de las tan cuestionadas instituciones de Bretton
Woods, como el Banco Mundial o el FMI. Pagar la deuda histórica es como
pagar una multa justa que se revertirá en su propio beneficio: los
países ricos obtendrían un mejor aire y calidad de vida a cambio de ese
"pago".
Fander
Falconí es coordinador del doctorado de economía de desarrollo de
Flacso-sede Ecuador. Joan Martínez Alier es profesor de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
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