¡NO SOMOS DEUDORES! ¡SOMOS ACREEDORES DE UNA DEUDA HISTÓRICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA!
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CARTA DE LA CAMPAÑA QUIEN DEBE A QUIEN A EVO MORALES |
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miércoles, 16 de septiembre de 2009 |
Campaña ¿Quién debe a Quién?
Campaña por la Abolición de la Deuda Externa
y la Reparación de la Deuda Ecológica
www.quiendebeaquien.org
D. Evo Morales
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
La Paz - Bolivia
Madrid, 14 de septiembre 2009
Estimado Compañero Evo Morales,
Con el motivo de su visita al Estado español, nos es grato expresar los
saludos más cordiales y solidarios de la campaña ¿Quién debe a quién?,
un saludo que extendemos a todos los Movimientos Sociales y Políticos
que están construyendo una Bolivia justa e igualitaria, y que con su
lucha por la Madre Tierra y el Bien Vivir son un ejemplo de dignidad
para Latinoamérica y todo el mundo.
En primer lugar, las organizaciones que hacemos parte de la campaña
¿Quién debe a quién? estamos convencidas que no solo es injusto extraer
pagos de “deuda externa” de los pueblos del Sur generando impactos
destructivos sobre las vidas, comunidades, economías y el medio
ambiente, sino que las “deudas” que se reclaman del Sur son ilegítimas
y no deben ser pagadas. Planteamos además que los pueblos del Sur son
de hecho los acreedores de incalculables deudas históricas, sociales,
económicas y ecológicas, adeudadas por nosotros y nuestro modelo de
producción y consumo en los países del Norte.
Constatamos que los países industrializados, entre ellos el Estado
español, han generado una Deuda Ecológica la cual tiene importantes
impactos sociales y medioambientales, cambia el clima, impide la
soberanía alimentaría, contamina el aire, el agua y el suelo, provoca
enfermedades poniendo en peligro, de forma grave, la salud pública y
compromete seriamente la supervivencia del planeta y de las futuras
generaciones.
Por todo ello la campaña lucha por unas políticas necesarias para
abolir la deuda externa y para prohibir cualquier política económica
que tenga repercusiones negativas sobre otros países, y que ponga en
peligro la vida de los ciudadanos o impida la satisfacción de sus
necesidades básicas.
Denunciamos con la presente la ilegitimidad de la deuda externa que el
Gobierno español reclama al Estado Plurinacional de Bolivia. Una deuda
es ilegítima cuando un préstamo se concedió a gobiernos dictatoriales o
corruptos, sin consultar a sus poblaciones, cuando los préstamos se
destinaron a proyectos nocivos social- y ambientalmente, a la compra de
armamento o al fortalecimiento de los mecanismos estatales de
represión, se desviaron a cuentas personales en países del Norte y
paraísos fiscales, o cuando la “deuda” es utilizada como instrumento de
saqueo permanente del Sur y como medio de presión para imponer
políticas neoliberales que lo mantiene encerrado en un ciclo de
dependencia y de más deuda externa.
Por esta razón, expresamos nuestro apoyo a la “Campaña por la Auditoría
de la Deuda Pública” que viene impulsando el Capítulo Boliviano de
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, (CBDHDD), junto con otras
instituciones y organizaciones sociales.
Desde el año pasado, impulsamos también el apoyo de la Sociedad Civil
española a la Auditoría Integral del Crédito Público de Ecuador, bajo
el convencimiento de que se trataba de un hito histórico en el camino
hacia la abolición de la deuda externa como mecanismo de dominación y
empobrecimiento.
Hemos apoyado plenamente el trabajo realizado durante más de un año y
medio por la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC)
en Ecuador. Dicha Comisión, formada por miembros de la sociedad civil
ecuatoriana e internacional, y por representantes y técnicos del
gobierno ecuatoriano, y apoyada por juristas y auditores de diferentes
ámbitos, tenía la tarea de “examinar y evaluar el proceso de
contratación y/o renegociación del endeudamiento público, el origen y
destino de los recursos y la ejecución de los programas y proyectos que
se financien con deuda interna y externa, con el fin de determinar su
legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia,
considerando los aspectos legales y financieros, los impactos
económicos, sociales, de género, regionales, ecológicos y sobre
nacionalidades y pueblos”.
Una vez demostradas las evidencias de ilegitimidad de las deudas
contraídos, se deberían suspender los pagos de aquellas deudas
demostradas ilegítimas, incluyendo las deudas con el Estado español.
En este sentido, la auditoría de deuda externa realizada en Ecuador
aporta suficientes evidencias de la ilegitimidad de las deudas
bilaterales que el Estado español está reclamando al Estado
ecuatoriano. De los 36 contratos de crédito bilateral analizados por la
CAIC, 16 fueron firmados con el Estado español. A lo largo del proceso
de auditoría, se han identificado en todos los contratos españoles
“cláusulas abusivas” que, según la CAIC, invalidarían legalmente los
contratos de crédito con España. En ninguno de los créditos FAD
auditados existen informes previos de análisis de impacto ambiental y
social, o de viabilidad económica, ni informes de seguimiento y
evaluación del impacto final de los proyectos. Este aspecto es
especialmente grave si tenemos en cuenta que el 95% de la deuda de
Ecuador con el Estado español corresponde a un instrumento de la
política de Ayuda Oficial al Desarrollo, como son los créditos FAD
(Fondo de Ayuda al Desarrollo). La totalidad de la deuda de Ecuador con
España corresponde a créditos ligados a la compra de bienes y servicios
españoles, cuyo beneficio para el contratista español está siempre por
encima de los intereses de la población ecuatoriana. En este sentido,
es censurable el papel jugado por las empresas españolas
beneficiarias, pues la auditoría ha aportado indicios de actitudes poco
éticas y de malas prácticas por parte de éstas. La deficiencia de los
instrumentos generadores de deuda (créditos FAD y fallidos comerciales
públicamente garantizados por CESCE, Compañía Española de Seguros de
Crédito a la Exportación) queda demostrada ante la existencia de
ilegalidades, ilicitudes y prácticas indebidas por parte de
funcionarios y empresas españolas en su proceso de contratación, así
como en la ejecución de los proyectos financiados.
Por todo ello, compartimos que una Auditoría de la Deuda Pública en
Bolivia debe ser también una de las prioridades de su Gobierno, como
una oportuna y excelente manera de contribuir al ejercicio del control
social, hoy reconocido por la Nueva Constitución Política del Estado de
Bolivia, que deberá dar resultados muy favorables para su país, pues
urge conocer –con precisión y claridad– quiénes comprometieron los
recursos del país partir de la década de 1970, cuando se contrataron
millonarios préstamos, bajo qué condiciones lo hicieron, dónde fueron a
parar los desembolsos, y, en fin, hacer transparante todo el proceso de
la contratación de los créditos que se dieron, porque se tratan de
recursos públicos, cuyas secuelas se arrastran hasta el presente.
Con la seguridad de que este desafío es de posible implementación, en
sintonía con la agenda analizada entre los países del ALBA, convocamos
a su Gobierno, a asumir el reto y dejar al descubierto, la política de
dependencia impulsada por los organismos internacionales (Banco Mundial
y Fondo Monetario Internacional), así como de repudiar el pago de la
Deuda Ilegítima reclamado por el Estado español.
En segundo lugar, como campaña ¿Quién debe a quién? nos identificamos
con las movilizaciones sociales en todo el planeta que están marcadas
por el rechazo al modelo de la globalización capitalista y a favor de
la Justicia Climática.
En este sentido, queremos expresar nuestro apoyo a la posición
boliviana en las negociaciones de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), las enmiendas al Protocolo de
Kyoto, así como las propuestas del Estado Plurinacional de Bolivia para
concretar el Plan de Acción de Balí ante la próxima Conferencia de las
Partes COP 15 en Copenhague, para reclamar el reconocimiento y el pago
de “la deuda climática”, que los países desarrollados deben a los
países en desarrollo.
Queremos pedirle muy respetuosamente que exiga expresamente al Gobierno
español este reconocimiento y el pago de la Deuda Climática, así como
toda la Deuda Ecológica que las empresas españolas y las políticas
públicas del Estado español hayan generado y siguen generando en
Bolivia y con consecuencias para el pueblo boliviano. Un reclamo
público nos ayudaría mucho avanzar en las reinvindicaciones de los
movimientos sociales del Estado español para acabar un día con la
generación de más Deuda Climática y Deuda Ecológica.
Atentamente,
Campaña ¿Quién debe a quién?
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