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Alberto Acosta[1]
14 de febrero del 2011
“La sentencia más
esperada de los últimos 17 años acaba de hacerse pública”. Con
esas palabras se difundió la noticia. Nicolás Zambrano, juez de la
Corte de Nueva Loja, reconoció que la compañía norteamericana
Chevron-Texaco es culpable de la destrucción ambiental y social que
provocó en la Amazonía ecuatoriana, durante sus 26 años de
operación. El dañó que ocasionó la compañía Chevron-Texaco
supera largamente la destrucción que ocasionó la BP en el Golfo de
México.
El Juez dictaminó que la
Chevron-Texaco debe pagar al menos 8 mil millones de dólares por los
daños causados. En la sentencia se dictamina también que la
transnacional norteamericana debe pedir disculpas públicas en
Ecuador y los EEUU a las víctimas por el crimen cometido. Si no lo
hace en 15 días, el monto económico a pagar se duplicaría a más
de 16 mil millones de dólares. Esta es, a no dudarlo, otra señal
poderosa de la sentencia… el dinero no es todo !!!
La historia de este caso
es larga…
Desde la segunda mitad de
la década de los sesenta, las actividades petroleras, que se
iniciaron con la compañía Texaco en alianza con la Gulf, han
atropellado masivamente la biodiversidad y el bienestar de la
población de la Amazonía. Las comunidades indígenas y los colonos
han sufrido innumerables atropellos a sus derechos más elementales,
en nombre del mítico bienestar de toda la población.
Con esta sentencia el
discurso sobre la importancia de la región en tanto suministradora
de recursos financieros se derrumba ante la realidad de un sistema
que la aprecia solamente por la revalorización de sus recursos
naturales en función de la acumulación de capital, especialmente
transnacional, aún cuando estas actividades pongan en riesgo la vida
misma. Esta ha sido una de las mayores necedades de la maldición de
la abundancia… de recursos naturales.
Para los pueblos
indígenas de la Amazonía ecuatoriana, el choque con la civilización
occidental, en su peor versión la petrolera, ha significado un
cambio radical en su vida e incluso la perdida de vida. No sólo
dichos pueblos, también los colonos de la Amazonía norte del
Ecuador han sufrido un sinnúmero de atropellos a sus derechos
elementales. Vale anotar que los niveles de pobreza en la Amazonía,
sobre todo en las provincias petroleras de Sucumbíos y Orellana, son
más elevados que en el resto del país.
La resistencia de las
comunidades amazónicas prosperó hasta constituirse en un reclamo
jurídico de trascendencia internacional. Es conocido el “juicio
del siglo” que han llevado, desde hace 18 años, las comunidades y
los colonos afectados por las actividades petroleras de la compañía
Chevron-Texaco (Texpet, en Ecuador). Es bueno recordar que de esta
resistencia surgió el clamor por una moratoria petrolera en el
centro sur de la Amazonía ecuatoriana, que cobijó el surgimiento de
la Iniciativa Yasuní-ITT.
Los argumentos que se
expusieron en contra de Chevron- Texaco son claros: la compañía
tuvo responsabilidad directa por los impactos ambientales que produjo
la explotación del petróleo, los cuales no sólo han afectado a la
Naturaleza sino que también se evidencian consecuencias en la salud
de la población. El juez Zambrano de la Corte de Nueva Loja,
superando todo tipo de presiones de la compañía Chevron-Texaco y
sus abogados, ha dado la razón a los demandantes.
Con este juicio, más
allá de su desenlace, se sienta un precedente al encausar a una de
las petroleras más poderosas del planeta, que trabajó entre 1964 y
1990 en la Amazonía ecuatoriana. En ese lapso, esta compañía
perforó 339 pozos en 430.000 hectáreas . Para extraer cerca de
1.500 millones de barriles de crudo, vertió miles de millones de
barriles de agua de producción y desechos, y quemó billones de pies
cúbicos de gas.
Sabemos que las primeras
fuentes de contaminación en el área de la concesión de Texaco son
el petróleo crudo, los lodos de perforación y otros aditivos, así
como las aguas de formación que fueron arrojadas en el ambiente
desde inicios de 1967. Esta contaminación afectó suelos, agua
subterránea y superficial. Es más, esta contaminación persiste en
el ambiente hasta la actualidad.
La primera causa de la
contaminación encuentra su origen en las operaciones de exploración
y explotación conducidas por Texaco. Sus prácticas y políticas
ambientales eran inadecuadas. No empleó controles ambientales.
Manejó incorrectamente desechos de pozos de producción, descargó
el cien por ciento del agua de formación en los arroyos y ríos,
quemó gases en la atmósfera, sufrió docenas de derrames por causas
diversas… son algunas de las conclusiones que presentaron las
decenas de peritos convocados en el juicio.
Los suelos en estaciones
de la Texaco y en los pozos de extracción petrolera contienen
hidrocarburos de petróleo y metales en concentraciones que son
muchas veces más altas que los estándares para limpieza ambiental
en Ecuador y en otros países del mundo. El agua subterránea bajo
los pozos de desechos está contaminada por encima de los estándares
ecuatorianos. Cuando el agua de producción fue arrojada directamente
desde las estaciones durante las operaciones de la Texaco, se
contaminaron ríos, arroyos, pantanos y suelos con petróleo, metales
y sales en concentraciones que eran mucho más elevadas que los
estándares ecuatorianos. La vida de seres humanos, de plantas y de
animales fue y continúa siendo impactada por la contaminación. La
contaminación ambiental está suficientemente documentada.
En el ámbito psicosocial
las denuncias son múltiples: violencia sexual por parte de los
operadores de compañía en contra mujeres adultas y menores de edad
mestizas e indígenas, abortos espontáneos, discriminación y
racismo, desplazamientos forzados, nocivo impacto cultural y ruptura
de la cohesión social. Se afectó básicamente la territorialidad,
alimentación y tradiciones culturales de los pueblos indígenas en
el área de la concesión. Es más, sobre Texaco pesa también la
extinción de pueblos originarios como los tetetes y sansahuaris, a
más de todos los daños económicos, sociales y culturales causados
a los indígenas siona, secoya, cofán, kichwa y waorani, además de
perjuicio a los colonos blanco-mestizos.
La remediación
ambiental, conducida por Texaco entre 1995 y 1998, fue una estafa en
toda la línea, contando con la complicidad de las autoridades
gubernamentales de ese entonces.
No nos olvidemos que en
muchos gobiernos la Chevron-Texaco contó con el respaldo de altos
funcionarios y también de una parte de la prensa nacional. Así esta
empresa transnacional pudo sostener una intensa y multimillonaria
campaña para tratar de demostrar su inocencia, tanto dentro de
Ecuador como en los Estados Unidos. Durante la primera fase del
proceso pretendía escaparse de las leyes norteamericanas, ahora se
empeña en demostrar que la justicia ecuatoriana está politizada y
que los datos de los peritos, son “una suma de cifras delirantes
sin sustento científico”.
Si bien resulta imposible
poner precio a la Naturaleza, pues la vida es inconmensurable, el
daño se ha cuantificado en miles de millones de dólares por todos
los daños provocados. A las complejas cuentas anteriores habría que
añadir materiales utilizados sin pago, el trabajo mal remunerado,
así como las enfermedades (los casos de cáncer llegan a un 31%,
cuando el promedio nacional es de 12,3%). Los 8 mil o 16 mil millones
de dólares son insuficientes para reparar a las víctimas y para la
restauración de la Naturaleza.
Esta sentencia, en suma,
supera el ámbito amazónico. Rebasa lo que tarde o temprano tendrá
que pagar Texaco. Su accionar, como lo haría décadas más tarde la
BP y otras tantas empresas extractivistas en diversas partes del
planeta, afectó a toda la Humanidad.
Esta sentencia, por lo
tanto, constituye una oportunidad para sancionar y frenar la
contaminación provocada por la actividad petrolera y minera, que se
sostiene por la combinación del poder político con el poder
transnacional sobre el discurso que alienta la explotación del
petróleo (y ahora en Ecuador de la minería a gran escala) como base
para conseguir el desarrollo; discurso que sostiene una política de
ocultamiento de la realidad, intimidación de quienes se oponen, de
humillación y olvido para las víctimas...
Con esta sentencia emerge
con fuerza la necesidad de una justicia ecológica global que haga
realidad los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en el
mundo. La vigencia de estos Derechos exige la existencia de marcos
jurídicos internacionales adecuados, teniendo en consideración que
los problemas ambientales son temas que atañen a la humanidad en su
conjunto. Por lo tanto esta sentencia en contra de la Texaco
representa un triunfo de la Humanidad.-
[1] Ex-presidente de la
Asamblea Constituyente
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