Quito,
mayo 11 de 2009
Acción
Ecológica recobra su personería jurídica
El
día de hoy fuimos notificados de la
decisión del pasado 6 de mayo del Ministerio de Salud Pública, por
la cual se resuelve “a) Conceder el recurso de reposición
propuesto y dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial 157 del 2 de
marzo del 2009. b) En adelante todo el control y supervisión que
está relacionado con la Corporación Acción Ecológica, con
domicilio en la ciudad de Quito, amparada en lo previsto en el
Acuerdo Interministerial
No. 0198 del diecinueve de marzo del
2009 pasa a ser competencia del Ministerio del Ambiente”.
Recibimos esta notificación con gran
alegría por cuanto endereza la errada e inconstitucional actuación
administrativa que había derogado nuestra existencia jurídica y
permite normalizar nuestro funcionamiento como organismo no
gubernamental.
Pero esta alegría no se limita al
nuevo acto administrativo. Esta alegría con la que hemos venido
trabajando pese a todo, se nutre de las cientos de manifestaciones de
solidaridad que hemos recibido en los últimos meses por parte de
organizaciones, pueblos, colectivos, personalidades y hombres y
mujeres ecuatorianas y de muchos lugares del mundo que se movilizan
en defensa de los derechos de la naturaleza y de las comunidades
victimizadas por proyectos extractivistas o que están inmersas y
vulnerables en los más diversos conflictos socio –ambientales.
Gracias a todas y todos los que
manifestaron su apoyo a ACCIÓN ECOLÓGICA; gracias por haber actuado
como testigos principales de que nosotros sí cumplimos nuestros
fines y que esos fines son legítimos y necesarios para la
construcción de la democracia y de modelos económicos cuyo
derrotero esté en la protección de la vida y no en su devastación
instrumental.
Ratificamos nuestro compromiso en la
construcción de Sociedades Sustentables, es decir, sociedades que
pueden lograr cubrir sus necesidades a través de un manejo adecuado
del entorno natural, logrando su soberanía como sociedad; y no
precisamente como una utopía, sino como un hecho posible, y en el
contexto ecuatoriano, constitucionalmente viable.
Tal y como señala la relatora sobre
defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que se
aplica para nosotros, “Las medidas contra los defensores de los
derechos humanos pueden asumir muchas formas diferentes, entre ellas
la promulgación de leyes que castiguen con sanciones penales ciertos
aspectos de la actividad relativa a los derechos humanos, o el
ejercicio de las libertades de asociación, reunión, información y
circulación. Pueden imponerse marcos normativos para limitar la
libertad de asociación de los defensores o restringir el alcance de
las actividades de las organizaciones no gubernamentales”.
Acción Ecológica confía en que no
seguirá presentándose este tipo de situaciones y que la restitución
de nuestra personería jurídica es indicativa de un cambio
gubernamental positivo hacia las organizaciones, colectivos,
nacionalidades y pueblos legítimamente críticos de las iniciativas
legislativas y de las políticas públicas lesivas de los derechos de
la naturaleza y del buen vivir.
