Rowil Aguillon

Movimiento sobre Deuda y Desarrollo de Asia/Pacifico

"Cuando los bosques desaparezcan y los ríos se sequen,  ¿de qué nos sirve el oro?

La gente se dispersará como el polvo en el viento,

¿podrá entonces el oro devolvernos la vida?

Anciano de la Cordillera, Filipinas

El Movimiento sobre Deuda y Desarrollo de Asia/Pacifico (APMDD, por su nombre en inglés) ha definido a la deuda ecológica como la deuda incurrida por los países industrializados y las corporaciones transnacionales del Norte, con los pueblos del Sur, por el continuo saqueo y explotación de los recursos del Sur y por la destrucción del planeta, debido a sus patrones de producción y consumo que dominan la economía global.

La deuda ecológica es, por ultimo, la deuda, no de una persona con otra, sino la deuda de una clase que opera desde un país hacia otro, y ha institucionalizado un sistema de producción impulsado por el afán de lucro. Por un lado, es la suma total de la explotación y el saqueo de los recursos, y por otro, la privación para la vasta mayoría.

El efecto neto de la deuda ecológica es la destrucción de las bases materiales de la supervivencia humana sobre la tierra.

La deuda ecológica es difícil de trasladarla a términos monetarios concretos. Las leyes existentes prevén penas y otras formas de seguros para la rehabilitación de los casos en donde el medio ambiente ha sido dañado o destruido, pero en cuanto a las víctimas, estos seguros no son suficientes. De hecho, los fondos nunca son suficientes, ya que los daños ambientales nunca podrán ser reparados.

¿Cómo se puede contabilizar el equivalente en dólares de la destrucción y la desesperanza? ¿Puede alguien venir con valores monetarios para hablar a las comunidades a las que se les ha despojado sus tierras, afectando a las generaciones presentes y futuras?

Economía de la destrucción

A lo largo de las pasadas cuatro décadas, el gobierno filipino ha facilitado y liderado el proceso de deforestación más acelerado que alguien pueda imaginar. A través de acuerdos firmados entre las comunidades locales y las compañías madereras y mineras extranjeras, los bosques de Filipinas se han reducido de 9 millones de hectáreas en 1968 a 1,6 millones en 1996. Adicionalmente a este proceso, el gobierno filipino ha invitado a compañías mineras globales a emprender proyectos de minería a gran escala, a cielo abierto, a lo largo de todo el país. Los casos que describiremos a continuación muestran el sufrimiento y la miseria de la gente y los pueblos de Filipinas, todo en nombre del desarrollo y la modernización.

Es importante notar que muchos de los proyectos aquí citados han sido llamados proyectos prioritarios para el desarrollo por parte del gobierno, cuyo objetivo es dar auge a la economía, atraer dólares, y poder pagar la deuda externa del país. Más aún, estos proyectos, eventualmente, buscan erradicar la pobreza.

La lógica es simple: destruir la naturaleza para reducir el número de gente empobrecida.

El resultado: muchas personas y comunidades empobrecidas están ahora en cementerios.

Este proceso puede no haber sido posible sin el apoyo de los gobiernos y de sus patrones y mentores: el banco Mundial, el Fondo Monetarios Internacional, y el Banco Asiático de Desarrollo. Con programas como los de Ajuste Estructural y otras condicionalidades, la elite gobernante filipina pudo seguir un proceso de desarrollo y modernización que ha llevado a la transformación de ríos en desiertos, de bosques en suelos fangosos, y a las comunidades autosubsistentes en mendigos y  residentes de tugurios en las ciudades.

Ciertamente, el proceso de desarrollo en Filipinas ha desaparecido.

El caso de la minería

Tradicionalmente, el sector minero ha significado un contribuyente significante para la economía del país. Este sector de la economía debe haber sido también importante para el gobierno colonial estadounidense ya que las leyes mineras fueron dictadas en 1905. Desde los tempranos 1900, las operaciones de minería a gran escala han proliferado a lo largo y ancho del país, para extraer oro, cobre, plata, carbón, y otros minerales.

Sin embargo, debido a las llamadas “fallas” en las políticas ambientales del país, el sector minero comenzó a sufrir un serio declive que comenzó en los años 70. En los años 90, el presidente Fidel Ramos quería un proceso de industrialización por la vía rápida, asegurándose de que la industria minera contribuyera de manera significante a esta visión el Nuevo País Industrializado. Con esto, el gobierno, en asociación con el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), comisionó al Centro Este-Oeste de Hawai (EWCH) para evaluar los factores que liderarían la industrialización de Filipnas. Entre las recomendaciones del EWCH y del BAD, estaban aquellas que la Cámara de Minería de Filipinas había sugerido, las mismas que posteriormente fueron recogidas por el Congreso y devinieron en la nueva Ley de Minería (Ley de la República No. 7942 de 1995).

La nueva Ley, y el paquete de ayuda financiera que pasó por esta misma vía, favorecen claramente a las grandes empresas mineras. Varios de los beneficios que les prometieron a las compañías fueron 100% de propiedad, excepción de impuestos, 100% de repatriación, la salvedad de hacer estudios de impacto ambiental, ventas directas de oro en el mercado internacional, y otras ofertas.

Tan efectiva y atractiva fue la Ley de Minería que en una sola región (Mindanao del Oeste), se presentó un diluvio de aplicaciones mineras de parte de Rio Tinto, con un total de 500.000 ha. En 1997, cerca de 9’300.000 ha. habían sido concesionadas para operaciones mineras a gran escala. Cerca del 99,9% de estas aplicaciones fueron de empresa extranjeras, sobre todo australianas, canadienses y británicas.

Mientras que las concesiones han desencadenado el brote de muchas acciones de protesta y movilizaciones en todo el país, el gobierno y las compañías han continuado con su campaña agresiva de búsqueda del apoyo de las comunidades y los gobiernos locales. Esto explica el porqué, a pesar de las protestas, en muchas concesiones se han llevado a cabo trabajos de exploración y eventualmente se ha pasado la explotación.

Aún hay muchas lecciones que aprender de la historia de la minería en el país, sobre todo de aquellas comunidades cuyas vidas han sido destruidas para siempre.

Desgraciadamente, el gobierno busca desesperadamente dólares e inversiones extranjeras, evitando el recuerdo de lo ocurrido en el pasado. En nombre del desarrollo y la modernización, el gobierno nuevamente persigue un programa que lo único que conlleva es más destrucción y devastación, en el cual las corporaciones multinacionales y sus patrones locales cosechan beneficios enormes a expensas de los pueblos.

Las consecuencias del saqueo

Desde Luzón a Mindanao, varias organizaciones de pobladores han documentado diferentes incidentes de destrucción ambiental por las actividades mineras, rara vez investigados por el Departamento del Ambiente y Recursos Naturales (DANR). Por eso la gente a rebautizado a esta instancia del gobierno como departamento de Destrucción del Ambiente Nunca Reportado.

En todos los llamados proyectos de desarrollo minero, la gente ha visto solo destrucción y devastación. Los impactos han sido a gran alcance y desastrosos. A continuación presentamos algunos casos específicos que han ocurrido durante los últimos 15 años:

Mindoro, Luzón - La japonesa Kanto International Marble Corporation causó severos daños al ambiente, erosión, sedimentación de los ríos e inundaciones.

La operación minera de Cordillera - Philex en Itogon derramó 11.000 litros de crudo; la corporación minera Lepanto Consolidated drenó sus efluentes ácidos al río Mancayan (uno de los cuatro ríos de Cordillera, muerto debido a los desechos mineros); y Benguet Mining, cuyas operaciones han transformado la municipalidad de Itogon en un cementerio.

Nueva Ecija, Nueva Vizcaya y Zambales - Debido a la alta sedimentación, las principales zonas fluviales están consideradas Clase C o D (ríos muertos o en proceso de muerte).

Negros Occidental -  La Corporación Minera Marikalum fue descubierta vertiendo combustibles quemados en la Bahía Bulata y las piscinas de depósitos están derramando desechos en tierras agrícolas en Sipalay. También la Mina Philex de Negros Occidental deliberadamente ha soltado sus relaves en el Río Sipalay, causando la muerte de peces y la contaminación de las aguas. Ambas operaciones han impactado negativamente el ambiente debido a la inundación de los ríos. Enfermedades de la piel en niños y adultos así como casos de contaminación por metales pesados han sido reportados.

Samar del Este - Operaciones de la compañía Heritage han causado inundaciones debido a la sedimentación en zonas aledañas.

Palawan – Una vieja mina de mercurio afectó a toda la ciudad de Puerto Princesa; las áreas afectadas han sido declaradas inclusive en Estado de Emergencia.

En la Península de Zamboanga (Mindanao) – Las operaciones de Philex Gold Philippines Inc. han afectado la vida de los residentes de ocho pueblos costeros debido a los sedimentos acumulados en las zonas costeras; también han causado severos daños a la forma de vida de los pobladores, el desabastecimiento de agua y ha soterrado cinco hectáreas de campos de arroz con los lodos de las piscinas de relaves.

Zurriago – Una piscina de colas de la Corporación Manila colapsó en 1995 y causó la muerte de cinco personas.

Cotabato del Sur – El cráter Maughan del Monte Parker colapsó debido a las operaciones mineras, dejando 79 personas fallecidas.

El caso de Placer Dome - En marzo de 1996, de 3 a 4 millones de toneladas de colas ricas en metales y ácidos alcanzaron 26 kilómetros del río Boac en la provincia isleña de Marinduque. Este desastre fue causado por un túnel de drenaje mal sellado en una vieja mina que explotó. El hoyo minero que está localizado en las alturas de las montañas centrales de Marinduque ha sido usado como una cancha de relaves para la mina adyacente desde 1992. El incidente de la empresa culpable, Marcopper, afectó gravemente a la municipalidad de Santa Cruz (centro de operaciones), Mogpog y Boac, todos en la provincia insular de Marinduque, a 150 kilómetros de Manila.

Marcopper es la tercera compañía minera más grande en la Filipinas con una producción reportada de 30.000 toneladas de cobre al día, desde hace 27 años. El yacimiento Tapian se convirtió en una mina en 1969, y empezó a ser usada como una cancha de relaves para el Proyecto San Antonio en 1991.

La compañía es propiedad de la Canadiense Placer Dome Inc. en un 40% y 50% por una empresa que era propiedad del antiguo dictador Ferndinand Marcos llamada Performance Investment; desde que fue confiscada, durante el gobierno de Aquino, una parte de la misma sigue siendo parte del estado filipino.

Placer Dome es una de las corporaciones mineras más grandes del mundo, y la segunda en su país de origen. En 1998, la compañía tuvo ingresos por más de 105.000 millones de dólares. La corporación contrata a cerca de 8.400 personas en sus 14 minas repartidas en cinco continentes. Tiene una reputación de permanente conflicto con las comunidades locales en sus áreas de operación.  Así como el pueblo indígena Shoshone del Oeste en Montana, en Estados Unidos, por contaminar sus tierras; el pueblo de Strickland, de Nueva Guinea por verter desechos en el río y el pueblo de Costa Rica. La mina Goleen Sunlight de Montana en Estados Unidos, está acusada de derramar cianuros. Marcopper tiene una historia de 30 años de desastres mineros y abusos ambientales en las Filipinas. La tragedia de 1996 hizo que se pusiera la atención, local e internacional, hacia la culpable Marcopper, por destruir sistemas fluviales enteros, y la subsistencia  de muchas comunidades, aunque podemos decir que su huella de destrucción viene desde 1969.

En Santa Cruz, Marinduque, Marcopper vertió 200 millones de toneladas de relaves en la Bahía Kalakan entre 1975 y 1991, creando una cancha de 80 kilómetros cuadrados a lo largo de la bahía. Esto ha producido los siguientes efectos:

reducción de la pesca para al menos 200 pueblos de pescadores; otros servicios y usos de la bahía seriamente afectados

 amenaza a la seguridad alimentaria de 200 poblados por más de 25 años

las viviendas y los campos de arroz cubiertos con tormentas de polvo

contaminación por metales  pesados y envenenamiento con plomo entre los pobladores, aún sin atención, ni tratamiento alguno.

Marcopper respondió con las siguientes acciones:

• proyectos de desarrollo en el área
• creación de un fondo para proyectos de implantación de corales artificiales y rehabilitación de vegetación marina
• negligencia ante los problemas de salud
• rechazo ante cualquier responsabilidad, aduciendo que la contaminación es un proceso natural  y no minero.

En la Municipalidad de Mogpog, Marcopper vertió otro tipo de desechos provenientes del material de recubrimiento del yacimiento, creando prácticamente montañas de materiales de grandes extensiones en Marinduque. También construyó una represa que colapsó causando severas inundaciones, contaminación del río Mogpog; enfermedades en la piel, anemia y envenenamiento con metales pesados en los pobladores.

La respuesta de Marcopper fue:

• dar una compensación de 11 a 22 dólares por hogar
• dragar algunas partes del río pero dejando los materiales lodosos y oleaginosos en las riberas del río
• aumentar en un metro en la altura del dique existente en uno de los pueblos

En Boac, la capital de la Provincia de Marinduque - En 1996, la mayor tragedia minera en la historia de Filipinas ocurrió cuando 3-4 millones de toneladas de desechos, equivalentes a 1,6 millones de litros o 300.000 volquetas de lodo se derramó en el río debido a un túnel mal sellado. La Isla de Marinduque fue declarada en emergencia debido a los siguientes impactos:

• El río Boac murió instantáneamente
• Se presentaron infinidad de problemas de salud:

La empresa admitió en 1997 que los sulfuros expuestos en los relaves han comenzado a oxidarse causando la formación de ácido sulfúrico y la liberación al aire de cadmio, plomo, zinc y arsénico.

Un estudio del Departamento de Salud hecho entre 1996 y 1997 confirmó que hay contaminación por metales pesados debido al uso del río como depósito por parte de Marcopper desde 1970.

Una investigación de las Naciones Unidos identificó niveles inaceptables de metales pesados en algunas partes del río y han puntualizado que la causa es el permanente vertido de desechos tóxicos en el río  a través de los sedimentos.

Los costos calculados por un consultor del Centro de Estudios sobre Recursos Ambientales y Económicos son:

• 6 millones de dólares por daños a la agricultura, solo en 1996
• 19,5 millones de dólares hasta 1999
• 14,4 millones de dólares por pérdida del turismo

En 20 años de operaciones en las Filipinas, la empresa acumuló unas ganancias estimadas en 1000 millones de dólares. Su contribución a la reserva nacional asciende a 370 millones. Los impuestos pagados al gobierno ascienden a 100.000 dólares en 20 años. Y ha hecho una inversión en proyectos sociales con la suma de 40.000 dólares. Esto no es para nada suficiente comparado con los daños irreparables que ha sufrido el medio ambiente y el pueblo de Marinduque.

Beneficios o miseria?

A pesar de las numerosas tragedias asociadas con la minería, el gobierno ha decidido liberalizar el sector para incentivar la inversión extranjera, en exploración y explotación mineras, en el país. Con esto, los años 90 vieron revivir los intereses mineros en Filipinas. Pero, ¿por qué la minería es tan tentadora?

Hay actualmente muchos beneficios para la industria minera en Filipinas. Un estudio preparado por la Cámara de Minería de Filipinas (CMF), muestra que en promedio en una operación minera en Filipinas, una tonelada de material de mena puede ser  extraído de tres toneladas de material extraído. De esta tonelada de mena, en promedio se puede extraer 3,77 gramos de oro, 105 gramos de plata y en ocasiones cobre en un 2,79% y zinc al 2,03%. Especialmente ahora, que una mina a cielo abierto ha sido el método preferido, un sitio minero que cubra 3.500 hectáreas puede ser completamente minado en 7 años, con un promedio de tasa de producción de 1.850 toneladas por día.

El mayor interés en Filipinas es el oro, que es más atractivo económicamente. En 4.500 hectáreas, con una producción promedio de 1.850 toneladas de mena por día, una compañía puede esperar extraer en 7 años cerca de 179.600 de onzas de oro. Si multiplicamos por 300 dólares la onza de oro obtendremos cifras extraordinarias.

Sin embargo, de acuerdo con la CMF, el 70-75% de la producción mundial de oro se destina a joyería. Solo una pequeña cantidad va para usos industriales y reservas en oro de bancos centrales. Por lo que una gran parte de nuestra tierra está siendo destruida para satisfacer los lujos de una elite.

Leyendo muchos informes y artículos de compañías mineras y de la CMF, podemos ver que esperan asentar el paraíso minero en nuestro país, aunque las vidas de las poblaciones locales se verán afectadas por muchas tragedias, ya que el desarrollo minero sencillamente significa destrucción y desesperanza. Los miles de millones de dólares que extraen las multinacionales mineras, y los pocos miles de dólares entregados al gobierno nacional como impuestos, o corrupción jamás serán suficientes para justificar el grado de destrucción que la minería ha forjado en el ambiente y en las vidas de la gente. Pero, aún a pesar de esto, el saqueo continúa.

El costo de la destrucción

Hay por lo menos cuatro sectores que pueden ser considerados al examinar la deuda ecológica incurrida por las actividades mineras; el sector minero local, la industria minera global; el gobierno nacional; y las comunidades afectadas. Toda la historia minera del país ha mostrado cuan desproporcionados son sus procedimientos, con el beneficio principal para las corporaciones multinacionales y para los bolsillos de los funcionarios del gobierno, mientras que el grueso de los daños ambientales y el sufrimiento los recibe el pueblo.

La existencia de la deuda ecológica es una realidad y ha causado sufrimiento indescriptible a los pueblos y comunidades locales. Y las razones de su existencia siguen vigentes debido a:

un continuo servilismo de los estados a los dictámenes de las corporaciones globales y multinacionales

un balance de poder favorable para estas corporaciones, países altamente industrializados y elites locales

la persistencia de una visión del desarrollo puramente economicista

un escenario diseñado y definido por quienes destruyen la tierra y pone en riesgo su futuro, todo en nombre del lucro

tendencias entre la sociedad civil a confinar su compromiso - reduciendo la lucha -, solo al debate y la argumentación para el cabildeo y la negociación

movimientos populares polarizados y fragmentados, dando una oportunidad a los neoliberales para que se posicionen políticamente.

Términos de pago

Los gigantes mineros, las corporaciones multinacionales y la elite gobernante deben pagar el precio de la destrucción y devastación. Pero este pago puede ser hecho únicamente a través de la liberación del actual orden social, que es inherentemente destructivo;  siguiendo las siguientes premisas:

la cuestión total de la deuda ecológica gira alrededor del control de los recursos por parte de las poblaciones locales. Así, la deuda ecológica es principalmente una cuestión política; es una cuestión de poder, a escala nacional y global.

la deuda ecológica es difícil monetarizarla;  no hay valores monetarios para valorar la pérdida de suelos, el envenenamiento, la sedimentación, los deslaves de lodo y las inundaciones; a los hogares destruidos, las comunidades destrozadas, y las culturas erradicadas.

los actuales sistemas de producción y el apuro en generar lucro conlleva una conspiración en contra de la Tierra y su futuro. Ninguna razón, teoría o mandato legal es plausible para justificar  la destrucción y el saqueo.

la deuda ecológica es perpetrada no por un simple club de personas ignorantes, es perpetrada por una cierta clase, a través de las instituciones y estructuras vigentes profundamente enclavadas en las sociedades, y cuyos intereses son irreconciliables e inherentemente contradictorios con los intereses de las mayorías, de los desposeídos del mundo.

Dado esto, la deuda ecológica puede ser cancelada únicamente cuando los pueblos han ganado control sobre los recursos y medios de producción, y cuando la utilización de estos recursos no sea en función de lucro, sino de la satisfacción de las necesidades de la población.

A quienes han causado la devastación y la destrucción, debemos pasarles la factura que a continuación detallamos.

Artículo publicado con la Autorización de Jubileo Sur http://jubileesouth.org/journal/mining.htm