MAURICIO ALVAREZ

OILWATCH-COSTA RICA

Durante los últimos 6 años, Costa Rica ha sido escenario de una gran batalla por los recursos petroleros que presuntamente se encuentran en el Caribe del país. El Estado Costarricense ha promovido las exploraciones petroleras firmando licitaciones de más de un cuarto del territorio nacional. Firmó un contrato con Harken Energy que luego, por valoraciones ambientales prefirió rescindir y se negó a firmar con Mallon Oil Company.

Este proceso se dio en el transcurso de cuatro gobiernos, tres que lo promovieron y el actual que lo detuvo. De estos tres presidentes que lo facilitaron Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), que promovió la firma de Ley, y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), que firmo el contrato, están arrestados y en juicios por casos de corrupción vinculados con pagos de empresas trasnacionales para favorecer licitaciones públicas. El otro José Maria Figueres (1994-1998) ante los mismos cuestionamientos decidió no volver más al país.

El pueblo y las instituciones más democráticas de nuestro sistema constitucional -la Sala Constitucional, la Defensoría de los Habitantes, la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el Ministerio del Ambiente (MINAE) así como la Municipalidad de Talamanca y algunos diputados – han sido el sustento de la lucha por la Moratoria Petrolera Costarricense. Con ello el Estado Costarricense por primera vez acata las múltiples razones y establece límites ambientales para cierto tipo de mega-inversiones.

Esta batalla se da en una nueva frontera petrolera la Mesoamericana. Harken una de las primeras empresas petrolera del actual presidente de los Estado Unidos y de su familia, que pretendía sacar 73 millones de barriles anuales (Periódico La Republica septiembre del 2001) lo que equivale a unas 8.300.000 millones de toneladas de carbono anual y unas 160 millones en 20 años de producción. En términos monetarios si se pusieran a la venta hoy como emisiones de carbono no liberado a la atmósfera, a un precio promedio de $4 la tonelada, significaría unos $33.200.000 millones anuales o un total de 640 millones en 20 años. Esta extracción hubiera significado costos ambientales de más 57 millones de dólares anuales, además de poner en la atmósfera todo ese petróleo. Para producir todo el petróleo disponible en el Caribe hay que desmantelar otras actividades económicas además de costear el impacto socio-ambiental. Nuestro país hubiera terminado aumentando su deuda externa de $3.883,7 millones (Ministerio de Hacienda) para poder haber hecho frente a la mitigación social, cultural y ambiental de esta actividad; además de consolidar el modelo de crecimiento económico donde en el mejor de los casos habremos aumentado la factura ecológica significativamente, se estarían hipotecando recursos estratégicos para la sobrevivencia de las comunidades locales.

Esta investigación busca cuantificar el aporte de la moratoria al país y a la comunidad internacional como deuda ecológica por carbono no liberado; tomando en cuenta que la deuda ecológica pudo haber sido aumentada por la deuda de carbono y los costos de la extracción petrolera. Además se busca visualizar a los Tratados de Libre Comercio como la mayor amenaza a la moratoria. Para esto realizamos un recuento histórico de la moratoria, repasamos el impacto del libre comercio, la deuda externa, los recurso en riesgo y el costo beneficio de la actividad.

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