¡NO SOMOS DEUDORES! ¡SOMOS ACREEDORES DE UNA DEUDA HISTÓRICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA!
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Declaración Frente BID50: 50 años financiando la desigualdad |
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lunes, 02 de febrero de 2009 |
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50 AÑOS DEL BID FINANCIANDO LA DESIGUALDAD
Los cincuenta años del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ponen
en evidencia el fracaso de la institución en el cumplimiento de sus
objetivos, así como sus consecuencias para los pueblos y el medio
ambiente de la región.
La Quincuagésima Asamblea Anual de Gobernadores del -BID- a realizarse
en la ciudad de Medellín, Colombia, del 27 al 31 de marzo de 2009- es
ocasión de celebración para el Banco, y de honda preocupación y rechazo
para un conjunto de movimientos populares y organizaciones sociales en
toda la región que harán frente a dicha asamblea en una serie de eventos
alternos.
A finales de la década de 1950, los gobiernos de América Latina y el
Caribe se aprestaban a iniciar un ciclo de reformas que le permitieran a
la región avanzar por el camino del desarrollo. Dentro de las
instituciones que se crearon para encargarse de tal cometido, se destacó
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado en 1959 mediante un
convenio entre los países interamericanos. El Convenio Constitutivo (CC)
del BID entró en vigencia el 30 de diciembre de 1959. El primer artículo
de dicho documento señala el objeto de la institución: “Contribuir a
acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y
colectivo, de los países miembros regionales en vías de desarrollo”.
Luego de una trayectoria de 50 años, buena parte de las políticas
sociales y económicas promovidas y apalancadas con préstamos y
condicionalidades del BID han mostrado su fracaso para lograr una
América Latina “equitativa y desarrollada”. Los índices de pobreza y
desigualdad son alarmantes. Según las últimas estimaciones disponibles
para los países de América Latina, en el año 2007 un 34,1% de la
población de la región se encontraba en situación de pobreza. Por su
parte, la extrema pobreza o indigencia abarcaba a un 12,6% de la
población. De manera que el total de personas sobreviviendo en situación
de pobreza alcanzaba los 184 millones de personas, de las cuales 68
millones eran indigentes1. Además, y por si fuera poco, la desigualdad
en América Latina presenta también índices muy preocupantes, siendo los
niveles más altos de desigualdad en la distribución del ingreso del
mundo. El ingreso per cápita del 10% más rico supera, en muchos países,
en cerca de 20 veces el del 40% más pobre2.
Adicionalmente, vemos un creciente deterioro ambiental, en gran medida
como consecuencia del modelo de desarrollo que el BID ha impulsado,
basado en la extracción de recursos no renovables de forma intensiva y
contaminante, que atenta contra los derechos de las poblaciones donde se
desarrollan estas actividades. Se promociona también un modelo agrícola
que favorece los monocultivos, la concentración de tierras, la pérdida
de los suelos, el acaparamiento del agua y la desaparición de las
economías campesinas. Estos y otros proyectos están en mayor medida
orientados hacia la exportación y muchos de ellos apoyados por créditos
del BID, haciendo de esta institución financiera responsable de una
gigantesca deuda social y ecológica con los pueblos de América Latina y
el Caribe, entre las que se encuentra la deuda por el cambio climático.
Por otro lado, el proceso de integración regional que el BID también
reconoce como uno de sus objetivos, sigue en marcha de manera desigual.
La integración que los pueblos de América Latina y el Caribe queremos,
no es la promovida desde instituciones multilaterales como el BID, ni
tampoco desde la mayor parte de los gobiernos nacionales. Siempre
apoyándose en iniciativas de integración de infraestructura como la
IIRSA, que ahondarán los impactos socio-ambientales de los pueblos en
donde se planifica su desarrollo, se privilegia una modalidad de
integración en la que se favorece la apertura al capital financiero e
industrial estadounidense, europeo y japonés, así como el
fortalecimiento de los enclaves de la región, por encima de una
integración social, económica, financiera y comercial emanada de los
derechos, las necesidades y de la diversidad cultural de Latinoamérica y
el Caribe, encaminada a fortalecer a los pueblos y los países que la
impulsan.
Los procesos de endeudamiento con el BID se han multiplicado a partir de
los intereses de los prestadores y en algunos casos, se ha favorecido
por situaciones de déficit fiscal crónico. Lo anterior fue especialmente
evidente a mediados de la década de 1990. Con la Octava Reposición de
Recursos, el BID diseñó una estrategia de préstamos con un promedio
anual de US$7.000 millones, haciendo énfasis en proyectos que
contribuyeran a temas relacionados con las transformaciones tecnológicas
y productivas, la llamada modernización del Estado y el fortalecimiento
del sector privado. Su objetivo no era exactamente el de reducir las
inequidades de la región, sino el de avanzar decididamente en el proceso
de privatización de derechos humanos y sociales básicos, como la
educación, la salud, el agua, así como favorecer la expansión de
intereses privados en la extracción y expoliación de la riqueza de la
región.
No podemos desconocer la complicidad del BID, así como de las otras
Instituciones Financieras Internacionales (Banco Mundial y Fondo
Monetario Internacional), en la financiación de las dictaduras militares
que asolaron nuestra región en las décadas de 1970 y 1980. Ni tampoco el
rol que ha cumplido con relación al desarrollo de la corrupción, ya casi
endémica en algunos países, y la apropiación de parte de muchos
funcionarios, políticos y militares de los créditos otorgados a los
gobiernos. La urgencia de la lucha contra la impunidad con la cual actúa
el Banco en nuestros países, frente a las graves violaciones de los
derechos humanos y los crímenes económicos y ambientales, es una
conclusión necesaria de cualquier balance de estos primeros 50 años.
Es por eso que buena parte de los proyectos impulsados por el BID han
sido ampliamente cuestionados por sus consecuencias sociales, políticas,
económicas y ambientales para los pueblos de América latina y el Caribe,
y las deudas resultantes rechazadas por ilegítimas. Dichos
cuestionamientos se refieren al modelo de desarrollo al que responden,
al debilitamiento de la estructura social y ambiental, a los deficientes
procesos de evaluación integral de los costos y beneficios de los
proyectos en los que participa, a las ambiguas salvaguardas sociales y
ambientales, a la deficiente supervisión y fiscalización de las
distintas etapas de los proyectos, a la limitada transparencia en la
provisión de información y acceso a la participación, entre otros.
El 50 aniversario del BID es una ocasión inmejorable para ampliar y
profundizar las iniciativas que desde hace mucho tiempo se impulsan en
la región frente a las consecuencias de su gestión y del impacto
económico, social y ambiental de sus proyectos. La campaña que hemos
iniciado tiene por objeto evidenciar el fracaso del BID durante sus 50
años de existencia al financiar un modelo de desarrollo que amplía las
desigualdades, destruye la naturaleza, la soberanía y la
autodeterminación de los pueblos. Sobretodo en la actual coyuntura,
marcada por la crisis global económica, alimentaria, energética y
climática, en gran medida reflejo de las políticas impulsadas por el BID
y demás instituciones financieras multilaterales, es urgente evitar una
nueva etapa de endeudamiento ilegítimo en nuestra región.
No queremos ni necesitamos en la región un banco que financie la
desigualdad, el cambio climático, las políticas represivas y la
integración subordinada a un modelo hegemónico de desarrollo que, hoy
más que nunca, muestra al mundo su fracaso. Por este motivo, y con el
objetivo de continuar avanzando en el fortalecimiento y la articulación
de acciones de resistencia y construcción de alternativas, hemos
organizado un encuentro popular de 3 días, paralelo a la Asamblea Anual
de Gobernadores 2009 para sumarnos y dar seguimiento a las múltiples
maneras en que se ha expresado el rechazo a las políticas del BID, a lo
largo de sus 50 años.
El trabajo examinará tres ejes temáticos:
La Crisis Financiera. Para la banca multilateral, la actual crisis
financiera constituye una oportunidad para aumentar la deuda con
nuestros países. Un análisis detallado nos permitirá realizar un balance
sobre los procesos de liberalización económica, integración comercial y
privatización; sobre la ilegitimidad de las deudas reclamadas por el
BID; Los Retos de la Sustentabilidad. A pesar de las salvaguardias
ambientales adoptadas para su ciclo de proyectos, el BID todavía no
incluye la utilización de herramientas de planificación y de
ordenamiento territorial, previas a las decisiones sobre los grandes
proyectos de infraestructura; la falta de un Plan Maestro que enmarque
las acciones tomadas para enfrentar las consecuencias del cambio
climático y el reconocimiento de la deuda ecológica; Los Derechos
Humanos, particularmente los Derechos Económicos, Sociales, Culturales,
Colectivos y Ambientales. Debatiremos sobre la poca efectividad de los
mecanismos de participación para la sociedad civil; sobre los efectos de
la flexibilización laboral y la generación de empleo informal; el no
acatamiento al derecho de los pueblos indígenas a solicitar la consulta
previa que incluya el derecho a veto sobre los proyectos; sobre el alto
costo y mala calidad de los servicios públicos que han sido
privatizados, lo cual ha generado movimientos de usuarios
(“desconectados”) por no poder pagarlos; sobre la falta de inclusión de
temas de género; sobre la atención y la inclusión de la población
migrante, no sólo medida por la cantidad de las remesas que llegan y que
se deben canalizar, sino también por las propuestas de soluciones que
los migrantes organizados mismos traen a la mesa.
Activistas, intelectuales, artistas y funcionarios de gobiernos afines
harán parte de esta gran manifestación, que pretende contribuir a la
articulación de una plataforma social frente al BID, e incidir de forma
directa en las actuaciones de la institución, cuestionando los 50 años
de financiación de la desigualdad económica, el deterioro ambiental y
social que se evidencian en:
Un modelo de desarrollo enfocado en la extracción, expropiación y
exportación de productos primarios y en la liberalización salvaje que
aumentó la desigualdad, la injusticia en término de derechos humanos y
una mayor inequidad entre la región y el resto del mundo. La desigualdad
de poder entre grupos empresariales transnacionales y las poblaciones
afectadas y la imposición de los planes, las políticas y los proyectos
promovidos y financiados por el BID. La desigualdad y no satisfacción a
los derechos económicos, sociales y culturales esenciales para la
población latinoamericana, incluyendo el agua. La exclusión en la toma
de decisiones, perpetuando la desigualdad entre clases, géneros, etnias
y razas. La ausencia de un plan maestro para enfrentar las causas del
cambio climático y otros daños ambientales y sociales. El fracaso de las
políticas y proyectos de reforma agraria para cambiar el esquema de
expropiación, desplazamiento, concentración de la tierra. Sus discursos
populistas (Verbi gratia: “oportunidades para la mayoría”), que no han
tenido efecto alguno en la exclusión persistente y discriminación de
importantes poblaciones, incluyendo las mujeres, los pueblos indígenas y
afro descendientes, entre otras. La existencia de 20 millones de
latinoamericanos que ya no viven en sus lugares de origen, pues han sido
desplazados, expulsados, teniendo que buscar seguridad ciudadana y
bienestar en otras tierras, muchos viviendo como refugiados o en
condiciones de mayor pobreza e inseguridad, y con el agravante de ser
frecuentemente excluidos de su merecida medida de participación
política. La violación permanente y sistemática de los Derechos Humanos.
Los hechos son contundentes. No es posible afirmar que los objetivos
fundacionales del BID se hayan cumplido. Resulta indispensable repensar
el desarrollo que queremos como pueblos y países de América Latina y el
Caribe, que garantice un medio ambiente sano y el buen vivir de los
pueblos en la región. Esperamos contar con su apoyo para alcanzar éste
propósito políticamente ineludible.
Para mayor información, contáctenos en:
Página Web: http://www.frentebid2009.org
E-mail:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES:
1. Bank Information Center - BIC (Estados Unidos);
2. Bloque Popular y Coordinadora de Resistencia Popular (Honduras):
3. Campaña colombiana En deuda con los derechos (Colombia);
4. Censat Agua Viva. Amigos de la tierra internacional (Colombia);
5. Centro de Derechos Humanos y Ambiente - CEDHA (Argentina);
6. Centro Latinoamericano de Ecología Social - CLAES (Uruguay);
7. Colectivo Litigio e Investigación en Derechos Humanos - LIDH (Ecuador):
8. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE
(Ecuador);
9. Consorcio por la Semana de Acción Global: REPEM, Coalición Colombiana
por el
Derecho a la Educación, Viva la Ciudadanía - (Colombia);
10. Corporación de Gestión y Derecho Ambiental - ECOLEX (Ecuador);
11. Diálogo 2000 (Argentina);
12. Food & Water Watch
13. Frente Social y Popular (Paraguay);
14. Fundación Esperanza (Ecuador);
15. Fundación Pachamama (Ecuador);
16. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos - INREDH (Ecuador);
17. Grupo Semillas (Colombia);
18. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos - ILSA
(Colombia);
19. Instituto Popular de Capacitación - IPC (Colombia);
20. Instituto del Tercer Mundo - ITeM (Uruguay);
21. M´Biguá. Ciudadanía y Justicia Ambiental (Argentina);
22. National Alliance Latin American Caribbean Communities - NALACC
(Estados Unidos);
23. Observatório Ambiental - ObA (Brazil);
24. Plateforme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif -
PAPDA (Haití);
25. Productividad, Biósfera y Medio Ambiente - PROBIOMA (Bolivia);
26. Red de Educación Popular entre Mujeres - REPEM (Latinoamérica y
Caribe);
27. Rede Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales (Brasil);
28. Red Jubileo Sur (Américas);
29. Rede Jubileo Sur (Brasil);
30. Red Jubileo Sur (México);
31. Red Jubileo (Perú);
32. Seminario permanente por la educación a lo largo de toda la vida
(Colombia);
33. Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (Ecuador);
34. Sobrevivencia, Amigos de la Tierra (Paraguay);
35. Unión Nacional de Empleados Bancarios - UNEB (Colombia).
_/ /
_/1. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Panorama social
de América Latina, CEPAL-Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2008, p. 5. /
_/2. Ídem./
CAMPAÑA POR EL RECONOCIMIENTO
DE LA DEUDA ECOLOGICA
www.deudaecologica.org
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