¡NO SOMOS DEUDORES! ¡SOMOS ACREEDORES DE UNA DEUDA HISTÓRICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA!

DEUDA EXTERNA E IFIS
deudaexterna
Para cumplir con las obligaciones y los intereses de la deuda externa, los países del Tercer Mundo se ven presionados a exportar más y más recursos, generándose más deuda ecológica. El volumen de exportaciones de América Latina han aumentado en quince años, desde 1980 hasta 1995 en un 245% . Desde 1985 y 1996, en doce años, se habrían extraído y enviado al exterior 2.706 millones de toneladas de productos básicos, la mayoría de ellos no renovables. No se ha calculado aún cuánto material se transforma, destruye o mueve para lograr estas exportaciones, ni cuánta población ha sido afectada o desplazada.Como ejemplo podemos citar que mientras que desde 1982 hasta 1996, en catorce años, América Latina ha reembolsado 739.900 millones de dólares, es decir más del doble de lo que debía en 1982 que era 300.000 millones de dólares y sin embargo la deuda no ha disminuido sino que ha aumentado a 607.230 millones de dólares, debido a una clara especulación en los mercados financieros. El volumen de exportaciones de América Latina ha aumentado desde 1980 hasta 1995 en un 245%. Entre 1985 y 1996 se habrían extraído y enviado al exterior 2.706 millones de toneladas de productos básicos, la mayoría de ellos no renovables. El 88% corresponde a minerales y petróleo. Haciendo una proyección hacia el año 2016 él calcula que el total de exportaciones de bienes naturales de América Latina al Norte serán de 11.000 millones de toneladas. Podemos imaginar los impactos sociales y ambientales que esta extracción de bienes naturales generará.



Finanzas y moneda internacionales al servicio del ser humano, Alberto Acosta E-Mail
miércoles, 05 de agosto de 2009

 

Finanzas y moneda internacionales al servicio del ser humano

 

Una propuesta desde la utopía

 

Alberto Acosta [1]

14 de junio del 2009

 

 

“Ya lo ves, señor Nicetas -dijo Baudolino-, cuando no era presa de las tentaciones de este mundo, dedicaba mis noches a imaginar otros mundos. Un poco con la ayuda del vino, y un poco con la de la miel verde. No hay nada menor que imaginar otros mundos para olvidar lo doloroso que es el mundo en que vivimos. Por lo menos, así pensaba yo entonces. Todavía no había entendido que, imaginando otros mundos, se acaba por cambiar también ésteâ€.

 

Humberto Eco

 

 

“Sean realistas, pidan lo imposibleâ€,  

Graffiti, Paris, mayo de 1968

 

 

A lo largo de la historia del capitalismo las crisis se han sucedido una y otra vez. Su explicación radica en la inestabilidad propia de este sistema, Su evolución -atada a las demandas de reproducción y acumulación del capital- es cíclica, con sus fases de auge y de posterior declinación. Esto nos obliga a superar las lecturas superficiales concentradas en las efervescencias financieras. Esas burbujas, en realidad, ocultan, al menos por un tiempo, los problemas estructurales del proceso de acumulación. Y no sólo eso, estas fases de predominio especulativo sirven para garantizar elevados niveles de acumulación del capital cuando el aparato productivo ha entrado en una fase declinante de sus tasas de ganancia, nos recuerda Jürgen Schuldt.

 

Cabe anotar, sin adentrarse en el análisis de de este tipo de crisis, que en su raíz se fraguan los cambios tecnológicos, que casi siempre han acompañado la recuperación de la economía mundial desde los centros. La nueva revolución tecnológica, vale reconocerlo, era esperada desde hace dos décadas. Hasta ahora, sin embargo, el sistema capitalista no ha encontrado esa ansiada respuesta al relevo tecnológico; esto constituye uno de los retos fundamentales para su sobrevivencia.

 

Por otro lado, la actual crisis económica tiene una serie de facetas sincronizadas que no se agotan en el ámbito financiero, sino que se manifiestan en lo ambiental, lo energético, lo alimentario, quizás como antesala de una profunda y prolongada crisis civilizatoria. Todo esto hace cada vez más compleja una solución. Y por cierto, el sistema que emerja de la crisis será diferente al actual, lo que no necesariamente significa que será mejor.[2]

 

Simultáneamente debemos tener siempre presente que la factura de estas crisis se traslada, en un elevado porcentaje, a los sectores medios y pobres del mundo desarrollado, pero sobre todo a las economías empobrecidas por el sistema.

 

Desde esa perspectiva, la solución de los problemas inmediatos, derivados de esta crisis múltiple, es urgente y a la vez muy compleja. Hay que impedir que el comercio mundial se detenga de forma abrupta. Eso agravaría aún más las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Por eso hay que tratar, simultáneamente, de ayudar a garantizar el mayor número de puestos de trabajo y sobre todo las inversiones que benefician a los sectores más desprotegidos de la población mundial. Y al mismo tiempo habrá   que establecer bases sólidas para enfrentar esta serie de retos diversos e interrelacionados -económico, ambiental, energético, alimentario- que amenazan a la humanidad. Por ejemplo, tratar de recuperar el aparato productivo simplemente canalizando ingentes sumas de dinero a las grandes empresas (industria automotriz), esperando retornar a la senda perdida por los desajustes financieros, sin cambiar los patrones de consumo[3], podría agravar otros problemas de creciente significación: ambientales, energéticos, alimentarios…

 

En síntesis, no se puede reducir la atención a los temas coyunturales. El mundo debe contar con una estrategia que permita sentar las bases estructurales para el cambio, aprovechándose inclusive de las actuales dificultades coyunturales y por cierto de las debilidades relativas de los centros de poder mundial. Este cambio no surgirá si se espera simplemente que los países desarrollados resuelvan sus problemas, olvidando el carácter interdependiente y desigual de la economía internacional.

 

Esta estrategia, que surge desde visiones utópicas, se fundamenta en la realidad del todavía vigente sistema capitalista y en la imperiosa necesidad de impulsar el Buen Vivir en el mundo; es decir la vida armónica entre los seres humanos y de estos en la Naturaleza; una vida que ponga en el centro la autosuficiencia y la autogestión de los seres humanos viviendo en comunidad. Un esfuerzo que también debería abrir la puerta a un proceso soluciones mundiales urgentes, como podría ser un desarme masivo para destinar esos recursos a satisfacer las necesidades más apremiantes de la humanidad. Es decir, el esfuerzo debe estar centrado en “las sustancias†(Ana Esther Ceceña), antes que en las formas (instituciones o regulaciones). Ese es, en definitiva, el gran desafío de la humanidad.

 

Esto implica tener en mente un cambio de era. Habrá que superar la postmodernidad, en tanto era del desencanto. Habrá que superar la idea del progreso entendida como la permanente acumulación de bienes materiales, tecnológicos y de conocimiento al tiempo que se rescatan las utopías. Esto implicaría fortalecer los valores básicos de la democracia: libertad, igualdad, equidad y ciudadanía. ¿Será posible que a partir de la actual crisis se procese una nueva organización civilizatoria para hacer realidad dichas transformaciones, que permitan reconstruir -potenciando lo local- otro tipo de Estados nacionales, renovados espacios regionales, para desde allí construir democráticamente espacios globales democráticos? Esto implicará la construcción de una nueva forma de vida más responsable con los seres humanos y, en consecuencia, con la Naturaleza.[4]

 

Las ideas que se exponen es estas páginas buscan simplemente abrir la puerta al debate.

 

De la gran discusión mediática a una propuesta política

 

La gran discusión, sobre todo en la actualidad, se erige en torno a la idea de que resueltos los problemas financieros, la economía mundial volverá a su cauce normal. En los últimos años, una y otra vez, la economía internacional, sobre todo norteamericana superó, al menos temporalmente, los problemas atados al mundo financiero. Hay quienes esperan, entonces, que más pronto que tarde las cosas vuelvan a su normalidad. Por eso hay voces que anuncian el fin de la crisis, aún cuando ésta sigue afectando a cada vez más sectores y personas.

 

Como su superación no sucederá fácilmente y sus consecuencias se sentirán en diversos ámbitos, quizás por mucho tiempo, es preciso empezar a pensar en soluciones estructurales. Aún en el supuesto de que lo peor de la actual crisis financiera fuera superado en poco tiempo[5], bien vale la pena imaginar otro mundo para terminar de cambiar éste. Entre las muchas tareas que habrá que asumir en todos los ámbitos de acción estratégica, -global, regional, nacional y por cierto local-, es hora de construir una propuesta de sistema financiero internacional, que no simplemente viabilice un funcionamiento más racional del sistema capitalista, sino, en última instancia, contribuya a su sustitución por otro sistema civilizatorio. Esto nos lleva a una conclusión simple: el objetivo no es recuperar el sistema financiero, éste es apenas una herramienta.

 

El punto medular de esta propuesta radica en diseñar y aplicar una solución con un enfoque integral. Parches o simples mejoras a las normas e instituciones existentes apenas postergarían el aparecimiento de nuevas situaciones críticas. Para lograr dicha globalidad se debe incorporar a todas las categorías de actores. No es suficiente (¡ni tolerable!) que sólo intervengan los países más ricos: G-7, G-8, G-20, menos aún las instituciones financieras internacionales.

 

En este punto, reconociendo que la crisis internacional tiene su origen en los países centrales, habría que tener presente las medidas asumidas por los países más poderosos, en el seno del G-20, para “ayudar a los países a amortiguar el impacto de la crisis financiera en la actividad real y a limitar las repercusiones en la pobreza, sobre todo en las economías en desarrollo†(Global Financial Stability Report, abril 2009).

 

La reunión del G-20 en Londres, a inicios de abril del 2009, supuso no sólo otro intento más por dar respuestas a la desbordante crisis. Más allá de las fotos y las serias sonrisas de los líderes del grupo de países que componen el G-20, se tomaron algunas decisiones que deben ser necesariamente analizadas por sus implicaciones en muchos países del mundo.

 

La primera y principal medida de dicha reunión -a principios de abril del 2009- fue basada en la receta de más suero monetario; cuadriplicaron la capacidad financiera del FMI y del séquito de instituciones financieras internacionales que son las mismas que, como mínimo, podemos afirmar que han permitido esta crisis (por no decir que la han provocado). Se decidió inyectar una enorme cantidad de dinero al FMI, triplicando su capacidad de préstamo (750.000 millones de dólares) y autorizar un incremento sustancial de la emisión de sus Derechos Especiales de Giro (DEG), por un valor de 250.000 millones de dólares.

 

En esta misma línea de revivir y fortalecer estas instituciones, se ha decidido capitalizar al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 100.000 millones de dólares. Se supone que buena parte de esa enorme masa monetaria, que recibirán el Banco Mundial y el FMI, estará destinada a conjurar la crisis en los países del Este y que una pequeña porción irá a los llamados países emergentes, que deberán  financiarse con sus reservas o bien con un nuevo ciclo de endeudamientos con el FMI y otros organismos muntilaterales. No obstante, estos préstamos no serán gratis. Ya se han aplicado las famosas condiciones de “austeridad†en los créditos a Pakistán, a El Salvador y a los países del Este de Europa, en contraposición con las medidas keynesianas de quienes prestan. Se exige austeridad apelando a muchas de las medidas del decálogo del Consenso de Washington (por ejemplo, ajuste fiscal) al prestatario, mientras que el prestamista tiene autorizado el déficit fiscal.

 

Concretamente, los gobiernos de los países más ricos aceptaron poner en marcha planes de estimulo fiscal por montos enormes en sus economías. Existe alguna diferencia sustantiva entre las medidas del Consenso de Washington y el Consenso de Londres, formulado a partir de la reunión del G-20. Antes, al menos en el ámbito fiscal, se intentaba predicar con el ejemplo, ahora no. Evolucionamos a un escenario capitalista aún más hipócrita. Una vez comprobado que las medidas de antaño no funcionaron, ahora se permite que los países ricos (centro neurálgico de la crisis) ya puedan emprender otras políticas, pero los países de la periferia deben seguir funcionando con la misma lógica ya fallida.

 

Otra medida tomada fue la intención de destrabar la Ronda de Doha y reflotar la Organización Mundial del Comercio (OMC) para tratar de evitar que el comercio mundial siga cayendo y frenar el proteccionismo creciente. No obstante, en la práctica, son muchas las medidas que van en sentido contrario en Estados Unidos y en Europa, particularmente.

 

La esperada reforma del FMI no se produjo. El FMI salió reforzado en sus vigentes medios de decisión, continuando con el mismo sistema de votación: Europa continuará detentando el 32% de los votos y los Estados Unidos el 16,8%. No habrá nueva configuración del poder mundial. No habrá mayor peso de China, India y Brasil en la toma de decisiones. Todo fue postergado hasta la primavera del 2011.

 

Cabe prestar atención al particular criterio para conformar el G20, porque no son los 20 países más ricos, sino que está conformado por algunos países semi periféricos -por ejemplo, Brasil y Argentina, para mencionar los dos más grandes de América Latina-, pero muy estratégicos de cara a frenar la creación de bloques regionales. La presencia de Argentina, en el puesto 30 por su PIB nominal, parece ser una interesante táctica para cooptar cualquier proceso de integración que se pudiera dar en América del Sur. Lo mismo sucede con Sudáfrica (puesto 31 en su PIB nominal). El tablero geopolítico está en juego, y parece más ventajoso para el nuevo gobierno global dejar fuera a países como España (noveno país en cuanto a PIB nominal) o a los Países Bajos (puesto 16) a cambio de introducir a países de la periferia o semi periferia con la intención de trabar cualquier planteamiento alternativo que pueda surgir desde nuevos marco de integración (por ejemplo, la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, ALBA).

 

En estas complejas condiciones, el esfuerzo, por más difícil que parezca, debería darse desde la estructura de Naciones Unidas, la única capaz de representar una soberanía internacional colectiva; siempre y cuando esta organización experimente una profunda reestructuración democrática; en la actualidad este organismos no es garantía para sostener respuestas efectivas y de largo aliento. Recordemos que, sobre todo en la última época, cuanto más poder y cuanto más influyentes son las instituciones mundiales, menores son los controles y los espacios de toma de decisiones sustentados en prácticas democráticas (Véase el FMI, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo - BID).

 

Por eso es indispensable contar con instituciones internacionales democráticas y comprometidas con el Buen Vivir de todos los pueblos.  Los países poderosos, lo demuestra la historia, intentarán siempre velar por sus intereses a costa de los países más débiles, y conforme alcanzan más poder utilizarán los medios necesarios para garantizar su bienestar, incluyendo el uso de la fuerza… La historia nos demuestra hasta la saciedad, como lo anticipó hace más de 150 años, Friedrich List, que su estrategia ha sido la de “patear la escaleraâ€, para impedir que los países subdesarrollado alcancen el pedestal conseguido por los países ricos utilizando la misma senda que les resultó exitosa. Por eso hay que impedir que la institucionalidad internacional (incluyendo aquellas en el ámbito regional) sirva para que los países poderosos controlen la economía y por cierto la política mundial. Las instancias de control internacional no pueden ser mecanismos de dominación per se.

 

La solución tampoco pasa por hacer lo mismo que antes, aunque fuera con un comportamiento ético mejorado.[6] La ambición de unos cuantos Estados y de las empresas transnacionales siempre estará presente. Hay que pensar y hacer algo distinto.  

 

No hay que esperar el concurso de los actuales organismos internacionales, particularmente Banco Mundial, FMI y BID. Ellos son corresponsables directos de la crisis, sea por acción o por omisión. [7]

 

Cambiar las actuales estructuras de poder puede tener muchos caminos. Quizás son necesarios liderazgos colectivos -“ilustrados†y “humanistasâ€- para abrir la puerta a una etapa, que aborde la construcción de una nueva sociedad. Es decir, se requiere una batalla con las instituciones como mecanismos, pero en lo profundo es una guerra de ideas y de ideales.

 

En definitiva, hay que crear las condiciones para que los gobiernos de todos los países, con el concurso de su propia sociedad civil, sean sujetos en la construcción de un nuevo sistema financiero internacional. No debe quedar ningún actor fuera del proceso. Los organismos multilaterales, repensados íntegramente, deberán cumplir la tarea que les asigne la comunidad internacional.

 

En este punto debe quedar absolutamente claro que no se trata de construir una nueva arquitectura financiera internacional tecnocrática. El punto de partida es replantearse integralmente la lógica económica. El ser humano, como parte integrante de la Naturaleza, y por cierto la Naturaleza misma, deben estar por sobre la lógica de acumulación de capital. La lógica política debe primar sobre las demandas del mercado, los gobiernos democráticos sobre las empresas transnacionales. Y la concepción de esta estrategia de cambio debe basarse en los Derechos Humanos -políticos, económicos, sociales y culturales-, así como en los Derechos de la Naturaleza.

 

La pregunta de fondo es cómo hacer realidad los cambios indispensables; es decir cómo cristalizar las nuevas instituciones y regulaciones globales, inspiradas en una renovada lógica económica, sabiendo que los grupos de poder mundial no están dispuestos a ceder sus privilegios. Hasta poder cristalizar propuestas globales sólidas y duraderas, hay que trabajar en la construcción de organismos regionales que sean la base de la nueva institucionalidad mundial. Los países vecinos, que tienen mayores afinidades entre sí, asociándose entre ellos, pueden conseguir sus propósitos y regular sus relaciones productivas, financieras, comerciales, laborales, migratorias, ambientales, tecnológicas y por cierto políticas. 

 

A nivel internacional cada uno de estos espacios regionales tendrá que interrelacionarse en un sistema de nodos, procurando minimizar el peso de una instancia única mundial dominada por pocas naciones. El resultado sería provocar una fragmentación del poder mundial concentrado, al  tiempo que el mundo se deconstruye. Así se neutralizaría, al menos en parte, el exceso de poder de unos pocos países sobre el resto. [8] 

 

Hacia la constitución de un Código Financiero Internacional

 

El mundo requiere un marco jurídico regulador del sistema financiero: un Código Financiero Internacional acordado por todos y al que se acojan todos los actores sin excepciones. Esta solución tiene que ser internacionalmente pactada para ser reconocida. Además, deben establecerse condiciones positivas para frenar o al menos aminorar los impactos negativos que se desprenden de la evolución cíclica del sistema capitalista.

 

Este Código, que aparece asociado a una resolución equilibrada de diferencias, debe abrir la puerta a un sistema que funcione como la suma de mecanismos reguladores de todas las transacciones financieras. Habrá que garantizar transparencia en todas las operaciones, así como un esquema de información igual de transparente y abierto para la calificación de riesgos crediticios, al margen de los que han monopolizado ese subsector.

 

La piedra angular de esta propuesta global radica en la construcción de este Código (que podría empezar a configurarse con una serie de códigos regionales). Este, a su vez, debería garantizar que la neutralidad no sea del territorio en referencia de un país determinado, por más influyente y neutral que fuese, ni dónde se establece el tribunal, sino del código jurídico. Los códigos jurídicos existentes hasta la fecha corresponden a la territorialidad de los acreedores por el tema de la ejecución de garantías, por ejemplo. La neutralidad del código debe asegurar la protección de todos los actores.

 

Lo que se propone, para evitar la figura de “tomar partidoâ€, es que la jurisprudencia de un actor no sea la que se imponga sino una jurisprudencia internacional. [9]

 

No es aceptable, dentro del derecho internacional, que, por ejemplo, los diversos instrumentos financieros sirvan como herramientas de presión política para que un Estado grande o una instancia controlada por pocos Estados poderosos, impongan condiciones (con frecuencia insostenibles) a un Estado más débil, como las que se dieron a través del manejo de la deuda externa y del consiguiente ajuste estructural. Tampoco el pago de la deuda externa puede ser un freno para el desarrollo humano o una amenaza para el equilibrio ambiental. En este conflictivo ámbito de la deuda externa, no sólo estaría en la mira la resolución de los problemas del endeudamiento, sino el nacimiento de un sistema económico mundial más estable, sustentable y equitativo que redunde en beneficio de toda la humanidad.

 

La pretensión de sobreproteger a las inversiones extranjeras, sobre todo a las especulativas, resulta también inadmisible en la medida que frena las posibilidades de desarrollo autónomo de los países empobrecidos por las propias relaciones financieras internacionales. Los sistemas de arbitraje internacional, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial y al servicio de los intereses transnacionales, deberían ser sustituidos por esquemas regionales de arbitraje y control de las inversiones extranjeras; esquemas diseñados y manejados por los propios países de la región. Además, las inversiones extranjeras directas deben regirse por criterios sociales y ambientales. No es posible que se quiera dotarles de marcos jurídicos protectores superiores a los de los inversionistas locales, incluso equiparables a los de los propios seres humanos...

 

En el marco de este Código, también hay que desarrollar diversos mecanismos de control de los flujos de capital a nivel internacional, como podrían ser la introducción largamente esperada del Impuesto Tobin. No puede faltar el impuesto Daly a la extracción de petróleo crudo u otros productos que afecten a la biodiversidad y el ambiente. Con los recursos que se obtengan de estas iniciativas se establecería un Fondo Fiduciario Mundial de Inversión con funciones de redistribución y transferencia, incluyendo entre sus tareas, acciones para prevenir cualquier tipo de ataque especulativo en contra de los países más vulnerables.

 

Por igual, es cada vez más urgente la desaparición inmediata de todos los paraísos fiscales[10], en donde se concentran muchas veces los capitales golondrina que alientan la especulación financiera internacional e, incluso, los recursos mal habidos productos de la corrupción. Es dinero de la corrupción, en sentido estricto, bien por venir de negocios ilícitos, o bien por la voluntad inequívoca de no pagar impuestos, yendo en contra de la redistribución y la justicia social. En la misma senda de acciones habrá que resolver los retos que se derivan del narcotráfico, reconocida fuente de acumulación de capitales especulativos (Un adecuado control y despenalización del consumo de las drogas no pueden ser desechado).

 

Habría que dotar al sistema económico internacional de redes de seguridad e información regionales para no tener que “disfrutar†de las crisis recurrentes. Para lograrlo se precisa un sistema de prevención de crisis y de minimización de los riesgos que éstas implican, con redes de contención  de los peores efectos de este tipo de crisis. Pero estas redes tendrían que crearlas los países de América Latina y el Caribe, Asia, Ãfrica y Europa misma, desde el ámbito regional, al menos mientras no existan las condiciones democráticas para impulsar una reinstitucionalización del mundo desde espacios globales.

 

Un corolario de este proceso en ciernes es que el derecho penal internacional debe de incorporar -en un ejercicio continuado de globalización del derecho[11]- cláusulas de penalización a la corrupción de carácter internacional con castigos severos para todas las partes involucradas. Estableciendo, además, mecanismos de compensación para aquellos actores que han sido dolosamente perjudicados o estafados. En suma, se precisa construir una situación global de derecho.

   

Hacia un Banco Central Mundial

 

La creación de un Banco Central Mundial es indispensable. Sería un banco que no tendría absolutamente nada que ver con el Banco Mundial o el FMI. Tampoco se prevé una entidad que limite la soberanía económica de los países. Este Banco Central Mundial tendría varias tareas clave, como la de normar la emisión de una moneda global[12] (por ejemplo a través de un Sistema de Derechos Especiales de Giro -SDR, por sus siglas en inglés- ampliado, con emisiones periódicas y reguladas[13]) o de una canasta de monedas globales para el funcionamiento de las relaciones económicas mundiales.[14] Otra de las funciones de este nuevo Banco sería la de actuar como un consejo de coordinación internacional en el ámbito monetario y financiero, particularmente.

 

Debe quedar claro que no se trata de construir un nuevo Bretton Woods; aquel sistema que nació a mediados del siglo pasado y que propulsó al dólar como moneda mundial. Tampoco está en la mira simplemente la construcción un organismo internacional de supervisión financiera internacional, tal como lo propone la canciller alemana Angela Merkel, apoyada por Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía.[15]

 

Para erradicar gran parte de los problemas financieros y monetarios existentes, el mundo debe liberarse de las ataduras del dólar. Un solo país, por más fuerte que sea, no puede ser más el regulador de los principales flujos financieros gracias al monopolio de la emisión monetaria.

 

Si se mantiene la primacía monetaria de un país, por más poderoso que sea, no se conseguirá sentar las bases para soluciones duraderas. Así, dentro de una canasta de monedas, en ningún caso es conveniente que exista una moneda de un país que resulte dominante, pues eso mantendrá las estructuras inequitativas y las tendencias de volatilidad e inestabilidad asociadas a la desigualdad. Este punto es crucial. Si no se resuelve este reto, los problemas económicos mundiales se mantendrán latentes. Y seguiremos atrapados por estructuras políticas desiguales y concentradoras.

 

En este punto cabe una advertencia. La evolución del dólar norteamericano presenta una serie de aspectos preocupantes. Más allá de la reciente (aparentemente incomprensible) revaluación del dólar, hay que estudiar lo que podría suceder con una moneda que está sujeta a presiones inflacionarias por efecto del multimillonario salvataje de sus bancos y varias empresas industriales a cargo del gobierno estadounidense. [16] Además, no se pueden ocultar los problemas que atraviesa la economía de los EEUU atrapada por dos déficits mayúsculos: fiscal y comercial; una economía que enfrenta un endeudamiento monumental (superior ya a los 11 billones de dólares), así como la quiebra de varios bancos y que tiene a su industria automotriz al borde del colapso.

 

Una de las tareas de un Banco Central Mundial podría incorporar también lo que J. M. Keynes propuso en Bretton Woods: un sistema en que aquellos países con superávit aportan y los países en déficit reciben automáticamente para buscar un mayor equilibrio económico. Cabe impulsar, al inicio, una nueva emisión de SDR, que serían distribuidos -sin ataduras ni condiciones- sólo entre los países subdesarrollados, mientras que los países ricos renunciarán a aquellos SDR que les corresponderían en dicha emisión.

 

El Banco Central Mundial, en tanto espacio de compensación, acumularía recursos en tiempo de bonanza, para emplearlos en épocas de crisis, beneficiando a las poblaciones afectadas y no a los bancos causantes de la debacle, como sucede en la actualidad.

 

Para lograrlo, es necesario que este Banco Central Mundial, así como los nuevos organismos rectores del sistema financiero sean realmente instituciones especializadas de unas Naciones Unidas democratizadas. El FMI y el Banco Mundial (no se diga el BID en América Latina y el Caribe) han fracasado; no tuvieron ni la eficiencia, ni la relevancia requerida para anticipar la crisis, tampoco podrán resolverla. Han actuado como simples mandatarios de las grandes potencias y del gran capital. Han sido actores destacados en el montaje del casino financiero mundial, impulsando la liberalización y desregulación de los flujos financieros y de capitales. Nada han dicho, ni hecho para frenar el sobreendeudamiento de los países más ricos. Invadieron espacios para los que no fueron creados, sobre todo en el comercio mundial y en el desarrollo, en el caso del FMI. Ahora hay que impedir que estos organismos, aprovechándose de la crisis, pretendan volver a someter a los países subdesarrollados con un nuevo ciclo de endeudamiento y condicionalidades.

 

Estas instituciones expresan los intereses de los actores de mayor poder económico actuando bajo un doble rasero: por un lado, facilitan la acumulación ilimitada de ganancias a los inversionistas del Norte, incluso haciéndose de la vista gorda mientras lucraban desmedidamente especulando, y por otro lado, a los países del Sur les imponen medidas de ajuste bajo el argumento de garantizar la “estabilidad económica mundialâ€. Este accionar, en realidad, ha exacerbado los procesos descontrolados de acumulación del capital y por cierto la acción de los operadores de fondos especulativos que han actuado irresponsablemente, como producto de los esquemas de desregulación y liberalización desplegados sobre todo en las últimas décadas, bajo la égida de dichos organismos internacionales.

 

Parte del problema radica en la ausencia de controles democráticos sobre los organismos multilaterales. Los organismos financieros internacionales aparecen como inimputables. Se encuentran por encima de todas las leyes y de todos los controles. Es más, imponen cláusulas cruzadas, actuando de manera colusoria en forma perversa y hasta dolosa. Todo esto es inaceptable en un mundo más integrado donde se propone la democracia como el sistema de gobierno. Por lo tanto, debe quedar claro que no sólo se requieren cada vez mayores volúmenes de recursos financieros para trasladarlos a los países empobrecidos. De lo que se trata es de organizar otra economía, no simplemente de cambiar las reglas de juego.

 

Estos organismos internacionales, con nuevos y precisos marcos de acción, deben rendirle cuentas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la que, a su vez, podría servir para canalizar las demandas nacionales sobre estos organismos. Los espacios de control regional también deberán ser adecuadamente estructurados; es preciso apoyar, también, la creación de nuevos entes regionales que asuman esta tarea, como podría ser el caso de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) o mejor aún una Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños (OELAC).

 

Incluso deben diseñarse y constituirse mecanismos internacionales e instancias de sanción a los organismos internacionales y sus funcionarios. Esto moderará la actitud irresponsable que actualmente tienen estas instituciones frente a los problemas de las economías con las que trabajan. La impunidad ha sido la regla…

 

A nivel regional, desde donde en realidad se debería disputar el sentido histórico de los cambios globales, las propuestas afloran con creciente intensidad. Desde estos espacios regionales se podría empezar, entonces, a conformar la nueva institucionalidad mundial.

 

En América Latina, de la conformación del Banco del Sur y un Fondo de Estabilización del Sur, se ha pasado a pensar en un Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) [17], que facilite los flujos comerciales regionales y aliente una progresiva desdolarización de las relaciones comerciales y financieras interregionales. Esta iniciativa podría ser la antesala de un sistema monetario y financiero regional, la que debería ser complementada con su propio código financiero. Esta sería la base para una reorientación de los flujos comerciales de los países latinoamericanos y caribeños hacia la misma región. Incluso la mencionada emisión especial de SDR podría coadyuvar para fortalecer el comercio regional, liberándolo de las ataduras del dólar.

 

En Asia, una iniciativa del ASEAN en apoyo del Japón, propuso hace un par de años una serie de acuerdos bilaterales para asegurar la cooperación financiera regional de apoyo a las balanzas de pagos de los países miembros; también planteó la creación de un fondo monetario asiático, que incluiría una unidad monetaria regional para viabilizar el comercio intraregional y una cámara de compensación diseñada para asegurar el intercambio de las monedas de los Estados asociados.

 

La misma experiencia de la Unión Europea, con todas sus limitaciones, ofrece una multiplicidad de lecciones para la construcción de espacios regionales sobre los que debería sustentarse el nuevo sistema financiero mundial.

 

Reconozcamos, que, por lo pronto, muchas de estas iniciativas regionales no han logrado convertirse en realidad. En América del Sur las propuestas formuladas en años recientes, en estricto apego a la verdad, aún no han superado el nivel discursivo. Incluso en Europa, a pesar de todos los avances en la conformación de una economía regional, que cuenta con una moneda común para gran parte de sus miembros, las respuestas frente a la actual crisis económica no han sido unitarias y menos aún internacionalmente trascendentes, como se podía haber esperado.

 

Propuestas existen. Discursos sobran. Falta todavía la voluntad política para cristalizarlas…

 

Hacia un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana

 

En este punto, para abordar uno de los temas más complejos en el mundo financiero, se precisa lo antes posible la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana, en los términos propuestos por Oscar Ugarteche y el autor de estas líneas.

 

Todos los organismos internacionales, como el FMI y el Banco Mundial [18], deben dejar de ser espacios de decisión sobre acuerdos de reestructuración de deudas en donde los acreedores imponen condiciones a los deudores. Igualmente deben desarmarse todas las condicionalidades cruzadas, las que, cual una telaraña construida y controlada por los organismos multilaterales de crédito y los países ricos, tienen presos a los países endeudados. Téngase presente que las inequidades en las relaciones económicas internacionales han sido también causantes de la propia incertidumbre financiera.[19]

 

Uno de los capítulos medulares, que debería contemplarse en este Tribunal, y por cierto en el Código Financiero Internacional, será el de la legalidad y la legitimidad de las actividades financieras. Es preciso separar las deudas adquiridas legal y legítimamente, que pueden ser pagadas, de aquellas deudas que pueden y deben ser impugnadas a partir de la doctrina de las deudas odiosas, usurarias y corruptas. El descubrimiento de aquellas deudas odiosas, es decir contratadas en contra del interés de los habitantes de un país, normalmente por gobiernos dictatoriales, no sólo conduciría a la suspensión de su pago, sino que podría constituirse en una barrera para prevenir aventuras dictatoriales. Para empezar esta tarea nada mejor que una auditoria con amplia participación y control de la ciudadanía.

 

En dicho Código, dentro de los temas vinculados al endeudamiento externo, también deberían considerarse aquellos elementos susceptibles de prohibición y sanción: cláusulas ilícitas, vicios de consentimiento, anatocismo, gastos y comisiones desproporcionados cubiertas por los deudores sin control alguno, operaciones simuladas, colusión dolosa, deudas “estatizadas†o “socializadasâ€, etc. Transparencia y acceso universal a la información son mecanismos que deben estar presentes en todo tipo de negociación financiera, tanto como mecanismos que aseguren el respeto a la Naturaleza.[20] Entonces, el procesamiento de la deuda ecológica e incluso de la deuda histórica, en la que los países pobres son los acreedores, no puede ser marginado.

 

En este punto también asoma como necesario el establecimiento de cláusulas de contingencia en los instrumentos rígidos de créditos. Si históricamente se sabe que las caídas en los precios de las materias primas, el alza en las tasa de interés y el cierre del flujo crediticio es lo que precipita una crisis de pagos, se entiende que las crisis de deuda son, en realidad, crisis por falta de ingresos que se expresan en una incapacidad de pagar deudas externas. Sería conveniente, entonces, disponer de una cláusula que explicite la posible suspensión del pago (y cobro) de las deudas, cuando los ingresos por exportaciones tuvieran una contracción por efecto de un problema ajeno a la economía nacional del deudor. Esta sería una forma de evitar  traumas a todos los actores y al mismo tiempo abriría la puerta a la posibilidad de un retiro ordenado y a tiempo, antes de que una debacle económica y social sea la antesala de una moratoria forzada de la deuda externa.

 

Las causales de cesación de pagos deben quedar establecidas de forma que los casos de fuerza mayor sean tratados de un modo distinto que los casos de mala administración. En el comercio internacional existen cláusulas de salvaguardia en caso de incumplimiento que se ventilan en el Tribunal Internacional de Arbitraje por la Cámara Internacional de Comercio de París cuando se entra en disputa. Estas cláusulas  tienen un criterio de fuerza mayor para los incumplimientos de contratos de entrega de bienes. No existe nada análogo para el sistema financiero internacional. Hay que establecer en el Código este tipo de situaciones. Y por cierto, habrá que pensar en cláusulas de acción colectiva, que son aquellas por las que si una mayoría calificada de acreedores bonistas está dispuesta a sentarse a negociar  un acuerdo de refinanciación, entonces la participación de todos los bonistas estaría representado. Hay que cerrar definitivamente la puerta a los especuladores.

 

   Por otro lado, cualquier arreglo no debe afectar las inversiones sociales y la capacidad de recuperación del aparato productivo. De ninguna manera se puede hipotecar el diseño y ejecución de las políticas económicas nacionales como consecuencia de los esquemas de renegociación de deuda. Así mismo, las rebajas en los saldos de la deuda deben ser directamente proporcionales a las restricciones comerciales de los acreedores. Es decir, a más barreras arancelarias en los países acreedores, más desendeudamiento de su parte.

 

Hacia un nuevo sistema económico internacional

 

El objetivo de estas tres propuestas, formuladas en forma sintética, es la construcción de un nuevo y sobre todo mejor sistema económico internacional. En concreto, sobre estos tres pilares se puede empezar a diseñar un nuevo sistema financiero y monetario mundial. Esto no se logrará con una simple reforma interna del FMI y del Banco Mundial. Se precisa un nuevo sistema que ayude a regular y normalizar otro proceso de globalización sobre bases de solidaridad, reciprocidad y sustentabilidad.

 

Las finanzas deben estar al servicio del aparato productivo, de un comercio mundial justo y sustentable, así como de las demandas sociales de los pueblos de la tierra. Es necesario desmontar la generación de riqueza financiera, sobre todo especulativa. [21] Se busca recuperar el aparato productivo y de servicios, en el marco de un nuevo estilo de vida sustentable, inspirado en el Buen Vivir.

 

Por cierto, en un esfuerzo de glocalización de una estrategia de este tipo, serán necesarias medidas en todos los ámbitos, sin descuidar el ámbito nacional, destinadas a viabilizar este cambio estructural. Es indispensable una transformación profunda del sistema bancario y del sistema bursátil en cada uno de los países. Los bancos deben ser bancos y nada más que bancos, por lo tanto, no deberían intervenir en actividades bursátiles. Por otro lado, se debe limitar los instrumentos financieros del mercado de capitales que dan espacio a la especulación y a las propias prácticas bursátiles que incentivan el juego financiero de búsqueda de ganancias en el corto plazo. Por igual se requiere profundas reformas tributarias, sobre bases de equidad y profunda transparencia (inclusive con criterios ecológicos), rescatando la justicia tributaria en su máxima expresión.

 

Otro error a ser evitado, es la aplicación de políticas monetarias y cambiarias que impliquen una pérdida de soberanía económica, como se da con  la dolarización de una economía, por ejemplo. Este tipo de decisiones tienen una serie de efectos que rebasan el horizonte nacional, ocasionando distorsiones que enrarecen las relaciones económicas con los países vecinos. Este es un llamado a la utilización de la política económica para corregir los desequilibrios y conseguir mayor igualdad, llave de un futuro mejor. Cooperación regional y uso de las herramientas disponibles son clave en este campo.

 

En complemento a los cambios radicales que requiere el sistema financiero, habrá también que abordar otros campos. Hay que normar las relaciones laborales, afectadas ahora también por la creciente restricción a la movilidad de trabajadores, lo que permite que los países ricos se beneficia de mano de obra barata y también de personas altamente capacitadas cuando les conviene. Las disparidades comerciales merecen una atención preferente: los términos de intercambio son muchas veces negativos para los bienes primarios, el proteccionismo afecta bienes manufacturados provenientes de los países subdesarrollo, los servicios que generan valor son controlados financiera y tecnológicamente por los países ricos. Esto implica repensar íntegramente la Organización Mundial de Comercio (OMC).

 

En esta nueva situación, que debe tender consecuentemente a la globalización del derecho, hay que comenzar a pensar también en una institucionalidad ecológica adecuada para dar respuesta a los retos internacionales en este campo. Dicha institucionalidad tendrá que asumir, más temprano que tarde, los Derechos de la Naturaleza como norma básica para reinstaurar la armonía en la vida de los seres humanos con su entorno.

 

En este punto cobra fuerza la propuesta del presidente boliviano, Evo Morales:

 

“Necesitamos una Organización Mundial de Medio Ambiente y del Cambio Climático, a la cual se subordinen organizaciones comerciales y financieras multilaterales, para promover un modelo distinto de desarrollo, amigable con la Naturaleza y que resuelva los graves problemas de la pobreza. Esta organización tiene que contar con mecanismos efectivos de implantación de programas, verificación y sanción, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos presentes y futuros... La humanidad es capaz de salvar el planeta si recupera los principios de solidaridad, complementariedad y armonía con la Naturaleza, en contraposición al imperio de la competición, del lucro y del consumismo de los recursos naturalesâ€. [22]

 

Esta Organización podría asumir las tareas de superintendencia ambiental mundial. Conjuntamente con la creación de esta Organización Mundial de Medio Ambiente y del Cambio Climático se podría dar paso a la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Es relevante de cara al futuro, y también, desde la política económica, pensar en la promoción de un patrón de desarrollo que, por ejemplo, sea bajo en consumo de combustibles fósiles y emisiones de CO2.

 

En paralelo habría que dar paso al fortalecimiento de la Corte Penal Internacional, para perseguir y sancionar todo tipo de delitos económicos y financieros internacionales, incluyendo los ambientales.

 

Construir sistemas de indicadores de riesgo propios, alejados de los perversos índices de riesgo-país, es otra de las tareas a asumir. Sobre esto cuando ya hay varias experiencias que merecer ser fortalecidas y replicadas, por el ejemplo el “índice de riesgo-país alternativo†del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Uruguay. Estos nuevos indicadores constituyen una gran oportunidad no sólo para denunciar las limitaciones y falacias de los sistemas de “riesgo-país†dominantes, que recrean permanentemente nuevas incertidumbres, sino que, al discutir metodologías para calcular de otra manera y con renovados contenidos otros índices de “riesgo-paísâ€, se avanza en el diseño de nuevas herramientas para intentar medir cuán lejos o cuán cerca estamos de la construcción democrática de sociedades democráticas y sustentables.[23] Esto es, en sí, una demostración palpable de como la crítica puede dar un salto cualitativo al abrir la puerta al diseño de propuestas viables y renovadoras.

 

Para impulsar esta iniciativa desde una perspectiva global, se requieren instituciones globales -siempre con adecuados mecanismos de control democrático y participativo-. Sin embargo, tal como se lo ha señalado a lo largo de esta reflexión, estas instituciones pueden surgir inicialmente desde lo regional y por cierto también respaldadas desde los ámbitos nacionales y locales. Incluso para diseñar respuestas regionales es preciso tener claridad en el horizonte global.

 

El objeto de esta estratégica, apenas esbozada, es el Buen Vivir de la población, de toda la población de la tierra; así de fácil y así de difícil.- 

 

 

Bibliografía

 

-          Acosta, Alberto; Desarrollo Glocal - Con la Amazonía en la mira, Corporación Editora Nacional, Quito, 2005.

-          Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza; Derechos de la Naturaleza – El futuro es ahora, Abya – Yala, Quito, 2009.

-          Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza; El Buen Vivir – Una vía para el desarrollo, Abya – Yala, Quito, 2009.

-          Acosta, Alberto; Hacia un nuevo sistema financiero internacional - Propuestas desde la Utopía, en varios autores; La primera crisis global del siglo XXI – Miradas y reflexiones, CLAES, Montevideo, 2009.

-          Gudynas, Eduardo; La crisis de la ideología de mercado y el regreso de la política ambiental, en ALAINET, 4 de noviembre del 2008.

-          Gudynas, Eduardo (compilador); El otro riesgo país – Indicadores y desarrollo en la economía, ILDIS-FES, D3E y Abya-Yala, Quito, 2005.

-          List, Friedrich; Sistema nacional de economía política, Aguilar, Madrid, 1955.

-          Marx, Karl; Das Kapital - Kritik del politischen Ökonomie, Frankfurt am Main, 1972.

-          Molero Simarro, Ricardo y Montero Soler, Alberto; El SUCRE: frente a la crisis, un proyecto de integración monetaria al servicio de los pueblos, www.rebelion.org, (23.3.2009).

-          Quijano, Aníbal; Des/colonialidad del poder - Horizonte alternativo; en Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza; Plurinacionalidad – Democracia en la diversidad, Abya – Yala, Quito, 2009.

-          Schuldt, Jürgen; La triple crisis de la economía norteamericana; en Análisis de Coyuntura Económica – Una lectura de los principales componentes de la economía, ILDIS y FLACSO, Quito, 2009.

-          Serrano, Alfredo y Acosta, Alberto; Ecuador frente a la crisis económica internacional - Un reto de múltiples aristas, Revista Polemika N° 1, Quito, junio 2009.

-          Ugarteche, Oscar y Acosta, Alberto; Post Bretton Woods: Los problemas de la economía global, y el tribunal internacional de arbitraje de deuda soberana, en Acosta, Alberto y Falconí, Fander (editores); Asedios a lo imposible – Propuestas económicas en construcción, ILDIS-FES y FLACSO, Quito, 2005. (Nota: sobre este tema hay varias publicaciones de los autores).

 

Nota: Dejo constancia de mi agradecimiento por los valiosos aportes recibidos de varias personas para completar la elaboración de este texto: Ana Esther Ceceña, Esperanza Martínez, Jorge Marchini, Jürgen Kaiser, Hugo Jácome, José María Tortosa, Alexander Schubert, Alfredo Serrano, Oscar Ugarteche, Jaime Atienza, Alberto Acosta Burneo. Por cierto asumo totalmente la responsabilidad de  lo expuesto en estas líneas.

 

 



[1] Economista. Profesor e investigador de la FLACSO. Consultor internacional. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente.

[2] Las tendencias monopólicas pueden salir fortalecidas. La concentración de riqueza en pocas manos o países puede aumentar. Véase, por ejemplo, como las empresas chinas “han salido de compras†por el mundo; aprovechando sus cuantiosas reservas en Bonos del Tesoro norteamericano, han empezado a comprar cada vez más diversos activos, como son los yacimientos mineros. China se perfila ya como una potencia en ascenso, empeñada en aprovechar de dichas reservas y su potencial económico emergente para conseguir una mayor presencia en los organismos multilaterales (este país ya es socio del BID). Las estructuras políticas, incluso, podrían ser cada vez más propensas al autoritarismo… El saldo sería la consolidación de una suerte de Edad Media de alta tecnología, con profundas inequidades congeladas en el tiempo y en el espacio, tal como lo plantea el autor de estas líneas en Desarrollo Glocal con la Amazonía en la mira (2005).

[3] El mundo, particularmente las sociedades de los países ricos y las élites de los países subdesarrollados, debe transitar aceleradamente del consumismo desenfrenado a un consumo social y ambientalmente responsable.

[4] A más de impulsar otra filosofía en la relación con la Naturaleza, es preciso privilegiar el valor de uso sobre el valor de cambio. La mercantilización de todas las relaciones económicas es una aberración, mucho más si se trata de las relaciones sociales. En esta línea de reflexión, transformando a la crisis en una oportunidad de cambio, en un proceso de democracia continuada, habrá que rescatar lo público y la multiculturalidad.

[5] Una posibilidad cada vez más distante, en la medida que se conoce cada vez más sobre la magnitud de la crisis en las economías de los países centrales, particularmente.

[6] La opción de una “refundación ética del capitalismo†(Nicolás Sarkozy), no es la opción para superar "un sistema de valores, un modelo de existencia, una civilización: la civilización de la desigualdad", como definía al capitalismo el economista austríaco Joseph Schumpeter. Que quede claro al capitalismo no hay como humanizarlo, ni tampoco es viable un capitalismo ecologista.

[7] El BID, incluso, habría registrado pérdidas por casi 2 mil millones de dólares al haber comprado valores “tóxicosâ€, es decir, por especular…

[8] Es necesario avanzar en un verdadero sistema democrático de toma de decisiones, donde todos los países independientemente de sus reservas monetarias y sus aportes económicos a las instituciones internacionales, tengan el mismo peso en las decisiones, un país un voto.  

 

[9] Recuérdese que, con todas las críticas que se le puede hacer, existe el Código de Comercio Internacional elaborado a través de la UNCITRAL /CNUDMI (United Nations Commission on International Trade Law o Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), que cuenta con varios componentes consensuados y uniformes.

[10] En la reunión del G-20, en Londres, como disposición estrella, como si fuera el invento del siglo, se sancionó discursivamente a los paraísos fiscales buscando blanquearlos. Algo que ya se había pedido desde hace tiempo, ahora se presenta como una panacea para los problemas económicos mundiales. A pesar de esa declaración, nada se dijo sobre el control trasnacional de las finanzas.

 

[11] “La protección de las libertades, el otorgamiento de igualdad ante la ley, y el aseguramiento de la paz social ya no pueden ser  garantizados o comprendidos sólo como resultado del accionar de los sistemas jurídicos nacionales. Menos aún, cuando en muchos casos, parte sustantiva de  estos derechos  no ha sido  materializada en  el propio ámbito nacional.†(Alexander Schubert)

[12] El gobernador del Banco Central de China, Zhou Xiaochuan, ha planteado la creación de una moneda de reserva supranacional como parte de la reforma del sistema financiero y monetario mundial.

[13] El SDR es un activo (una suerte de moneda de cuenta internacional), que fue creado por el FMI en 1969. Sólo lo usan los gobiernos y los organismos multilaterales.

[14] Se podría recuperar alguna de las ideas de J. M. Keynes, que estuvieron presentes en las discusiones de Bretton Woods; por ejemplo, crear una divisa global de referencia anclada, con estrechos márgenes, en los precios de una veintena de productos básicos esenciales para la humanidad.

[15] El pedido de reformar las instancias de control y gobernanza global está presente en los gobiernos de los países más poderosos. "La reforma de la gobernación mundial no es una opción. Se trata de una necesidad, una urgenciaâ€, reconoció a fines del 2008 el presidente francés Nicolás Sarkozy.

[16] Un comentario al margen: sorprende, por decir lo menos, la facilidad y rapidez con la que fluyeron billones de dólares para salvar a los banqueros en los países desarrollados, sin respetar los antes tan promocionados equilibrios macroeconómicos. Con seguridad, con el volumen de recursos gastados en este salvataje bancario se podía haber erradicado el hambre en el mundo…

[17] Ver las reflexiones de Ricardo Moreno Simarro y Alberto Moreno Soler, por ejemplo.

[18] El Club de París, que carece de base jurídica alguna, debe dejar de ser un instrumento de presión y chantaje de los países acreedores.

[19] En este punto, a modo de una sugerencia puntual, valdría reflexionar sobre la pertinencia de una suerte de moratoria de las deudas externas sin condicionalidad alguna, al menos para los países empobrecidos, tal como se instrumentó en los años treinta del siglo pasado: la conocida como moratoria Hoover. Tras el estallido de la crisis económica de fines de los años veinte en el siglo XX, el presidente norteamericano Herbert Hoover, convencido por los expertos económicos de que un factor decisivo de la crisis había sido el complejo problema de los pagos de reparaciones y deudas de guerra, propuso posponer por el plazo inicialmente de un año (1931) el pago de todas las deudas intergubernamentales. Por más que se amplió en un año adicional el plazo, fue una decisión adoptada aislada y tardíamente, que no logró revertir la avalancha de la gran depresión.

[20] “Por lo tanto es necesario implantar una regulación social que debe ser construida como una política. Bajo esta perspectiva, la política ambiental se asemejaría, por ejemplo, a lo que se espera en el terreno de la educación o la salud pública. No se puede generar una política ambiental dependiente de la rentabilidad de cada emprendimiento, sino que se la construye en atención a metas y compromisos sociales compartidos y que deben ser cumplidos independientemente de su costo. Esos objetivos no están en generar beneficios económicos sino en asegurar la calidad del entorno y la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, la actual crisis debe ser entendida como una oportunidad para recuperar esta discusión y avanzar al fortalecimiento de esa dimensión política del debate ecológico en América Latina.†(Eduardo Gudynas)

[21] Esta es una de las taras que desaparecerá quizás sólo cuando se haya superado el sistema capitalista. Ya Carlos Marx, en el capítulo 25, sobre Crédito y Capital Ficticio, en el tercer tomo de El Capital, reconocía la vinculación estrecha entre negocio y especulación. Marx recoge una cita decidora de J. W. Gilbart (The History an Principles of Banking, 1834): “Todo lo que facilita el negocio, facilita la especulación, los dos en muchos casos están tan interrelacionados, que es difícil decir, dónde termina el negocio y empieza la especulaciónâ€.

 

 

[22] El presidente Evo Morales escribió, en noviembre del 2008, una carta abierta a la Convención de la ONU sobre cambios climáticos en Polonia.

[23] “Estamos también aprendiendo a organizarnos y a movilizarnos desde esa misma perspectiva: produciendo ya nuestras propias formas de existencia social, liberadas de dominación, de discriminación racista/etnicista/sexista; produciendo nuevas formas de comunidad, como nuestra principal forma de autoridad política; produciendo libertad y autonomía para cada individuo, como una expresión de la diversidad social y de la solidaridad; decidiendo democráticamente lo que necesitamos y queremos producir; acudiendo a y usando los máximos niveles de la tecnología para producir los bienes y valores que necesitemos;  expandiendo la reciprocidad en la distribución de trabajo, de productos, de servicios; produciendo desde ese piso social la ética social alternativa a la del mercado y del lucro colonial/capitalista.  Eso es lo que significa la producción democrática de una sociedad democrática.†(Aníbal Quijano)




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BANCO DEL SUR - DECLARACIÓN DE QUITO SOBRE EL FINANCIAMIENTO PARA EL BUEN VIVIR,Y LA V IGENCIA DE LO E-Mail
viernes, 14 de agosto de 2009

Por favor distribuya y difunda la presente declaración, y aliente a nuevas instituciones y personas a sumarse a ella. Gracias.

DECLARACIÓN DE QUITO*

SOBRE EL FINANCIAMIENTO PARA EL BUEN VIVIR
Y LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

La construcción de una nueva arquitectura financiera regional requiere una incorporación decidida y profunda de la visión ambiental. Si ella está ausente, o relegada a un papel meramente testimonial y técnico, se reproducirán los procedimientos y problemas de las instituciones financieras clásicas, y cuyos efectos ambientales y socioambientales negativos han sido ampliamente documentados.

El ímpetu y compromiso con la integración regional latinoamericana y la crisis económica
global, antes que obstáculos, brinda nuevas oportunidades para incorporar esa dimensión ambiental que aliente una economía solidaria y sostenible.

La incorporación de la dimensión ambiental requiere diversos componentes, tanto en el plano de la nueva institucionalidad económica regional como específicamente en el seno del Banco del Sur. Este banco, por sus compromisos con el desarrollo económico, social y la integración regional, requiere de esa nueva visión.

Un nuevo estilo de desarrollo resulta imperioso para la región. Este debe basarse en aspectos no sólo económicos, sino especialmente socioambientales, tanto para poder aprovechar de manera sustentable las enormes riquezas ecológicas y culturales que albergan nuestros países, como por las crecientes evidencias de su pérdida y deterioro.

La visión del Banco del Sur debe incorporar desde el diseño inicial de sus políticas la justicia social y ambiental. En ese sentido, se debe contar con un Código de Ética vinculante en temas ambientales y socioambientales, en tanto sirve como inspiración y guía de las actividades de la institución. Una nueva estrategia de desarrollo y una nueva relación con la Naturaleza es una cuestión vital para avanzar en la construcción del Buen Vivir.

El Banco del Sur debe contar con criterios y salvaguardas ambientales a lo largo de todo el ciclo de sus proyectos, desde su concepción, durante su ejecución y una vez finalizados. También debe generar incentivos para consolidar otra forma de vida armónica con los ciclos de la Naturaleza y alentar otros estilos de producción y consumo, procesos productivos de menor impacto ambiental, uso cuidadoso de materia y energía, y una mayor generación de trabajo dignificante. Esos criterios, reconociendo la diversidad ecológica de la región, deben apuntar a los más altos estándares de calidad y exigencia para asegurar una adecuada conservación de nuestro patrimonio natural y cultural y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.

En definitiva, se deberán priorizar iniciativas que se adapten a los ciclos, y balances de la Naturaleza, ajustarse a los ritmos propios de reproducción en los ecosistemas, respetar las formas de vida, salvaguardar los derechos de las poblaciones locales y los pueblos indígenas. O sea, una perspectiva que permita transitar hacia nuevas culturas respetuosas de la Naturaleza.

Las iniciativas que vinculen objetivos ambientales con la integración regional merecen especial atención. Entre ellos destacamos aquellas orientadas a fomentar un adecuado uso y manejo de las riquezas naturales compartidas y ecosistemas en zonas de frontera. El Banco debe ir más allá de las posturas convencionales que reducen la integración a formas de interconexión, especialmente como ejes de vinculación física.
Un similar problema se vive en muchos emprendimientos de interconexión energética. La integración, en la visión del Banco del Sur, debe ser asumida como un proceso más abarcador, que no se agota en simples reflexiones y cálculos comerciales. Debe ser una concepción de la integración que no puede poner en riesgo la vida de la Naturaleza y de las poblaciones locales. Esta nueva integración debe apuntar a políticas comunes en ambiente y desarrollo para reducir la presión sobre los ecosistemas, articular las producciones nacionales para reducir las asimetrías dentro de la región, y resolver los problemas de nutrición, pobreza y calidad de vida de nuestros propios pueblos, fomentando la soberanía alimentaria.

Los mecanismos clásicos para la evaluación y selección de proyectos han fracasado. Por eso, desde el Banco del Sur habrá que priorizar, no sólo dentro de la entidad, sino en toda la región, el diseño, difusión y práctica de sistemas de evaluación ajustados tanto a cada ecosistema como a los pueblos potencialmente afectados, los que deben incorporarse activamente en el proceso de selección, evaluación, consulta y consentimiento. Esas prácticas no pueden quedar restringidas a las evaluaciones económicas convencionales, sino que deben apelar a evaluaciones multicriteriales que incorporen los aspectos ecológicos, culturales, religiosos, etc. Las evaluaciones ambientales deberán ser más rigurosas en sopesar estos aspectos y propuestas de acción, para no ser apenas una justificación administrativa, ni procesos de consulta simbólicos. Esto exige procedimientos efectivos de acceso a la información y participación pública, que deben estar garantizados en todo momento por el Banco del Sur.

Es necesario subrayar la importancia de la consulta y participación activa de todas y todos, incluyendo decidídamente las nacionalidades indígenas, campesinos y otras poblaciones locales, mujeres y otros sectores sociales. Si bien ese objetivo es repetido con frecuencia en muchas declaraciones oficiales, en la práctica se mantienen limitaciones y opacidades y en muchos casos han desembocado en severos conflictos socio-ambientales en toda la región. Por lo tanto es necesario pasar a mecanismos e instrumentos que aseguren la información adecuada a las comunidades y su efectiva participación en el proceso de evaluación.

Existen muchos antecedentes del uso y aplicación de criterios y salvaguardas ambientales en estos y otros temas en la banca del desarrollo, tanto en los bancos multilaterales como regionales. El futuro Banco del Sur deberá aprovechar aquellas experiencias, muy especialmente sus errores, debilidades y limitaciones, para poder dar un paso hacia una institución de nueva generación donde esas condiciones ambientales y sociales efectivamente incorpore aspectos ambientales y el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza en la práctica diaria del banco. Este nuevo banco debe apegarse siempre al principio que las actividades que financian “no dañen a las personas ni al ambiente”.

Enfrentados con la complejidad y diversidad de los ecosistemas latinoamericanos y caribeños, y su multiculturalidad, es evidente que las evaluaciones deben ser juiciosas y precavidas. Por lo tanto, el principio precautorio debe ser una referencia indiscutible en los procedimientos del banco. Este compromiso del Banco del Sur también debe nutrirse de los avances en la justicia social y ambiental, y entre ellos el paso sustantivo dado en Ecuador con el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en su nueva Constitución. Esta nueva visión sobre la valoración del ambiente debe ser incorporada
efectivamente en el Código de Ética del futuro banco.

Consecuentemente, el Banco del Sur no debería promover emprendimientos que afecten hábitats críticos, sitios de alta biodiversidad o endemismo, o que afecten especies en peligro, territorios indígenas o aquellos que amenacen la soberanía alimentaria. En cambio, debería apoyar iniciativas como la conservación y restauración de la Naturaleza, y el uso sustentable de los recursos naturales y permitan construir soberanías sobre esos recursos. Desde este punto de vista es indispensable que el Banco del Sur priorice sus recursos y créditos en aquellos proyectos que hagan realidad la soberanía alimentaria y la soberanía energética, especialmente desde la lógica de una soberanía regional a construir.

La región enfrenta urgencias en los sectores que combinan la calidad de vida, salud y la protección ambiental, tales como el saneamiento y el manejo adecuado de residuos sólidos urbanos y emisiones de gases, así como en la creciente dependencia de fuentes de energía fósil con sus consecuentes impactos sociales y ambientales, locales y globales. Todavía predomina un modelo económico extractivista, cuyas patologías son ampliamente conocidas. Superar esta perversa realidad es otra de las tareas que debe emprender el Banco del Sur. En resumen, este banco debe ser un actor que garantice el Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza.

El Banco del Sur, además, deberá prepararse para ser parte de las nuevas estructuras financieras regionales, subregionales y nacionales, que preparen a nuestros países para los inevitables impactos de los cambios climáticos que están produciéndose y se producirán a escala global.

Asimismo, a nivel global se deberá contribuir al manejo sustentable y eficiente de los flujos financieros. El banco no puede ser, en ninguna circunstancia, un partícipe de los procesos de especulación financiera clásica o de aquellos esquemas financieros que si bien puedan usar el rótulo de “instrumentos de financiamiento verdes”, en realidad reproducen la lógica de acumulación tradicional del capital financiero internacional. Es necesario alentar un mayor protagonismo de fondos y otros mecanismos de inversión que estén genuinamente inspirados en principios éticos sociales y ambientales. Asimismo, el Banco del Sur deberá ser un promotor para conseguir el resarcimiento de la deuda ecológica y social.

Los adherentes a esta declaración desean felicitar al gobierno de Ecuador, y en especial a la Comisión Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera Regional y el Banco del Sur, por su iniciativa en promover este debate plural a nivel continental. Consecuentemente esperamos que este liderazgo en esta materia se mantenga. Solicitamos a los gobiernos de los demás países de la región que apoyen la incorporación real y efectiva de una dimensión socioecológica en el futuro Banco del Sur. En ese camino, esperamos que todos los gobiernos concreten la puesta en marcha del Banco del Sur.

Los adherentes a esta declaración lo hacen, en unos casos a nivel institucional y en otros casos a título personal e individual.

En Quito, el 6 agosto 2009.

Organizaciones y redes:


Acción Ecológica, Ecuador
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Ecuador
Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Uruguay
Ecociencia, Ecuador
Ecuador Decide, Ecuador
FASE - Solidariedade e Educação, Brasil
Fundación Solón, Bolivia
Fundación Pachamama, Ecuador
GRAIN
Grito de los Excluidos Mesoamerica.
Instituto Equit, Brasil
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, Ecuador
Instituto del Tercer Mundo (ITEM), Uruguay
Latindadd América Latina
Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), Bolivia
Nexos Culturales, Ecuador
Oilwatch Sudamérica
Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (REBRIP), Brasil
Red Internacional de Género y Comercio (IGTN), Capítulo Latinoamericano
Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía (REMTE),
capítulo Ecuador

Adhesiones personales:

Alberto Acosta, Quito, Ecuador
Paulo Bustillos, La Paz, Bolivia
María Fernanda Espinosa, Quito, Ecuador
Juan Vicente Troya, Quito, Ecuador
Tomás Hirsch, Santiago, Chile
Alvaro Zerda S., Bogotá, Colombia
Carlos Amat y León, Lima, Perú
Eugenia Correa, México, México.
Eduardo Gudynas, Montevideo, Uruguay
Joseph Vogel, San Juan, Puerto Rico.
Carlos Aguilar Sánchez, San José, Costa Rica
Natalie Weemaels, Quito, Ecuador
Roberto Bissio, Montevideo, Uruguay
José Benjamín Inuca, Quito, Ecuador
Jaime Brailh, Quito, Ecuador
Mariuxi Rivera, Quito, Ecuador
Ignacio Dobles, Costa Rica
Diana Conde, Quito, Ecuador
Javier Félix, Quito, Ecuador
Wimberley Díaz, Quito, Ecuador.
Renato Sánchez, Quito, Ecuador
Guido Tamayo, Quito, Ecuador
Francisco Vizcaíno, Quito, Ecuador
Catalina Noroña, Quito, Ecuador
Miguel A. Vázquez, Quito, Ecuador.
María José Pozo, Quito, Ecuador.
César Hermida Bustos, Quito, Ecuador.


* Declaración elaborada en el marco de la discusión de una nueva arquitectura financiera regional y la incorporación de la dimensión ambiental en el Banco del Sur.

La declaración no representa una resolución oficial del seminario taller celebrado sobre este tema bajo convocatoria de la Comisión Técnica Presidencial del Ecuador (agosto 2009).

ADHESIONES: Para presentar su adhesión institucional, o personal, escribir a: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

Por favor distribuya y difunda la presente declaración, y aliente a nuevas instituciones y personas a sumarse a ella. Gracias.


 
Semana de Acción de la Deuda y las IFIs E-Mail
martes, 15 de septiembre de 2009

12 al 18 de octubre de 2009

Semana de Acción Global contra la Deuda y las IFIs -

Basta de Falsas Soluciones

¡Los Pueblos y el Planeta requieren Anulación de la Deuda y Reparaciones YA!

 

La crisis financiera y económica global tiene consecuencias devastadoras en la vida de millones de personas en todo el mundo, tanto en el Sur como en el Norte, y en nuestro hogar común, el planeta Tierra. Junto con las crisis alimentaria, climática y energética, la crisis financiera y económica ha conllevado graves impactos: entre otros, pérdidas masivas de puestos de trabajo y salarios; recortes en los fondos para garantizar los derechos humanos básicos de salud, educación, vivienda, agua, electricidad y seguridad social; expulsiones violentas de la tierra y del territorio; un incremento en la concentración del control y la explotación de los recursos naturales por parte del poder empresarial; y un incremento de las actitudes racistas y discriminatorias por género, religión y orientación sexual. Los costos de esta crisis, ciertamente sistémica, continúan creciendo e incluyen el agravamiento de la crisis social y la intensificación de la militarización, de la guerra y de la criminalización de la protesta, incluso cuando los beneficios de los especuladores y otros buitres empiezan a recuperarse.

 

Los niveles de endeudamiento en el Sur global están sufriendo también el impacto de estas crisis surgidas del corazón de la economía mundial, como resultado de políticas diseñadas en favor del libre flujo de capitales en un mercado que se había declarado autorregulado. Como resultado, la bomba de la deuda está a punto de explotar nuevamente. La reducción de ingresos fiscales, la caída de remesas de trabajadores migrantes, y las crecientes demandas sociales, económicas y ambientales, están presionando a muchos gobiernos del Sur a la búsqueda desesperada de prestamistas, borrando cualquier mejoría reciente y convirtiéndose en presas fáciles de aquellos que no ofrecen nada sino más deuda ilegítima.

 

Sin embargo, la deuda que se está acumulando no es solo financiera. Las falsas soluciones que se promueven ante estas crisis están generando un incremento potencialmente irreversible de las deudas ecológica, climática, social y económica, de las que son acreedores los pueblos y el planeta, especialmente en el Sur. Entre estas falsas soluciones podríamos citar nuevos préstamos para suplir las necesidades generadas por las crisis; créditos para proyectos de agrocombustibles, megaproyectos energéticos o los llamados mecanismos de desarrollo limpio; el mercado de carbono; el rol central del que se está dotando a instituciones altamente cuestionadas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Fondo de Estabilidad Financiera o la Organización Mundial del Comercio. También las reducciones de deuda limitadas, condicionadas e impulsadas desde los prestadores, desconociendo los compromisos de reconocer y anular sin condicionamientos, a las deudas financieras ilegítimas. En lugar de reconocer la necesidad de una transformación fundamental de un sistema cuyo fracaso se ha tornado cada vez más evidente, las respuestas de los gobiernos del Norte – en particular el G7-, de las empresas transnacionales y algunos gobiernos en el Sur, van encaminadas a salvar el sistema. En vez de aprovecharse de las crisis a espaldas de los mismos pueblos, países y planeta que por un largo tiempo han estado pagando los costes de su enriquecimiento, deben ofrecer compensación y reparaciones por su responsabilidad en provocar una crisis criminal y por el uso desmedido de la riqueza y la naturaleza del mundo entero.

 

¡Ya basta! Nosotros, los pueblos, debemos unirnos local y globalmente para construir alternativas de equidad y de equilibro para todos y todas, sin deudas ni dominación. Por ello convocamos a los movimientos y organizaciones de todo el mundo, a unir fuerzas en la SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA DEUDA Y LAS IFIs, del 12 al 18 de Octubre de 2009. Juntamente con los Pueblos Indígenas que convocan a una MINGA GLOBAL EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA, del 12 al 16 de octubre, y uniendo las luchas por liberarnos de la dominación de la deuda y del fundamentalismo del mercado, con las luchas por la justicia climática (13 de octubre), de las mujeres rurales y por el repudio de la deuda (15 de octubre), la soberanía alimentaria (16 de octubre) y la erradicación de la pobreza (17 de octubre), nos movilizaremos por soluciones duraderas que harán otro mundo, un mundo justo, posible. ÚNANSE A LA ACCIÓN Y DEMANDEN: 

 

·         Anulación sin condiciones de todas las deudas financieras ilegítimas.

·         Restitución y reparaciones de las deudas ecológicas, climáticas, económicas, sociales e históricas, sobre la base de auditorias integrales y participativas.

·         Respeto del derecho soberano de los países a tomar medidas unilaterales para poner fin a los pagos de deuda a fin de satisfacer sus obligaciones con los derechos humanos y ambientales

·         Respuestas a las crisis económica, climática, energética y alimentaria que no aumenten la carga de deuda sobre los pueblos del Sur ni sobre el planeta y no incrementen la militarización ni la criminalización de la protesta social.

·         La creación de nuevas instituciones financieras y una arquitectura financiera global y regional que ponga a las personas y el planeta por delante del lucro y el poder empresarial.

 

¡Los pueblos del Sur son los acreedores! ¡No deben pagar! ¡Anulación de la Deuda y Reparaciones Ya!

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 Laura Yanella
Jubileo Sur/Américas

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LUMINA: "Incito a todos los Estados a realizar auditorías de sus deudas externas " E-Mail
miércoles, 23 de septiembre de 2009

«Incito a todos los Estados a realizar auditorías de sus deudas externas»- Entrevista con Cephas Lumina, el experto independiente de la ONU en deuda externa

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lunes, 21 de septiembre de 2009

TLAXCALA, Renaud VIVIEN

El 5 de junio de 2009 tuvo lugar en Ginebra la 11ª sesión de Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, en el transcurso de la cual el experto independiente sobre la deuda externa, Cephas Lumina, presentó su informe preliminar |1| a los representantes de los distintos Estados, agencias de la ONU y ONG acreditados. El Banco Mundial no participó, mostrando su falta de interés por los temas relativos a los derechos humanos… El CETIM |2| y el CADTM han respondido ¡presente! asistiendo a esta sesión oficial, y organizando una conferencia paralela en el Palacio de las Naciones Unidas sobre la auditoría de la deuda, contando con la presencia de la Ministra de Economía y Finanzas del Ecuador, María Elsa Viteri, y de Cephas Lumina. Este último además nos ha concedido una entrevista para hablar sobre su informe preliminar.

Su mandato finalizará en 2010 con la entrega de un informe final. Los temas de esta entrevista: auditoría de la deuda, deuda ilegítima y obligación de las IFI y los Estados de respetar los derechos humanos. Resaltamos que el informe mencionado utiliza datos del trabajo del CADTM titulado “Las cifras de la deuda" |3| y que afirma explícitamente que las obligaciones sobre los derechos humanos prevalecen sobre las obligaciones financieras de los Estados.

En el informe que ha presentado hoy al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, hace hincapié en el vínculo entre la deuda externa y los derechos humanos proponiendo un marco conceptual para comprender esta relación. ¿Podría ampliar los detalles de ese enfoque?

Uno de los principales objetivos del mandato que me ha sido confiado por el Consejo de los Derechos Humanos en su Resolución 7/4 del 27 de marzo de 2008 es el de desarrollar principios directores que deben regir a los Estados, a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y a las instituciones privadas con el fin de garantizar que el respeto de los compromisos de los Estados relativos a la deuda externa, no afecte a sus obligaciones de respetar los derechos humanos. Mi antecesor, el experto independiente Bernard Mudho, desarrolló una primera versión de esos principios directores. Mi trabajo consiste en mejorar estos principios conectándolos con los Tratados de protección de los derechos humanos para que tengan mayor peso. Remarco así las obligaciones jurídicas internacionales que se imponen no sólo a los Estados sino también a las instituciones internacionales como el Banco Mundial. Para elaborar este marco conceptual que vincula la deuda externa con los derechos humanos, examiné los efectos de esta deuda y las políticas de ajuste estructural sobre los derechos fundamentales. Mi informe intermedio pone de relieve el impacto negativo del mecanismo de la deuda externa en los derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a la educación o el derecho a la salud. ¡En 2005, el Líbano dedicaba por ejemplo un 52% de su presupuesto al reembolso del servicio de la deuda contra solamente un 23,1% para la educación y la salud! Explico también que las disminuciones de deuda establecidas de acuerdo con la Iniciativa PPAE (Países Pobres altamente Endeudados) promovida por el Banco Mundial y el FMI no solucionaron de manera duradera el problema de la deuda, puesto que países como Burkina Faso o Níger se encuentran con un nivel de endeudamiento aún mayor después de la aplicación de la iniciativa PPAE. Además, para obtener la reducción de la deuda, estos países deben aplicar políticas que implican la violación de los derechos sociales. Por ejemplo, Zambia, en 2004, congeló los salarios de los funcionarios por prescripción del FMI. Los derechos civiles y políticos como el derecho a la participación se violan también en el proceso de adopción de los DERP (Documentos estratégicos de reducción de la pobreza). En efecto, no se consulta a los parlamentos nacionales en la mayoría de los casos y la aprobación final de estos documentos siempre está condicionada por el acuerdo final de los IFI.

¿Este enfoque de la deuda basado en los derechos humanos ha obtenido un amplio apoyo por parte de los Estados y de las IFI?

No, no totalmente. La Resolución 7/4 que instituye mi mandato fue adoptada por una mayoría con 34 votos contra 13. De los 34 Estados que votaron a favor de esta Resolución, ninguno es un país acreedor del Norte. Realmente, el principio de mi mandato se caracterizó por las tradicionales tensiones entre los países ricos acreedores y los países en desarrollo. En efecto, desde la designación en la ONU del primer experto sobre la deuda externa en 1997, los Estados del Norte consideran que la problemática de la deuda no tiene ningún vínculo con los derechos humanos, que se trata de una problemática puramente económica y que debe, en consecuencia, tratarse fuera del Consejo de los Derechos Humanos y de la Asamblea General de la ONU. Preconizan, en particular, el pago en el seno del Club de París, ya que en la Asamblea General y en el Consejo de los Derechos Humanos, los países del Norte se encuentran en minoría puesto que cada país dispone de un voto, lo que va lógicamente en contra los intereses de los países acreedores. Desde el principio de mi mandato, encontré una diversidad de protagonistas (Estados, IFI, ONG) pero debo admitir que son las organizaciones de la sociedad civil y algunos Estados como Ecuador y Noruega, los que más me han ayudado. Los responsables del Banco Mundial a quienes consulté tienen posiciones diferentes el uno con el otro. Algunos refutan categóricamente el enfoque basado en los derechos humanos considerando solo la dimensión económica de la deuda. Con todo, las IFI están obligadas jurídicamente por textos vinculantes como la Carta de la ONU así como también por los dos Pactos de 1966 sobre los derechos económicos, sociales y culturales y sobre los derechos civiles y políticos. Esta actitud reticente se debe, en particular, a que las IFI se crearon en 1944, o sea antes de la aprobación de estos convenios internacionales.

¿Qué medidas inmediatas relativas a la deuda externa preconiza para hacer frente a la crisis económica mundial, que afecta a los derechos humanos y que estará acompañada irremediablemente por una nueva crisis de la deuda? ¿Está usted, por ejemplo, a favor de una moratoria del reembolso de la deuda como lo propone el Secretario General de la CNUCYD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo), Supachai Panitchpakdi?

Estoy en contra de una simple prórroga ya que esta medida no es viable. Es necesario ir más lejos instaurando una prórroga condicional: es decir, una suspensión del pago de la deuda seguida por una anulación de la deuda externa si la situación del Estado no mejoró al expirar esta prórroga. En efecto, temo que si los PED asumen el compromiso de suspender el reembolso del servicio de la deuda durante un período dado, corran el riesgo de vincularse por este compromiso y de tener que reanudar a continuación el reembolso de la deuda en detrimento de los presupuestos sociales. Sería necesario pues un acuerdo entre los PED y los acreedores para que esta prórroga esté combinada con una anulación de la deuda cuando la situación de endeudamiento siga siendo insoportable. Preconizaré más bien seguir los ejemplos de Noruega y Ecuador |4| que llevaron a cabo auditorías de la deuda y cancelaron una parte de sus deudas reconociendo al mismo tiempo su corresponsabilidad (en el caso de Noruega). Destaquemos que esta corresponsabilidad es un principio central desde el Consenso de Monterrey en 2002. Incito pues muy especialmente las autoridades públicas a realizar auditorías de la deuda como lo hicieron Noruega y Ecuador. Estas auditorías, que son herramientas de control democrático, permitirán a la vez conocer el origen de las deudas y fundamentar jurídicamente, por ejemplo, la anulación o el repudio de todas las deudas contraídas en violación del derecho interno de los Estados. Es necesario reformar también la arquitectura financiera internacional democratizando las IFI, que son las defensoras de los intereses de los acreedores.

La deuda ilegítima constituye uno de sus ejes prioritarios para 2009 y 2010. ¿Podría precisar cómo piensa encarar el trabajo sobre ese tema?

Las experiencias de auditoría en Ecuador y Noruega sacaron a la luz el concepto de deuda ilegítima. Pero no existe aún una definición internacionalmente aceptada de lo que es una deuda ilegítima. Deseo pues, en estrecha colaboración con la CNUCYD, definir los contornos de este concepto y hacer hincapié en la corresponsabilidad de los acreedores y deudores, para promover una financiación responsable. Este concepto debe aplicarse para el futuro con el fin de prevenir la aparición de nuevas deudas ilegítimas pero también para el pasado con el fin de cancelar sin condiciones todas las deudas ilegítimas. Ya estoy en contacto con la CNUCYD sobre estas cuestiones ya que ha recibido el año pasado financiación de Noruega, en el marco de un proyecto de tres años, para desarrollar el concepto de deuda ilegítima. Nuestro interés común es pues tener las posiciones más cercanas posibles sobre la deuda ilegítima. Para clarificar su contenido, consultaremos a los Estados, a las ONG y también a las IFI. Finalmente quiero decir que pienso también desarrollar, de ahora en adelante, la relación entre la deuda externa y el comercio internacional para poder aclarar este vínculo en mi informe de 2010. En efecto, la deuda externa y el comercio internacional son indisociables puesto que los Estados deudores deben exportar sus materias primas para reembolsar la deuda en dólares estadounidenses. Este mecanismo los vuelve así extremadamente dependientes de la cotización de estos productos fijada por los mercados internacionales.

¿Cómo articula las auditorías nacionales de la deuda con el arbitraje internacional sobre la deuda externa?

Es un trámite en dos tiempos. Sugiero que en primer lugar los Estados realicen auditorías nacionales de la deuda tal como hizo Ecuador. Estas auditorías, como actos soberanos de los Estados, no tienen que ser aceptadas por los acreedores. Estas auditorías podrán justificar anulaciones/repudios incondicionales de todas las deudas ilegítimas. Pero si un litigio aparece a raíz de la decisión que se deriva de estas auditorías, como la anulación/repudio de deudas o la suspensión del pago de deudas, el conflicto podrá ser sometido a un tribunal de arbitraje. Este tribunal podrá también establecer las responsabilidades compartidas de las partes. Cabe destacar que esos arbitrajes sobre la deuda ya han sido abordados en el seno de las Naciones Unidas, en particular por el ex secretario general Kofi Annan. La crisis actual debe entonces tomarse como una oportunidad para establecer este tipo de arbitraje. Por último, quisiera destacar que mi informe no agradará ciertamente a todos los acreedores. Por esta razón será necesario un amplio apoyo de los ciudadanos del Norte y del Sur, y una presión popular sobre los Gobiernos. En efecto, mi informe no tiene ninguna fuerza vinculante.

Notas:

|1| http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/11session/reports.htm

|2| http://www.cetim.ch/es/index.php?currentyear=∓pid=:p>

|3| http://www.cadtm.org/spip.php?article856

|4| El experto independiente presentará en 2010 el informe completo de sus visitas oficiales a Noruega y Ecuador.

 

Fuente: http://www.sanborondon.info/content/view/17353/1/



 
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