Elsa Nivia, Rapal, Colombia                    

La agricultura históricamente ha sido uno de los más grandes y más importantes sectores de crédito del Banco Mundial, comprendiendo hasta 30% de su portafolio a comienzos de la década de 1980. La tendencia ha sido orientar una agricultura intensiva en capital, con uso creciente de insumos químicos, dirigida a la exportación, que puede parecer inicialmente "eficiente" pero afecta la salud, la calidad de vida y la seguridad alimentaria de agricultores y consumidores locales, y resulta en contaminación, erosión y pérdida de biodiversidad. La promoción de la agricultura dependiente de químicos en los proyectos del Banco no es por accidente, sino que es consistente con la estrategia del Banco para el desarrollo rural.

La agricultura históricamente ha sido uno de los más grandes y más importantes sectores de crédito del Banco Mundial, comprendiendo hasta 30% de su portafolio a comienzos de la década de 1980. La tendencia ha sido orientar una agricultura intensiva en capital, con uso creciente de insumos químicos, dirigida a la exportación, que puede parecer inicialmente "eficiente" pero afecta la salud, la calidad de vida y la seguridad alimentaria de agricultores y consumidores locales, y resulta en contaminación, erosión y pérdida de biodiversidad. La promoción de la agricultura dependiente de químicos en los proyectos del Banco no es por accidente, sino que es consistente con la estrategia del Banco para el desarrollo rural.

La promoción agresiva de las políticas de ajuste estructural y desarrollo rural del Banco que favorecen la intensificación agrícola y la producción orientada a la exportación, a costa de la agricultura de menor escala y bajos insumos externos, es la principal barrera a la adopción significativa de planes de manejo de plagas y cultivos con bases ecológicas, como plantean las nuevas políticas del Banco.

Su influencia sobre la producción agrícola, la seguridad alimentaria y las vidas de millones de pobres rurales ha sido significativa. Cientos de grupos de la sociedad civil vinculados a la Red Internacional de Acción contra los Plaguicidas PAN (Pesticide Action Network) y otros en el mundo han hecho campañas desde la década de 1980 para que el Banco Mundial suspenda la financiación de plaguicidas y promueva alternativas ecológicamente sanas y socialmente justas.

El Banco considera al sector privado como aliado clave en el desarrollo global, pero esta colaboración tiende a beneficiar a las grandes corporaciones más que a los agricultores pobres. Por ejemplo, el Banco financió más de US$250 millones en ventas de plaguicidas entre 1988 y 1995, y entre 1993 y 1995 todos los contratos firmados fueron directamente a las mayores compañías de plaguicidas en Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Mientras los agricultores participantes en estos proyectos vieron afectada su salud y la estabilidad ecológica de sus sistemas de producción por usar más plaguicidas, el Banco reconoció que sólo 1% de los proyectos tuvo una evaluación ambiental completa.

Algunos de sus directivos reconocen los problemas de la agricultura industrializada y están intentando apoyar sistemas indígenas de producción a pequeña escala, comprendiendo que los créditos para proyectos que apoyan la agricultura sostenible requieren préstamos más pequeños y consulta extensiva y permanente con las comunidades locales. Pero sus esfuerzos a menudo son ignorados o subestimados por los más grandes compromisos institucionales con la globalización de la agricultura y el comercio a través de la producción orientada a la exportación., sin mirar los impactos al largo plazo sobre la pobreza, el hambre y el ambiente.

En respuesta a la presión ciudadana, en 1998 el Banco Mundial adoptó una política sobre requerimientos para el manejo de plagas, para asesorar a los países deudores en la reducción de riesgos de los agricultores frente a los plaguicidas químicos y estimular la adopción de manejo integrado de plagas MIP con bases ecológicas, conocida como la Política Operacional 4.09 (OP 4.09).

La política operacional sobre plaguicidas y manejo de plagas (OP 4.09), aprobada en diciembre de 1998, requiere que los proyectos reduzcan la confianza de los agricultores en los plaguicidas y la introducción de componentes seguros y sostenibles de manejo integrado de plagas MIP, con base ecológica.

La OP 4.09 también prohíbe el uso de los fondos del Banco para utilizar los plaguicidas más peligrosos, bajo condiciones inseguras de uso que comúnmente se encuentran en países deudores. De acuerdo con la política, los plaguicidas sólo pueden ser introducidos dentro de un proyecto después que se han intentado enfoques no químicos, y aún así deben estar incluidos dentro de un plan de MIP, seguido de una evaluación de "la naturaleza y grado de riesgos asociados", teniendo en cuenta el uso propuesto y los usuarios a los que se dirige.

Varias barreras institucionales inhiben el cumplimiento de la OP 4.09. Estas barreras incluyen:

1) El énfasis institucional en el modelo industrial de intensificación agrícola, que casi siempre conduce a una mayor confianza en los plaguicidas.

2) Introducción muy tardía de los conceptos del MIP en el ciclo de diseño de los proyectos y posterior aislamiento del concepto de los objetivos y actividades centrales.

3) Pobre comprensión de la OP 4.09 y del MIP.

4) Sistemas débiles de monitoreo, supervisión y vigilancia