Se concluyó que la nueva política del Banco Mundial ha quedado en el papel. En 5 años el Banco se ha quedado corto en su compromiso con el Manejo Integrado de Plagas -MIP, no ha traducido su política escrita en acciones significativas y apropiadas en la base, y los créditos del Banco han continuado exacerbando la dependencia de los plaguicidas.

De acuerdo con el estudio, sólo 9% de los proyectos presentó planes creíbles para la implementación del manejo integrado de plagas MIP, aunque el término MIP aparezca en 35% de ellos. Pero el monitoreo de proyectos de México, Indonesia y China mostró que aún proyectos bien diseñados pueden no ser ejecutados de acuerdo con lo planeado, descuidando los enfoques MIP y permitiendo el mayor uso de plaguicidas.

Numerosas organizaciones de la sociedad civil han sido críticas con la nueva Estrategia de Desarrollo Rural del Banco Mundial, por el énfasis en la producción de cultivos de exportación en detrimento de la seguridad y autonomía alimentaria, su promoción de la ingeniería genética y su llamado a la privatización del agua. Durante las consultas de 1998 antes de la aprobación de la OP 4.09, los pueblos indígenas enviaron mensajes claros al Banco, en el sentido que cualquier política nueva tendría que ser más fuerte en lo que se refiere a los derechos a la tierra, el reconocimiento de los derechos consuetudinarios y la aceptación del principio de consentimiento previo e informado. Pero aunque en la política se hace referencia a la participación, no se imponen requisitos al prestatario que le obligue a tomar acción para asegurar los derechos indígenas a sus tierras y sus recursos.

Numerosas organizaciones también han cuestionado al Banco Mundial por su Programa de Intercambio de Directivos (Staff Exchange Program, SEP), particularmente su intercambio con las principales compañías de plaguicidas y biotecnología, que obviamente se benefician y contradicen la política del Banco de “reducir la confianza en los plaguicidas”. A través de estas posiciones la industria puede promover los transgénicos e influir en los países deudores con regulaciones que le favorezcan, minando otros esfuerzos que promuevan la agricultura sostenible y la seguridad.

El apoyo del Banco a los intereses de las compañías de plaguicidas y biotecnología contradice sus compromisos con el desarrollo ambientalmente sostenible, que ha institucionalizado como parte de su participación en el Global Environmental Facility (GEF), un mecanismo financiero conjunto del Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

VIOLACIONES A LA POLÍTICA OP 4.09

Se identificaron varias formas en las que el 91% de los proyectos revisados podría violar los requerimientos de política.

Son comunes los términos que indican o sugieren el uso de plaguicidas:

De acuerdo con la investigación de PANNA, en una primera mirada parecería que pocos proyectos del Banco Mundial tuvieran impactos en el uso de plaguicidas, porque relativamente pocos de ellos usan actualmente el término “plaguicida” o “pesticida” y el término MIP se ha hecho más común aunque rara vez es implementado significativamente, porque las actividades planteadas son marginales o pobremente diseñadas.

Pero la referencia a plaguicidas químicos puede aparecer de muchas formas, como insumos agrícolas, insumos modernos, o insumos productivos, sin especificar los productos  incluidos. En casos donde se especifican insumos se refieren a: "semillas, fertilizantes y otros insumos" proporcionando presupuesto para "otros insumos", sin decir plaguicidas pero tampoco excluyéndolos.  Y en pocos casos se mencionan los problemas por la contaminación con agroquímicos.

En conclusión, en el 31% de los proyectos estudiados los plaguicidas nunca se mencionaron directamente, pero el 91% de ellos puede incrementar la confianza de los agricultores en ellos.

Actividades de los proyectos pueden incluir plaguicidas:

Provisión: Los proyectos pueden proporcionar o hacer arreglos para la provisión de "insumos", "inputs" o paquetes tecnológicos modernos o mejorados, a participantes de los proyectos, ignorando requerimientos específicos de la política, como el que dispone que  los plaguicidas sólo pueden ser introducidos dentro de un proyecto después que se han intentado enfoques no químicos, y aún así deben estar incluidos dentro de un plan de MIP, seguido de una evaluación de "la naturaleza y grado de riesgos asociados", teniendo en cuenta el uso propuesto y los usuarios a los que se dirige.

Proyectos que ignoran los riesgos del uso de plaguicidas: En el estudio no se encontró evidencia de evaluación formal sobre riesgos en ninguno de los proyectos. Por ejemplo, el Proyecto para el Desarrollo Regional del Magdalena Medio en Colombia, parece que incluye plaguicidas como parte de las "inversiones productivas" sin mencionar los riesgos ambientales o de salud.

Acceso: Los proyectos pueden mejorar el suministro, incrementar el acceso a mercados o dar crédito a agricultores, para la compra de "insumos agrícolas modernos" como fertilizantes, semillas mejoradas, agroquímicos y productos para el ganado.

Entrenamiento e investigación: Algunos proyectos incluyen demostraciones u otros trabajos de extensión sobre el uso de "insumos modernos" o "paquetes tecnológicos" que incluyen los plaguicidas, como el proyecto PROLOCAL en Ecuador (Ecuador Poverty Reduction and Local Rural Development).

Control de vectores de enfermedades: Estos proyectos incluyen el uso de insecticidas químicos, sin aprender del éxito de proyectos en salud pública con enfoques no químicos adoptados por India, Cuba y México.

Proyectos que promueven "intensificación" agrícola

La "intensificación" de la producción es un objetivo común de muchos proyectos agrícolas financiados por el Banco y un objetivo central en la Estrategia de Desarrollo Rural recientemente aprobada. Estos proyectos y la estrategia que los guía plantean erróneamente que la producción intensiva y el mayor uso de insumos externos "modernos" es la respuesta al hambre y la pobreza, pero hay suficiente evidencia que demuestra que el sistema no es sostenible ni equitativo, y que la mayor producción no necesariamente conduce a la seguridad y soberanía alimentaria o a la reducción de la pobreza. Las políticas injustas de mercado desestimulan la diversificación de la producción agrícola para el consumo local y la autonomía, promoviendo la producción de monocultivos para la exportación, con dependencia creciente de semillas mejoradas o transgénicas y de agrotóxicos.

Sólo algunos proyectos reconocen que la "intensificación" usualmente conduce a mayor uso de plaguicidas y que podría tener efectos peligrosos sobre la salud humana y el ambiente, pero son más proyectos de irrigación, por las preocupaciones sobre la contaminación de aguas por escorrentía, aunque no todos. Muchos de ellos no planean entrenamientos sobre MIP sino cuando ya ha ocurrido el problema de la contaminación.

Proyectos no agrícolas es probable que incrementen uso de plaguicidas

Proyectos de conservación, de atención de emergencias y proyectos de infraestructura, pueden tener significativos impactos sobre el uso de plaguicidas. Por ejemplo, proyectos para financiar el alivio de la pobreza pueden incluir microcréditos para la compra de insumos agrícolas en áreas rurales. Lo mismo proyectos que incluyen el componente de infraestructura rural para mejorar el acceso de los pobres a los mercados, insumos y servicios, entre ellos el riego para incrementar la productividad agrícola, financiando insumos a los agricultores que participen de las demostraciones. Aunque las actividades de extensión incluyan el manejo seguro o correcto de fertilizantes y plaguicidas, no asesoran sobre las alternativas no químicas a los plaguicidas. Estudios de campo indican que el entrenamiento en el "uso seguro" tiene poco efecto sobre los envenenamientos por plaguicidas, incluso pueden incrementar la exposición de los agricultores por aumentar la confianza en los agrotóxicos.

Los proyectos de conservación a menudo incluyen el control de plagas en bosques, sin mencionar si el MIP será incluido o apoyado y sin considerar componentes agrícolas de prevención. Incluso hay proyectos en los que se mencionan los plaguicidas químicos como la medida de control.

En cuanto a los proyectos en el sector de la salud pública, se refieren más a los plaguicidas químicos que a métodos ambientales. La OP 4.09 dice que "El Banco apoya el control de plagas principalmente por métodos ambientales. Donde los métodos ambientales solos no sean efectivos, el Banco puede financiar el uso de plaguicidas para control de vectores de enfermedades", pero muchos proyectos hacen provisiones para el uso de plaguicidas sin discutir la efectividad de métodos no químicos y sin proponer métodos ambientales, violando así la OP 4.09.

Por ejemplo, muchos proyectos incluyen la impregnación de toldillos con insecticidas seguros o amigables con el ambiente, violando tanto las Guías de la FAO como la OP 4.09, porque las afirmaciones que puedan incrementar la confianza en los agrotóxicos deben evitarse, teniendo en cuenta que aunque hay diferentes grados de toxicidad todos son peligrosos.

La asociación entre el Banco y las compañías de plaguicidas y biotecnología

La asociación del Banco con las compañías de plaguicidas y biotecnología continúa influenciando el diseño e implementación de proyectos de muchas maneras, a pesar del lenguaje cuidadoso de las propias guías del Banco para evitar conflictos de intereses con los asociados del sector privado.

Muchos proyectos que se refieren  a la asociación con empresas privadas, como el Colombia Productive Partnerships Support Project, que incluye incentivos compartidos para organizaciones de agricultores que cooperen con los intereses de los agronegocios privados, permiten a las compañías promover sus productos y tecnologías a expensas de estos proyectos. Otros proyectos apoyan la privatización de las funciones de investigación o control de plagas de los Ministerios de Agricultura,  y liberalizan las regulaciones de comercio para los "modernos insumos importados".

Proyectos que facilitan la introducción de cultivos modificados genéticamente

La inclusión de la ingeniería genética y los cultivos modificados genéticamente en actividades de proyectos del Banco Mundial  no está sujeta directamente a ninguna Política de Salvaguarda. Sin embargo, dados los riesgos actuales y potenciales para el ambiente y la salud, los cultivos transgénicos no pueden ser considerados un "componente seguro o sostenible de un plan de manejo de plagas con base ecológica" como lo requiere la OP 4.09.

Además, la gran mayoría de los cultivos transgénicos han sido manipulados para la tolerancia a herbicidas, principalmente al Roundup (glifosato + surfactantes) de Monsanto (variedades RR, Roundup Ready);  o para producir la toxina de la bacteria Bacillus thuringiensis (variedades Bt). Aunque se afirma que los cultivos transgénicos contribuyen a la reducción del uso de plaguicidas esto sólo se da en el corto plazo, por la inducción de resistencia en plantas debido a cruces genéticos, creando superralezas, o por inducir resistencia en insectos plaga al Bt. Por ejemplo en Argentina se ha incrementado dramáticamente el uso de Roundup sobre la soya RR, sembrada en 15 millones de hectáreas, por las malezas o arvenses resistentes.

De acuerdo con el estudio de PANNA, aunque los proyectos del Banco Mundial rara vez se refieren a los cultivos transgénicos, puede decirse que ya están financiando la investigación, desarrollo, pruebas de campo y liberación masiva de nuevos cultivos transgénicos, al promover la investigación y/o aplicación de "biotecnologías agrícolas". Este apoyo también se deduce de algunos documentos internos del Banco y/o de informes independientes publicados por instituciones  o por la misma industria.

Efectos de proyectos sobre leyes de propiedad intelectual y patentes

Aunque la mayoría de proyectos del Banco que incluían la ingeniería genética fueron aprobados antes de 1999 y no se incluyeron en este estudio, algunos posteriores incluyen provisiones que aceleran la introducción de los transgénicos a nuestros países, por apoyar medidas como la revisión o introducción de leyes de propiedad intelectual, recursos genéticos y patentes, o por incluir contratos de investigación con compañías privadas, o de instituciones públicas con donaciones y orientación privada. Por ejemplo el Peru Agricultural Research and Extension Project proporciona donaciones para apoyar la investigación de "conservación y utilización de recursos genéticos" y "biotecnología".

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Aquí están los resultados de la investigación de Pan Norteamérica, terminada a fines del 2003 sobre los proyectos financiados en donde se demuestra que no solamente siguen promoviendo el uso de plaguicidas (lógicamente con otros vocabularios), están los ejemplos de Argentina y de Colombia, los peores ejemplos de como son de negativas y dañinas las políticas del BM en nuestros países.

Estudios epidemiológicos demuestran que en zonas rurales, donde hay mas exposición, se incrementan las enfermedades infecciosas y parasíticas, los cánceres relacionados con el sistema inmunológico, están comprobados.  También ha causado la muerte de muchas personas.  La Organización Mundial de la Salud, calculaba, a fines de los 70, 3 millones de envenenamientos en el mundo y mas o menos un 1% de mortalidad. En la década del 90, se calculaban 25 millones de envenenamientos en el mundo y probablemente 220.000 muertos. Pero resulta que el 99%  de esos muertos son en los países del Sur: América Latina, África, Asia.  Estos son crímenes, los plaguicidas químicos, son armas químicas.  Si antes en el siglo pasado había ignorancia sobre los impactos, hoy en día ya no hay ignorancia.

Hoy en día se siguen promoviendo esos productos, nos siguen vendiendo muchos productos que están prohibidos en el norte, si mínimo 1/3 parte de los plaguicidas que tenemos en nuestros mercados no tienen registro en EEUU, esos ya son crimines a la humanidad, porque es violar y atentar contra la vida, la salud y los derechos humanos al ambiente sano, a la educación etc.

CALCULANDO ALGUNOS COSTOS

Es muy difícil ponerle valores, porque aquí entra la ética, la  moral, qué valor le ponemos a una vida humana.  Sin embargo se han hecho varios esfuerzos que han tratado de evaluar los costos ambientales y de salud por el uso de los plaguicidas agrícolas (Dr. David Bull de la Universidad de Cornell en EEUU), donde ellos evalúan costos de impactos en salud pública por muerte y contaminación de animales domésticos y de ganado, pérdida de enemigos naturales, costos por resistencia a los plaguicidas, pérdidas de abejas de miel y de polinización de cultivos, pérdidas en la pesca, en cultivos, de aves silvestres, contaminación de aguas subterráneas.

Hemos tratado al menos en salud, de poner unas cifras, y en lo ambiental hemos usado las cifras de EEUU, sabiendo que aquí los impactos sobre el ambiente son peores, porque la destrucción de la biodiversidad ha sido mucho mayor ya que estamos entre  los países mas diversos. De todas maneras, calculando, un 15% de población en América Latina de la zona rural, un 5% de envenenamientos, un 2% de hospitalizaciones, calculamos el 1% de mortalidad, cuanto puede costar una vida humana (utilizamos el factor la agencia de protección ambiental de EEUU) que es 3.7 millones de dólares. El caso es que nosotros llegamos a una cifra de 130 billones de dólares, la deuda ecológica y social, sabiendo que todavía faltan los impactos en el suelo, la pérdida de fertilidad, los efectos hormonales, esterilidad, malformaciones etc, por tanto se debe empezar a tener en cuenta estas cifras.

Frente a esta situación demandamos que el tribunal por la soberanía alimentaria:

• Declare la responsabilidad del BM y el BID, por los envenenamientos, las muertes y la degradación ambiental a causa de los plaguicidas en América Latina y por la violación al derecho a la vida y a un ambiente sano.
• Declare CULPABLES al BM y el BID por los delitos sociales y ambientales, y se les EXIJA EL PAGO DE LA DEUDA ECOLÓGICA Y SOCIAL ACUMULADA PARA QUE LOS DELITOS NO QUEDEN IMPUNES.
• Que se les obligue a RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS AFECTADOS, de manera que se recuperen las condiciones productivas.
• Que se ordene al BM y al BID RETIRAR Y PARAR TODOS ESTOS PROYECTOS QUE INDUCEN A USAR TODOS ESTOS AGROTÓXICOS Y TRANSGÉNICOS.
• Que SE INDEMNICE CON JUSTICIA a los pueblos de América Latina afectados en su salud, cultura, calidad de vida y fuentes de sustento.
• A hacer un llamado a los gobiernos de América Latina para que DECLAREN LA SOBERANÍA ALIMENTARIA COMO PRIORIDAD CONTINENTAL.

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Una vez escuchada a la parte acusadora y defensora, los Jueces elaboraron el Veredicto el mismo que fue leído en el Tribunal por Adolfo Pérez Esquivel: