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SOBRE
LA COP 16
No
son solamente los activistas de la justicia climática tan visibles
en Cancún, sino también bastantes gobiernos de países
relativamente pobres, quienes reclaman la deuda ecológica, una idea
que nació en América Latina entre las organizaciones de justicia
ambiental en 1991. Los Estados Unidos (EUA), la Unión Europea (UE) y
Japón no reconocen esta deuda, pero en Copenhague, en diciembre de
2009, por lo menos 20 presidentes de Estado o de gobierno mencionaron
explícitamente la deuda ecológica (o deuda climática). Algunos
incluso usaron la palabra “reparación (de daños)”.
JOAN
MARTÍNEZ ALIER
Le
energía no puede reciclarse, y por tanto, incluso una economía que
no creciera y que use combustibles fósiles necesitaría suministros
“frescos” que vengan de las fronteras de la extracción. Lo mismo
se aplica a los materiales que en la práctica se reciclan solamente
en parte (como el cobre, el aluminio, el acero, el papel), no más de
40 o 60 por ciento. Si la economía crece, la búsqueda de fuentes de
energía y materiales es aun mayor. Hay una acumulación de
beneficios y de capital por la desposesión (como señaló David
Harvey en 2003) o una Raubwirtschaft (una expresión de geógrafos de
hace 100 años) y hay también “acumulación mediante la
contaminación”, con lo que queremos decir que los beneficios
capitalistas aumentan por la posibilidad de echar a la atmósfera, al
agua o a los suelos, sin pagar nada o pagando poco, los residuos
producidos. Que el precio de la contaminación sea bajo o nulo no
indica un “fallo del mercado”, sino un éxito (provisional) en
transferir los costos sociales a la gente pobre y a las futuras
generaciones. Eso es evidente en el caso de los gases con efecto
invernadero. Por eso hay protestas bajo el nombre de “justicia
climática”.
No
son solamente los activistas de la justicia climática tan visibles
en Cancún, sino también bastantes gobiernos de países
relativamente pobres, quienes reclaman la deuda ecológica, una idea
que nació en América Latina entre las organizaciones de justicia
ambiental en 1991. Los Estados Unidos (EUA), la Unión Europea (UE) y
Japón no reconocen esta deuda, pero en Copenhague, en diciembre de
2009, por lo menos 20 presidentes de Estado o de gobierno mencionaron
explícitamente la deuda ecológica (o deuda climática). Algunos
incluso usaron la palabra “reparación (de daños)”.
En
Cancún estuvieron más calmados, pero también se habló de la deuda
ecológica desde algunos púlpitos gubernamentales. Pablo Solon, el
embajador de Bolivia en la ONU, que ha tenido una posición valiente
en Cancún, ya dijo en Copenhague el año pasado que “admitir
responsabilidad por el cambio climático sin tomar las acciones
necesarias para hacerle frente es como si alguien le pone fuego a tu
casa y después se niega a pagarla. Aunque el fuego se hubiera
iniciado sin querer, los países industrializados, con su inacción
política, han continuado echando gasolina al fuego”.
No
tiene justificación alguna que países como Bolivia tengan ahora que
pagar esa crisis climática, lo que implica una enorme carga sobre
nuestros recursos limitados para proteger a nuestra gente de esta
crisis causada por los ricos y por su sobreconsumo. Nuestros
glaciares están en regresión, las fuentes de agua se secan. Quién
debe hacer frente a eso? A nosotros nos parece justo que el
contaminador pague, y no los pobres. No estamos aquí asignando
culpabilidad, sino solamente responsabilidad. Como dicen en EUA, “si
lo rompes, lo pagas”.
El
trasfondo al discurso de Pablo Solon en Copenhague, hace un año, fue
la declaración de Todd Stern (como principal negociador de EUA) en
una conferencia de prensa el 10 de diciembre de 2009. “Reconocemos
absolutamente nuestro papel histórico en poner las emisiones en la
atmósfera, allá arriba. Pero el sentido de culpa o tener que pagar
reparaciones, eso lo rechazo categóricamente”
(http://www.climate–justice–now.org/boliviaresponds–to–us–on–climate–debt–if–you–break–it–you–buy–it/).
A
esta controversia se añadió inesperadamente el economista Jagdish
Bhagwati, profesor de Columbia University, en Nueva York, en un
artículo en el Financial Times del 22 de febrero de 2010. Sin
conocer aparentemente ni la literatura activista
(www.deudaecologica.org) ni la académica sobre el tema desde 1991,
Bhagwati escribió que los EUA, al enfrentarse a problemas de
contaminación tras el escándalo de Love Canal crearon en 1980 la
legislación llamada Superfondo (la ley se llama oficialmente CERCLA)
que exige que la compañía responsable elimine los residuos tóxicos.
Esta legislación sobre daños y perjuicios implica una
responsabilidad “estricta” en el sentido legal, de manera que la
responsabilidad existe aunque no se supiera entonces que los
materiales vertidos eran tóxicos, como en el caso de las emisiones
de dióxido de carbono hasta hace poco tiempo. Además, las personas
perjudicadas pueden presentar sus propias demandas. En cambio, Todd
Stern, el principal negociador estadounidense, rechazando esta
tradición legal interna de EUA en lo que respecta a casos de
contaminación en su propio territorio, rechaza cualquiera obligación
legal y cualquier pago por las emisiones pasadas. Evidentemente, EUA
debe dar marcha atrás en este punto.
Todos
los países ricos deben aceptar sus pasivos ambientales, en
proporción a su parte de emisiones históricas de dióxido de
carbono como las contabiliza el Panel Internacional de Cambio
Climático. El pago será según la responsabilidad por daños y
perjuicios; por tanto, esos fondos de ninguna manera pueden contarse
como parte de la habitual ayuda al desarrollo, eso sería indignante.
No le vas a quitar la pensión a un anciano que gana un pleito por
daños y perjuicios”. Así escribió Jagdish Bhagwati.
En
la UE, la Environmental Liability Directive (que se traduce como
Directiva de Pasivos Ambientales, donde Pasivo Ambiental es sinónimo
de Deuda Ecológica) fue promulgada en abril de 2004 aunque no todos
los miembros de la Unión la han transferido aun a su legislación
interna. Esta legislación se supone que es para aplicación interna
en la UE, no se aplica a la deuda climática (por lo menos mientras
ningún juez diga lo contrario), y requiere que los estados exijan a
las compañías que paguen los daños causados, incluida la
restauración del ambiente cuando sea factible. En el caso del
derrame de barros rojos de la producción de alúmina en Hungría, en
octubre de 2010, un experto de una compañía de seguros declaró que
“si por casualidad, extingues una oscura especie de mariposa que
sólo existía en ese lugar concreto, ¿cómo vas a decir lo que vale
en dinero?” (Financial Times, 14 octubre 2010, “Toxic slugde
tests Brussels pollution law”). Resulta muy difícil exigir la
responsabilidad legal de las compañías europeas por sus pasivos
socio–ambientales en el extranjero (aunque la Shell está ahora en
juicio en Holanda por daños hechos en el Delta del Niger). Más
difícil aún es conseguir que se reconozca la deuda ecológica de
EUA y de la UE por los daños causados y por los costos que hace
falta pagar ahora para prevenir los efectos del cambio climático a
causa de las emisiones (históricas y actuales) desproporcionadas de
esos países.
Sin
embargo, el reclamo de compensaciones por la deuda climática se hace
sentir en la calle, en los foros alternativos, 20 años después de
la conferencia de Río de Janeiro de 1992. Y también se escucha a
veces en las salas donde se reúnen las delegaciones oficiales. Así
en Copenhague en diciembre de 2009, el entonces canciller de Ecuador,
el doctor Fánder Falconí, señaló que los países pobres eran como
“fumadores pasivos”, y preguntó porqué no se aplicaba el
principio del que el contaminador paga, reclamando la deuda histórica
por cambio climático.
Existen
cálculos al respecto. La economista de la India Jyoti Parikh publicó
un cálculo en 1995 en que cifraba la deuda climática en 75 mil
millones de dólares al año de los países del norte a los del sur.
Vean que el Fondo Verde prometido en Cancún es de esa cantidad como
un Fondo, no como un pago anual, y no es un pago de deuda sino una
contribución para adaptación, incluso tal vez en forma de créditos.
Parikh
calculó el importe viendo lo que se ahorraban los países ricos al
no realizar las necesarias reducciones de las emisiones. Srinivasan y
otros autores, incluido el economista ecológico de Berkeley, Richard
Norgaard, cuantificaron en unos 2 millones de millones de dólares
(2008) la deuda ecológica acumulada del norte al sur, la mayor parte
a cuenta de la deuda climática. Ese cálculo se publicó en los
Proceedings of the National Academy of Sciences, indicando la
credibilidad académica del concepto de deuda ecológica. Hay otros
libros y artículos en revistas científicas sobre este tema.
La
deuda ecológica es un concepto nacido entre activistas que ahora
llega a las publicaciones académicas y tal vez llegue a las
políticas públicas, sorteando amenazas y sobornos como los que los
negociadores de EUA han prodigado, según explica WikiLeaks.
Martes,
14 de diciembre de 2010
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/12/14/puebla/joan09.php
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