Emiliano Castillo Jara

“El megaproyecto eólico financiado por el Banco Mundial y desarrollado por empresas trasnacionales como Iberdrola, Acciona, Unión Fenosa, y Gamesa busca consolidar el proceso de integración energética en Mesoamérica mediante el suminsitro de energía eléctrica a empresas privadas bajo esquemas de comercio de emisiones de CO2 como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). En este tenor, gran parte de la electricidad generada por el megaproyecto eólico es para consumo privado y no para la población del Istmo de Tehuantepec.”

En un contexto global caracterizado por el incremento de los fenómenos asociados al cambio climático, el uso de tecnologías en energías “limpias” se presenta como la solución óptima para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero; sustituir el uso de los combustibles fósiles; y garantizar el servicio de energía eléctrica a la población más pobre del mundo.

No obstante, el discurso de promoción a las energías alternativas suele ocultar los intereses en juego y los impactos negativos de su desarrollo. Este es el caso de las afectaciones sociales y ambientales de las centrales eólicas a gran escala que integran el megaproyecto Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec, localizado en el estado de Oaxaca en México, donde existe uno de los mayores potenciales de generación de energía eólica a nivel mundial, y habitan diversos pueblos indígenas.

El megaproyecto eólico financiado por el Banco Mundial y desarrollado por empresas trasnacionales como Iberdrola, Acciona, Unión Fenosa, y Gamesa busca consolidar el proceso de integración energética en Mesoamérica mediante el suminsitro de energía eléctrica a empresas privadas bajo esquemas de comercio de emisiones de CO2 como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). En este tenor, gran parte de la electricidad generada por el megaproyecto eólico es para consumo privado y no para la población del Istmo de Tehuantepec.

La implementación del Corredor Eólico ha signficado para México el incremento de su deuda externa y dependencia tecnológica, así como una creciente participación del sector privado en la generación de energía eléctrica para el servicio público; actividad que de acuerdo con la Constitución mexicana está reservada al Estado. Y es que el Corredor Eólico está orientado más por la obtención de ganancias en el corto plazo que por contribuir a solucionar el cambio climático.

Por otro lado, la construcción del megaproyecto eólico ha despojado de sus tierras a comunidades indígenas y campesinas del Istmo de Tehuantepec mediante de la firma de contratos de arrendamiento por 30 años que privatizan los derechos de propiedad de la tierra; otorgan un pago mínimo por hectárea; y no ofrecen información veraz sobre lo que sucederá con los parques eólicos y la calidad de la tierra una vez que se termine el contrato. En este sentido, una de las principales preocupaciones de las comunidades es la pérdida o disminución de la capacidad productiva de los terrenos donde se siembran cultivos agrícolas de los que dependen.

Lo anterior ha generado la oposición de diversos grupos como la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio de Juchitán, que demandan la nulidad de los contratos, la suspensión del megaproyecto eólico, y el desarrollo de un proyecto eólico comunitario. Y es que el Corredor Eólico ha significado la violación de derechos de los pueblos indígenas; un conflicto con el gobierno mexicano y las empresas eólicas; la exclusión y negación de la cultura de las comunidades ya que las decisiones del megaproyecto están diseñadas de antemano; la degeradación del medio ambiente; entre otros impactos.

En este sentido, la expansión territorial de centrales eólicas a gran escala causa la muerte de aves por colisión con turbinas eólicas debido a su localización en una de las rutas migratorias de aves más importantes de Mesoamérica; y la contaminación de mantos freáticos y del suelo como resultado del derrame de litros de aceitei y vertimiento de concreto empleado en la construcción de la infraestructura eólica. Asimismo, afectan la calidad escénica del paisaje; la salud de personas y otros seres vivos debido al ruido mecánico y electromagnético producido por las turbinas eólicas; y el medio ambiente como consecuencia de la generación de desechos (cascajo, residuos de aceite, entre otros) y del retiro de la infraestructura al final de su vida útil.

De esta manera, el megaproyecto eólico provoca una distribución social y ambiental desigual de los impactos ya que son las comunidades en sus generaciones presentes y futuras quienes pagan los costos de la producción de energía eólica, muchos de los cuales, no pueden ser compensados económicamente. Ante esta situación, se requiere un consenso social, en el que los grupos opositores al megaproyecto eólico tengan una participación significativa en el diseño de proyectos eólicos que garanticen la protección de derechos colectivos; el acceso equitativo al suministro de electricidad; y la calidad de vida de las personas y del medio ambiente de cara a los desafíos del cambio climático global.

Emiliano Castillo Jara es Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla