Un grupo de organizaciones sociales bolivianas
intenta conseguir apoyo internacional en las conversaciones sobre el
cambio climático que tienen lugar en Barcelona para la creación de un
tribunal internacional especial que juzgue casos de “justicia
climática.”
Las agrupaciones esperan que esa corte pueda instar a las empresas
multinacionales a que paguen compensaciones a las comunidades indígenas
que sufren el impacto del calentamiento global.
La propuesta cuenta con un fuerte respaldo del presidente de
Bolivia, el aymara Evo Morales, y sus aliados del ALBA. La semana
pasada, de visita en Londres, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa,
manifestó su apoyo a la propuesta y dijo que países como Ecuador y
Bolivia precisan “cobrar la deuda ecológica que se les debe.”
Los negociadores bolivianos buscan aliados en otras partes del mundo
que apoyen lo que ellos llaman “justicia climática,” sobre la cual
decidiría un tribunal. “No queremos ser vistos como mendigos,” dijo a
la BBC Ángela Navarro, una de las negociadoras. “No hemos venido a
pedir limosna, queremos justicia.”
Los detalles sobre cómo trabajaría el tribunal y bajo qué auspicios
actuaría se encuentran en los primeros pasos de elaboración. Los
presidentes de los países del ALBA acordaron en su última reunión, en
octubre, establecer un grupo de trabajo especial que examine la
constitución de esa corte.
Deuda histórica
Muchos países apoyaron la idea de los derechos de la Madre Tierra.
Por lógica, alguien tiene que sancionar estos derechos
Moisés Huarachi, negociador boliviano.
Los impulsores de la idea aseguran que los países industrializados y
sus empresas tienen una deuda histórica por la contaminación que han
hecho al planeta y que deberían pagar algún tipo de compensación.
“Las empresas petroleras de alguna manera deberían compensar a los
pueblos indígenas, que están sufriendo los impactos,” dice Moisés
Huarachi, quien representa a organizaciones sociales bolivianas y a la
vez pertenece a la delegación oficial en Barcelona. “Tal vez esto sea a
través de la transferencia de tecnología, no tanto de dinero.”
Huarachi está a favor de una nueva corte internacional imparcial que
trabaje con independencia de las instituciones de Naciones Unidas,
aunque quizás bajo la supervisión de la ONU. “Nosotros, los pueblos
indígenas, no confiamos mucho en los mecanismos de las Naciones Unidas.”
El mes pasado, las organizaciones sociales de Bolivia recrearon su
propia versión del tribunal sobre cambio climático en Cochabamba,
integrado por expertos internacionales de medio ambiente que
“escucharon” siete casos de comunidades de Bolivia, El Salvador,
Colombia y Perú que se ven afectadas por el cambio climático o por la
actividad de empresas mineras.
Los organizadores explicaron que la corte no tenía poder legal, pero
que “respondió a la necesidad de dar respuesta a una ausencia de
mecanismos e instituciones que sancionen los delitos climáticos.”
Bolivia amenazada
Uno de los casos estudiados en Cochabamba fue el de la comunidad
aymara de Khapi, que reside en las alturas de los Andes bolivianos. Sus
habitantes temen ser gravemente afectados por el derretimiento del
glaciar Illimani, que suple de agua a la comunidad.
Su apremiante situación está explicada en un detallado informe
emitido esta semana en Barcelona por la agencia de desarrollo
internacional Oxfam que trata sobre la vulnerabilidad de Bolivia ante
el cambio climático.
Según el informe, el derretimiento de glaciares, los desastres
naturales, la propagación de enfermedades, los incendios forestales y
el clima cambiante amenazan con dañar a Bolivia, uno de los países más
pobres de América Latina.
Sin embargo, el informe también señala que Bolivia es responsable de
un pequeño porcentaje de emisiones globales.
El documento concluye que “las recientes propuestas del gobierno
boliviano para la conformación de un tribunal internacional de justicia
climática resaltan la necesidad de (…) mecanismos de rendición de
cuentas, que exijan responsabilidad de los países o entidades que
aporten a la contaminación, a la vez que compense a los países
vulnerables.”
Derechos de la Madre Tierra
Los críticos vaticinan que, si entra en vigencia, la propuesta
deberá sortear grandes obstáculos y que será difícil dar a una corte
internacional el estatus legal para multar a empresas por “delitos
climáticos.” Por otra parte, la idea de un tribunal puede perderse en
la marea de propuestas emitidas por países latinoamericanos.
Brasil y México, las dos voces más fuertes de América Latina en las
conversaciones sobre cambio climático, se enfocan en cuánto deberían
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en caso de que los
países desarrollados acepten realizar mayores reducciones y mejores
ayudas a los países en desarrollo.
Uruguay anunció en las conversaciones que espera aumentar la
proporción de energía renovable al 15% para 2015. Perú habla de
recortar las emisiones producidas por la deforestación, mientras que
incluso Ecuador, uno de los mayores impulsores del tribunal, prioriza
la idea de recibir dinero de la comunidad internacional por no explotar
el petróleo del parque nacional de Yasuni.
Sin embargo, Moisés Huarachi cree que otros países fuera de América
Latina que han apoyado las ideas bolivianas en reuniones anteriores
darán su respaldo. “En Bangkok muchos países apoyaron la idea de los
derechos de la Madre Tierra. Por lógica, alguien tiene que sancionar
estos derechos.”
Huarachi espera que algunos países africanos respalden la
incorporación de esta corte en el texto final del acuerdo de Barcelona.
