¡NO SOMOS DEUDORES! ¡SOMOS ACREEDORES DE UNA DEUDA HISTÓRICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA!
LA PRIVATIZACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD E-Mail
martes, 20 de septiembre de 2005

Para prevenirse, además de leyes y contratos con los agricultores, han desarrollado cuerpos de detectives que van por los campos agrícolas de Estados Unidos y Canadá tomando muestras. Monsanto ya ha iniciado más de 460 juicios a agricultores en esos países, y en marzo del 2001 se condenó a un agricultor canadiense a pagar más de 75.000 dólares por la "biopiratería" de que su campo haya sido contaminado con semillas transgénicas patentadas por Monsanto, aunque el agricultor ni lo sabía ni lo quería y además considera que su campo se perjudicó por esta contaminación.[1] De todas formas, por si los jurados sentenciaran de otra manera o las leyes de propiedad intelectual no fueran suficientes, las mismas empresas dominantes en estos sectores, han desarrollado y cuentan actualmente con más de 70 patentes de tecnologías para que sus semillas sean estériles en segunda generación, estableciendo así patentes biológicas sin fecha de expiración (tecnologías Terminator), para prevenir la "biopiratería".

Para el Grupo ETC (antes llamado RAFI), al igual que para muchas organizaciones de la sociedad civil, biopiratería es la apropiación y privatización de recursos genéticos y conocimientos indígenas y de comunidades locales, especialmente de países del tercer mundo, por parte de empresas privadas, generalmente transnacionales, y/o de instituciones públicas, generalmente del Norte. Los biopiratas utilizan diferentes mecanismos de propiedad intelectual para reclamar para sí el uso de recursos tangibles e intangibles de pueblos localizados primariamente en el Sur. La biopiratería, entonces, lejos de ser solamente una cuestión legal y de normativas, es un tema de justicia social, económica y política y es esencialmente una cuestión ética. Básicamente, se trata de la privatización de recursos que siempre han sido públicos, colectivos y para el bien de la humanidad, para el beneficio y lucro de un puñado de empresas e instituciones. Aunque una empresa o institución haya firmado un contrato, que alegue seguir la legalidad vigente nacional o internacional, aunque incluya cierto grado de consulta o participación de comunidades y/o estados y alguna forma de "reparto de beneficios", sigue siendo biopiratería, porque la protección y primacía de los derechos indígenas y campesinos, de las comunidades locales que son los principales actores del proceso de la biodiversidad y sus componentes, no sólo es totalmente insuficiente, sino que en muchos casos, niega estos derechos fundamentales, legitima el saqueo y mina las bases mismas sobre las que fue construido históricamente el acervo de recursos de la diversidad biológica y cultural.

¿De quién son los recursos?

A través de miles de años y en todo el mundo, las bases del sustento de la humanidad se ha apoyado en el proceso de conocimiento del medio y la adaptación, disponibilización y creación de recursos para alimentación, usos medicinales, vestimenta, abrigo, usos estéticos y otros, que los integrantes de diversas culturas locales –indígenas, campesinas, pastores, pescadores, etc.- han realizado para su supervivencia, legándolo así para toda la humanidad. Siempre ha sido un proceso colectivo, abierto y de libre intercambio –salvo ciertas restricciones al respecto de conocimientos "sagrados" o rituales, pero que aún así, pueden ser considerados colectivos y públicos ya que las funciones de éstos conocedores especializados (shamanes, curanderas, etc.) también son roles sociales. Este flujo libre de conocimientos y recursos ha permitido su acumulación colectiva y enriquecimiento permanente.

La diversidad cultural interactúa en forma dinámica con la diversidad biológica, así como la diversidad agrícola y cultivada con la diversidad silvestre, en un continuum recíproco donde todos estos factores se alimentan y nutren entre sí. Esto explica que las zonas de mayor biodiversidad en el planeta coincidan con las zonas de mayor diversidad cultural. Este proceso no es un hecho del pasado, aunque está fuertemente amenazado por la erosión genética y cultural. Se calcula que la población rural del Tercer Mundo depende de los recursos biológicos para suplir el 90% de sus necesidades, un 60% de la población mundial depende esencialmente del autosustento para su alimentación y un 80% de esa población hace uso de plantas medicinales para el cuidado de la salud. [2]

Además de este uso directo, estos recursos y conocimientos son también la base sobre la que se ha apoyado histórica y actualmente la investigación y desarrollo científico, sea público, comercial o industrial, en los rubros agrícola, farmacéutico y veterinario, además de contribuir a muchos otros.

El "reparto de beneficios" histórico del Sur al Norte y la recolonización del Sur

Las medicinas tradicionales y el conocimiento indígena y local han adquirido además de su valor intrínseco, un alto valor comercial. Aproximadamente tres cuartas partes de los medicamentos de receta derivados de plantas en el mundo fueron utilizados primero por indígenas, lo que permitió su "descubrimiento" posterior por empresas y laboratorios de países industrializados. Se calcula, según cifras de 1996, que la industria farmacéutica global tiene ganancias de más de 32.000 millones de dólares estadounidenses anuales gracias al uso de remedios tradicionales que incorporó a medicamentos de receta. Entre 1950 y 1980, las medicinas derivadas de plantas utilizadas en la industria farmacéutica significaban más del 25% de los fármacos de receta vendidos en los Estados Unidos. Actualmente, aproximadamente el 40% de las pruebas clínicas para medicamentos en Estados Unidos se basan de alguna forma en productos naturales. Se estima que el valor económico total anual de las drogas derivadas de plantas es más de 68.000 millones de dólares anuales, solamente en Estados Unidos[3].

No es motivo de sorpresa, por tanto, que los cazadores de riquezas biológicas se empeñen febrilmente en conseguir el "oro verde" del Sur,[4] particularmente en zonas de megadiversidad.

En la actualidad existe un renovado interés en la evaluación de productos naturales -en especial para compuestos medicinales. En 1980 el presupuesto de investigación de la industria farmacéutica de los Estados Unidos no tenía nada destinado a la evaluación de plantas superiores. En la actualidad se estima que más de 200 compañías de investigación en todo el mundo están evaluando compuestos de origen animal y vegetal en busca de propiedades medicinales. Este aumento del interés se debe en parte a nuevas tecnologías que han revolucionado las posibilidades de análisis y eventual aplicación posterior en fármacos u otros productos comerciales, y a la expansión de los sistemas de propiedad intelectual a ámbitos donde nunca había llegado, particularmente a los seres vivos y a los procesos biológicos.

En el sector agrícola, el valor estimado de la contribución de germoplasma agrícola del Sur al Norte para sólo cuatro especies (maíz, trigo, arroz, frijoles) y únicamente tomando en cuenta los flujos provenientes del sistema CGIAR (Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional, la mayor red internacional de investigación agrícola pública), se calcula en 5.000 millones de dólares estadounidenses anuales. Este estimado, es seguramente modesto, ya que en 1994, el entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos Warren Christopher argumentó en una carta al Senado, que el germoplasma extranjero significaba una contribución anual de 10.200 millones de dólares solamente en los cultivos de maíz y soya estadounidense. La carta estaba destinada a presentar argumentos para que Estados Unidos firmara el CDB[5].

Claro que el saqueo no comenzó con lo que hoy llamamos biopiratería. Los grupos poderosos del Norte han saqueado los recursos biológicos –y otros- y se han beneficiado de los conocimientos indígenas y locales del Sur desde hace siglos, particularmente desde la expansión europea. Esto ha tenido como "daño colateral" una considerable devastación humana, cultural y ambiental. Sin embargo, hace aproximadamente dos décadas se inició un proceso que se puede caracterizar como una nueva revolución tecnológica agrícola e industrial que está interfiriendo aún más profundamente en el proceso de creación de la diversidad natural y cultural. En él convergen de manera particular tres factores que interactúan y que en conjunto son condiciones sine qua non para la biopiratería:

- el patentamiento y otras formas de propiedad intelectual sobre seres vivos, y en general el sistema de patentes monopólicas.

- el desarrollo de nuevas biotecnologías y otras tecnologías relacionadas.

- el aumento de la concentración de poder económico y corporativo vertical y horizontal.

La conjugación de estos factores está conformando un verdadero proceso de recolonización del Sur, ya que los recursos que los conquistadores necesitaban llevarse en forma material, ahora pueden ser apropiados a distancia y sin que los nuevos biopiratas ni siquiera hayan puesto nunca un pie en el lugar de origen de los recursos.

Las modalidades de la biopiratería: piratas y corsarios.

No es posible dar fechas precisas para el comienzo de la biopiratería en el mundo, entendida como el saqueo de recursos genéticos, ya que durante muchos años ha sido una actividad solapada e ilegal o simplemente no reconocida como tal. Tal el caso del uso de germoplasma del Sur en la agricultura de muchos países del Norte, que tiene una enorme importancia económica no reconocida ni compensada.

Se puede ubicar, sin embargo, un momento clave en la década del 80, en parte por el salto cualitativo de las nuevas biotecnologías (ingeniería genética, clonación, cultivo de tejido, etc.), y en parte por la aprobación en Estados Unidos de las primeras patentes sobre seres vivos. Ambas condiciones –tecnologías y leyes de propiedad intelectual monopólicas - exacerbaron las actividades de bioprospección de las empresas farmacéuticas y de agronegocios que buscaban desarrollar nuevos productos.

Como la información y recursos obtenidos es también la base común de sistemas de investigación biotecnológicos y bioquímicos que pueden llevar a desarrollos tanto en el campo agrícola como en el farmacéutico, esto coadyuvó a un proceso de fusiones entre las empresas del sector agroquímico y de semillas (que ya se venía dando desde la Revolución Verde) y el sector farmacéutico y últimamente también veterinario y de genómica, conformando que lo que en ETC hemos denominado "gigantes genéticos".

Aunque las actividades de bioprospección/biopiratería aumentaron mucho en la década de 1980, al principio las empresas se dedicaban más a la exploración más o menos casual, y sin ninguna pretensión legalizadora. Recogían muestras de zonas de gran biodiversidad, a la búsqueda de componentes activos no detectados previamente. Monsanto, -uno de los cinco mayores gigantes genéticos- reclutaba entre sus propios empleados a "quienes estuvieran por viajar a algún lugar exótico y a los cuales no les importara extraer unas cuantas muestras del suelo por amor a la ciencia", con el fin de recoger especímenes para los programas de prospección agrícola de Monsanto. "Uno nunca sabe lo que va a encontrar, ni dónde lo va a encontrar... Todo está dentro de lo posible", dijo Margann Miller-Wideman, portavoz de Monsanto.[6]

Otras empresas comenzaron a establecer contactos directos con indígenas y conocedores tradicionales en zonas de gran diversidad, y al margen de cualquier contrato les pagaban individualmente alguna suma irrisoria por recolectar e incluso enviarles plantas que consideraran útiles o raras, con descripción de los usos conocidos.

Más sistemática, pero no por eso legal, fue la biopiratería ejercida histórica y actualmente por los jardines botánicos del Norte, que bajo el manto de búsquedas científicas para sus colecciones, que supuestamente serían en beneficio de toda la humanidad, recogieron miles de muestras de América Latina y el resto del Sur. Muestras que en repetidos casos pasaron a formar parte de las colecciones de laboratorios de las multinacionales, para uso comercial –patentando los compuestos que obtuvieron a partir de ellas. Algunos jardines botánicos como el Missouri Botanical Garden, el New York Botanical Garden y el Royal Botanical Garden Kew del Reino Unido, colaboraron notoriamente e incluso han hecho contratos con grandes empresas como Pfizer, Merck, Phytera, Searle (luego parte de Monsanto y posteriormente de Pharmacia), Shaman Pharma (ahora Bristol Myers Squibb), DowElanco Agrosciences y otras, para proveerles muestras de sus colecciones con fines de bioprospección..[7]

Los mecanismos de la propiedad intelectual.

El renovado interés de las empresas por los recursos genéticos y conocimientos indígenas del Sur, la expansión de sus actividades de prospección biológica y la jungla en la que actúan –en todos los sentidos- conllevó también a que buscaran formas de garantizarse mayores derechos monopólicos sobre sus actividades y resultados. Esto tanto para protegerse de las actividades de búsqueda e investigación de las otras empresas, como de las posibles protestas de grupos afectados o demandas de otras instituciones e incluso Estados.

Una de las medidas fundamentales en este sentido fue el cabildeo pesado y sistemático de la industria farmacéutica multinacional, liderada por empresas estadounidenses, para la imposición de regímenes de propiedad intelectual sobre seres vivos en todo el mundo.

Es un hecho ampliamente difundido que este grupo redactó el primer borrador del capítulo sobre propiedad intelectual del entonces GATT –ahora OMC- y logró que se introdujera el tema en la Ronda Uruguay. Dio como resultado la inclusión de los ADPIC (Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio), cuyo artículo 27.3(b) obliga a que todos los miembros de la OMC deben adoptar sistemas de patentes para microorganismos y procesos microbiológicos y además proveer sistemas de propiedad intelectual para variedad vegetales, a través de patentes o sistemas "sui generis". Esta última cláusula fue interpretada por la mayoría de los gobiernos como la adhesión al sistema de certificados de obtentores vegetales, bajo el Convenio UPOV (Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades Vegetales), –que formalmente no son patentes, pero de hecho tienen un efecto muy similar, sobre todo a partir de las normas de 1991. Los ADPIC se aprobaron en 1994, y se dio un plazo de 4 a 10 años a los países del Sur para implementarlos.

Los gobiernos de los países del Sur tienden a creer que si entran en sistemas de propiedad intelectual y patentes, tal como lo exige la OMC y las corporaciones, sus países van a recibir mayor inversión extranjera, aumentará la transferencia tecnológica y se favorecerá la innovación tecnológica y de ésta forma la investigación nacional.

Ninguna de estas expectativas se cumple en realidad. Según estudios recientes, la aplicación de los sistemas de propiedad intelectual no las afectan o incluso promueven lo contrario.[8] La globalización y armonización de los sistemas de patentes, sí beneficia a las corporaciones que pueden extender sus monopolios de mercado a más países y excluir más efectivamente a eventuales competidores locales. Pero, la inversión extranjera incluso puede disminuir, ya que las corporaciones estarán habilitadas a proteger sus propias tecnologías y productos en nuevos mercados, sin necesariamente realizar ninguna transferencia al país ni generar nuevos empleos. En algunos casos, como por ejemplo en Argentina y Brasil, en la década de 1990 se descontinuaron proyectos de investigación y desarrollo nacional así como esfuerzos de adaptación de procesos importados a condiciones locales, ya que la adquisición de empresas nacionales por parte de corporaciones multinacionales (contabilizadas, por supuesto, como inversión extranjera) significó el traslado de la investigación más sofisticada a sus casas matrices, dejando en esos países funciones menos especializadas, afectando negativamente la investigación nacional y la transferencia de tecnología.[9]

El caso de la investigación agrobiotecnológica es particularmente ilustrativo. Un porcentaje abrumadoramente mayoritario de este tipo de investigación, es realizado por las subsidiarias de las propias empresas sin ninguna transferencia de tecnología al país. Cuando es realizado por instituciones públicas de nuestro continente, en general está financiado por alguna de las corporaciones gigantes que son las que se benefician de los resultados, y no hay tampoco transferencia tecnológica significativa, sino que se transfiere la tecnología mínima necesaria para que se puedan realizar, por ejemplo, experiencias de campo adaptando construcciones genéticas anteriores a las variedades agrícolas ya adaptadas a ese país.

La propiedad intelectual actúa complementariamente, ya que son las propias empresas multinacionales las que mayoritariamente solicitan y obtienen derechos de obtentor en nuestros propios países.

En fin, pese a que la introducción de regímenes de propiedad intelectual es un instrumento muy poderoso y que la mayoría de los países los han ido implementando, conllevó también muchos problemas: la amplia mayoría de los países del Sur lo aceptó como parte de un paquete de negociación (creyeron haber negociado cediendo éste por otros aspectos que les beneficiarían –que como siempre y de todos modos no se han cumplido) pero con una conciencia relativa de que no los beneficiaba. Incluso hay informes de UNCTAD[10] advirtiendo sobre las desventajas de los sistemas de patentes para el Sur. Al mismo tiempo, la oposición y denuncia de múltiples organizaciones de la sociedad civil contra este acuerdo fue y sigue siendo muy extendida. Sigue siendo sin embargo, el instrumento internacional "legal" más poderoso de imposición de sistemas de propiedad intelectual, pero carece de legitimidad en muchos niveles.

Por esto, otros acuerdos internacionales que se negociaron en las mismas épocas, pero menos visualizados como negativos, pasaron a jugar un papel fundamental en legalizar y sobre todo legitimar la biopiratería. En este sentido legalizador y que disfraza la realidad, el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CDB) tiene un rol destacado, pese a que Estados Unidos lo considere suficientemente "peligroso" para nunca haberlo ratificado.

El Convenio de Diversidad Biológica, la soberanía y el discurso del reparto de beneficios

EL CDB, en vigencia desde 1993 luego de haber sido ratificado por 168 países, tiene entre sus objetivos la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios obtenidos por su uso, incluyendo como parte de esto la transferencia de tecnologías pertinentes "teniendo en cuenta todos los derechos sobre estos recursos y tecnologías".

Entre sus cláusulas más significativas pertinentes al tema de este artículo, establece que los Estados son soberanos sobre sus recursos genéticos, pero que deben establecer un "adecuado acceso" a ellos (art .15). El artículo 8(j) establece que "con arreglo a su legislación nacional", el mismo Estado

"respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente".

El hecho de establecer que los países son "soberanos" sobre los recursos genéticos que existen en su territorio, se lo presenta como una logro de los países del tercer mundo, como si eso fuera una reivindicación justa. Paradójicamente puede funcionar como lo contrario, por dos razones básicas.

La primera es que a través de los viajes de conquistadores primero, de otros viajantes y de científicos y jardines botánicos más recientemente, la mayor parte de los recursos genéticos "ex-situ", es decir en colecciones fuera de su lugar de origen, se encuentran en las instituciones de los países del norte, tanto en bancos de germoplasma de variedades de uso agrícola, como en jardines botánicos, acuarios, zoológicos y colecciones microbianas. Al declarar la CBD que los países son soberanos sobre los recursos genéticos de su territorio, automáticamente, los recursos que fueron colectados con anterioridad a la firma del CDB en 1993, y que son originarios del Sur, pasan a ser controlados –y pasibles de ser vendidos, patentados, etc- por los países del Norte que los tienen en su territorio. Incluso siguen siendo su territorio "soberano" hasta el momento que cada país ratifique el CDB. Este dato es significativo, porque si bien el 83% de toda la biodiversidad y conocimientos asociados "in situ" conocidos están en Africa, Asia y América Latina, el 75% de los recursos y tecnologías "ex situ" están en los países del Norte. Y esto no es el resultado de que los países del Norte hayan catalogado y coleccionado sus propios recursos, sino que la enorme mayoría de esos recursos provienen del Sur y fueron colectados antes del CDB.[11]

Un segundo tema, igualmente relevante, es que se traslada a los Estados la soberanía de recursos que fueron históricamente conservados, custodiados y desarrollados por pueblos indígenas y comunidades campesinas, pescadoras, y otras, al tiempo que estos mismos Estados han sido los instrumentos legales –y hasta bélicos- para el despojo de los derechos culturales, económicos, sociales, a la tierra y el territorio de esos mismos pueblos y comunidades. Complementariamente, los Estados no coinciden con la ubicación geográfica de los pueblos indígenas (pueden ser varios en un mismo Estado y/o extenderse a otros Estados) y esto significa que a un Estado se le atribuyen el derecho de comerciar con recursos y conocimientos parte del acervo de una etnia que se puede encontrar en varios otros países también.

De la misma forma, aunque el artículo 8 (j) aparentemente reconoce la contribución fundamental y el derecho de esos actores a los recursos y conocimientos, los condiciona a la legislación nacional (otra vez a los mismos Estados), y establece el sujeto "comunidad" en lugar de pueblos, que son los sujetos colectivos reconocidos por los propios indígenas. Esto es importante, porque una –o algunas- comunidades pueden entonces actuar como contrapartes de contratos de bioprospección o de otorgar acceso de cualquier otra forma, a recursos que no son solamente de esa o esas comunidades, sino parte del acervo colectivo de pueblos indios, que como ya mencioné, pueden estar en muchas otras zonas y países.

En este contexto, las leyes de acceso, que actualmente, y frente a los debates cada vez más públicos sobre biopiratería pasan a ser la panacea o la cura milagrosa para evitar "el robo", no hacen sino sumarse al concierto de regulaciones que las empresas necesitan para poder seguir ejerciendo –pero "legalmente"- su tarea de saqueo y privatización de recursos colectivos y públicos. Baste decir que no hay ningún país del Norte discutiendo leyes de acceso a sus recursos genéticos, y que las propuestas de este tipo de leyes están fundamentalmente en los países más diversos cultural y biológicamente, del Sur.

En la década de los 90, comienzan los llamados contratos de bioprospección, que dicen estar cumpliendo con los términos de la CDB. Algunas empresas multinacionales integran entonces los conceptos de consulta, acceso legal y de "reparto de beneficios". Entre los acuerdos tempranos más conocidos, (anterior a la CDB, pero ya durante la discusión de ésta) está el de la empresa Merck con el Instituto Nacional de la Biodiversidad (INBio), que es una entidad privada en Costa Rica, y por el cual INBio se comprometió a entregar 10.000 muestras de plantas de ese país, contra una entrega de 1’135.000 dólares, algún instrumental, capacitación y el pago de un porcentaje de regalías (cuyo monto es confidencial) en caso de hallarse algún farmacéutico a partir de las muestras entregadas. También fue "innovador" el contrato de Shaman Pharmaceuticals con un poblado indígena de la selva amazónica del Ecuador, con los que acuerda entregar algunas mejoras de infraestructura y un porcentaje de regalías futuras, a cambio de la obtención de muestras y del conocimiento que ellos manejan sobre los usos de las plantas de la región. En ambos casos con el beneplácito de las autoridades de los países involucrados.

Las otras multinacionales toman el ejemplo, y con variantes, comienzan a aplicar esquemas similares de involucramiento de comunidades indígenas y/o centros de investigación o universidades locales, a cambio de alguna forma de "reparto de beneficios". De esta forma, van consiguiendo con mayor facilidad y rendimiento datos, conocimiento y muestras de plantas, microorganismos, insectos, etc, que de otra manera no sólo les habrían costado mucho más, sino que quizá nunca lo hubieran logrado. Por añadidura, consiguen cobertura legal en los países donde realizan este tipo de contratos.

De todos modos, el esquema de saqueo de recursos es el mismo, por lo que podríamos decir que este tipo de bioprospectores, en vez de piratas deberían ser llamados corsarios.

En la época de la piratería en altamar, la corona inglesa comenzó a dar permisos de saqueo a otras naves, a quiénes lo hicieran a favor de la corona. Estos se llamaron corsarios, y hacían lo mismo que los demás piratas, pero tenían un permiso de las autoridades para ello, a quiénes entonces, debían rendirles cuenta de sus ganancias. Así el famoso pirata conocido en todo el mundo como Drake, se pasó a llamar Sir Francis Drake en Inglaterra y ser un personaje "respetado."

Una de las formas más refinadas para facilitar este tipo de acuerdos "legalizados" lo constituye el ICBG (Grupo Internacional de Colaboración en Biodiversidad). Los programas ICBG los maneja un consorcio de agencias federales del gobierno de Estados Unidos que incluye a los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional de Ciencia y el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Otorga donaciones a instituciones de investigación públicas y privadas que realizan programas de bioprospección / biopiratería en países del Sur. Según el propio ICGB, sus metas son la promoción del descubrimiento de farmacéuticos derivados de recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y el crecimiento económico sostenido de los países en vías de desarrollo. Han elaborado una serie de lineamientos sobre la necesidad de obtener el consentimiento de las comunidades y autoridades locales y de establecer formas de "reparto justo" de beneficios.[12]

La estructura típica del ICBG es que los grupos receptores de las donaciones están integrados por a) universidades y/o jardines botánicos de Estados Unidos –que siempre son los coordinadores del proyecto y los que reciben toda la información y materiales del proyecto; b) universidades o centros de investigación del país donde se realiza la bioprospección; c) en algunos casos, organizaciones no gubernamentales internacionales (WWF y Conservation International, denunciadas por sus actividades de biopiratería en diversos países); y d) un socio comercial, que generalmente son multinacionales de la farmacéutica y los agronegocios. Glaxo-Wellcome, Bristol Myers Squibb, Shaman Pharmaceuticals, Dow Elanco Agrosciences, Wyeth-Ayerst, American Cyanamid, Monsanto han participado en proyectos ICBG.

La forma de operación de varios de estos proyectos ha sido integrar localmente, a través de un instituto nacional de investigación o una ONG conservacionista internacional, a grupos indígenas, que aportan sus conocimientos y facilitan la recolección de muestras, y a los que se le dan promesas de compensaciones futuras, alguna modesta forma de retribución actual y en algunos casos se les ofrece ser propietarios de patentes que ellos mismos licencien a terceros, que es uno de los impactos más negativo, por la introducción de elementos totalmente externos y nocivos a sus culturas.

Los ICBG subvencionan de esta manera, con dineros públicos, a las empresas multinacionales, ostentando un lenguaje altruista de búsqueda de medicamentos para toda la humanidad y rescate cultural de los indígenas. Los resultados obtenidos les cuestan mucho más barato que lo que los Institutos Nacionales de Salud o del Cáncer o similares, gastaban anteriormente en realizar estas actividades de "bioprospección" por sí mismos. Los resultados se depositan en la contraparte universitaria en Estados Unidos y la enorme mayoría de los beneficios económicos queda en las empresas que participan de los proyectos[13].

El contexto empresarial

Siendo los recursos genéticos y el conocimiento asociado a ellos la materia prima fundamental de la industria aplicada a los sectores de salud y alimentación –además de otros- es importante reconocer quienes manejan y dominan estos mercados.

Según las investigaciones del Grupo ETC[14], los datos disponibles para el 2001 mostraron que:

· Las 10 mayores compañías farmacéuticas controlan aproximadamente el 48% del valor del mercado mundial, calculado en $317 mil millones de dólares.

· Las 10 mayores compañías farmacéuticas veterinarias controlan 60% del valor de ese mercado, que es de USD $13,6 mil millones.

· Las 10 mayores compañías de semillas controlan 30% del valor del mercado comercial de semillas, que es de USD $24 mil millones.

· La semilla transgénica de una sola compañía (Monsanto, ahora propiedad de Pharmacia) se utilizó en 94% del área total sembrada con cultivos transgénicos en el 2000.

· Las 10 mayores corporaciones agroquímicas controlan 84% del valor del mercado de agroquímicos, calculado en UDS $30 mil millones.

· Las 32 principales cadenas de supermercados, controlan el 34% del mercado global de distribución de comestibles, que tiene un valor estimado de USD $2.800 millones. De estos 32, solamente 10 controlan el 54% del total de ventas, con un valor de USD $513,7 mil millones.

Este artículo, aunque finalmente conformado por la autora que asume su responsabilidad por su contenido, es el producto del trabajo colectivo de investigación y elaboración del Grupo ETC, (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración), antes llamado RAFI. Por información sobre el tema y sobre el Grupo ETC, consultar http://www.etcgroup.org La autora Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla agradece particulamente las contribuciones de Julie Delahanty, Hope Shand y Pat Mooney. Parte de los conceptos utilizados integran el documento "La biopiratería en México: la punta del iceberg:" coordinado por Andrés Barreda y el equipo de CASIFOP, México, a quienes agradezco también sus ideas y generosa colaboración.

 
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