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Por el nombre utilizado, la mayoría de las personas piensan que es una institución pública pero no es así, es un ente privado que se ha beneficiado del patrimonio nacional.
En febrero de 1989 representantes de dieciséis instituciones públicas y de organismos no gubernamentales se reunieron en San José para formalizar los planes, ya discutidos, de crear un instituto de biodiversidad. Planteaban poder recolectar y levantar un inventario en biodiversidad, integrar una sola colección en una sola entidad, centralizar toda la información sobre biodiversidad y poner esta información al servicio del país. En esta reunión se conforma una comisión de planeación que plantearía una propuesta. La comisión fue legalizada mediante un decreto emitido por el entonces presidente Oscar Arias. En octubre de 1989 se creó el Inbio como una asociación privada sin fines de lucro, con fuertes nexos con la clase gobernante y declarada de utilidad pública.
Algunos consultores internacionales en su momento opinaron lo siguiente:
“El Inbio no puede adaptarse y asemejarse a una estructura organizacional gubernamental, ya que obstaculizaría el lograr propósitos para los cuales se instituyó. (…) Los fines del Inbio son “proteger, conocer y utilizar nuestra diversidad biológica” y su estrategia debe encaminarse a lograrlo con eficacia. Los deseos expresos de los donantes, que soportan económicamente el instituto, y el plazo urgente de los factores naturales, obligan al Inbio a buscar flexibilidad y logro en sus estrategias.”[2]
De esta forma el Inbio nació con el beneplácito de los sectores científico y político. Adquirió relevancia con el traspaso de la base de datos de la Fundación Neotrópica y debido a labores de construcción, sucedió lo mismo con la centenaria colección del Museo Nacional. Obtuvieron además fondos derivados del canje de deuda por naturaleza, exención de impuestos, terreno para sus instalaciones (fue devuelto) y vehículos. Adicionalmente iniciaron el inventario de biodiversidad y vendieron muestras a la empresa farmacéutica Merck. Posteriormente ganaron premios y reconocimientos a nivel internacional con lo cual su fama creció. La formación de parataxónomos y su discurso socio-ambiental también influyeron en este proceso.
El contrato con la compañía farmacéutica Merck en 1991, posicionó al Inbio como negociante a nivel internacional recibiendo premios, financiamiento y una fuerte campaña publicitaria. Como hecho importante es necesario hacer notar que nunca estuvo presente el Ministro de Ambiente en esa negociación, siendo el principal actor, dadas sus funciones y la venta de recursos naturales pertenecientes al Estado que se pactó.
Mediante el contrato Inbio-Merck se pagó un millón de dólares como adelanto al Inbio, cien mil dólares concedidos para el Ministerio de Ambiente y Energía, que dedicaría a la consolidación del sistema de áreas protegidas, y la posibilidad de nuevos contratos y subcontratos. Nunca se mencionaron temas de importancia para el país tales como “número de muestras contratadas, porcentaje de las eventuales regalías, propietario de las patentes, consecuencias del patentamiento sobre las comunidades locales, posibilidad de erosión de la soberanía, etc.”[3]
La misión del Inbio es “promover una mayor conciencia sobre el valor de la biodiversidad, para lograr su conservación y mejorar la calidad de vida del ser humano”. (…) El Inbio ha organizado cinco programas o procesos interrelacionados entre sí: inventario, bioprospección, conservación para el desarrollo, manejo de información y gestión social”[4]. Entre los productos que destaca el Inbio son la “identificación de nueve especies par la ciencia, la más completa base de datos sobre biodiversidad costarricense disponible al público, el apoyo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el impulso al sector ecoturístico del país, el desarrollo de infraestructura (Inbio-parque) y productos (libros, juegos, material educativo, etc) para la transferencia de conocimiento (bioalfabetización) y el desarrollo de experiencias en la búsqueda de usos sostenibles de la biodiversidad, son sólo algunos de los aportes del Inbio al país”[5].
Desde que se firmó el contrato con la Merck, el Inbio se concibe así mismo como socio y no como proveedor ya que solamente agrega un valor de información y procesamiento a las muestras recolectadas. Ha definido como requisitos “el compromiso del socio de cubrir todos los costos de investigación en el país, de hacer un aporte al equivalente al 10% del presupuesto destinado a áreas silvestres protegidas del estado, realizar una compensación monetaria en forma de regalías por los productos que lleguen al mercado y, asimismo contribuir en la transferencia de tecnología, la capacitación de científicos costarricenses y, en mucho casos, donar el equipo e infraestructura necesaria para el desarrollo de la investigación”[6]. Hasta el momento el Inbio ha firmado cerca de treinta acuerdos comerciales. Algunos de estos requisitos, que también son presentados como beneficios para el país, son lógicos en el marco de una negociación comercial. Por ejemplo que el socio financie el presupuesto de investigación es algo lógico tomando en cuenta su capacidad financiera y su interés en el negocio. La compensación monetaria no es segura debido al hecho de que no siempre se obtiene un producto comercial y finalmente los demás requisitos habría que investigarlos para conocer su cumplimiento a la luz por ejemplo del equipo científico utilizado por el socio en su sede y cual ha transferido al país.
En cuanto a beneficios económicos, Nagoda y Tverteraas[7] brindan datos (en dólares estadounidenses y en el período de 1991 a 1999) de 420.245 como aportes al Ministerio de Ambiente; 856. 248 a las Áreas de Conservación; 699.336 a universidades públicas y $740.882 a otros. Guevara[8] sostiene que el Inbio ha dado “apoyo a la conservación de las áreas silvestres protegidas, mediante pagos directos al Minae por un monto que en el año 2000 ascendió a 512.148 producto del 10% de los presupuestos de investigación. (…) respaldo económico a proyectos específicos en áreas de conservación, universidades y otros grupos por un monto total de 2’256.259 entre 1991 y 2000”. Estas cifras nos indican que en el año 2000 las universidades públicas, áreas de conservación y otros recibieron un total de 40.207 ya que el total hasta 1999 era de 2’296.466. El MINAE obtuvo 91.903. Es decir se obtuvieron 132.110 en el año 2000, cifra que supera las de 1998 y 1999 y es al menos tres veces inferior a las de 1996 y 1997.
Podemos afirmar que el Inbio se ha consolidado como un modelo en el campo de contratación y venta de la biodiversidad con compañías diversas a nivel nacional e internacional -siendo esta su mayor ganancia-; se ha beneficiado gracias a sus conexiones con las esferas gubernamentales sin importar el gobierno de turno, es decir es parte de las elites que han controlado el estado costarricense en los últimos diez años; ha hecho sinónimos las ganancias económicas con los beneficios para el país y su aporte en términos monetarios no ha sido el esperado según lo enunciado con la firma del convenio con Merck por lo que podemos decir que han vendido barata la biodiversidad costarricense.
Bioprospección y biopiratería.
El tema de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos y distribución justa y equitativa de sus beneficios derivados va de la mano con el tema de bioprospección o biopiratería. El primero es uno de los objetivos de la Convención en Diversidad Biológica asumiéndolo como una obligación de la misma mediante la cual se pretende que cada país facilite el acceso a sus recursos debido a la soberanía que cada país tiene y que como contraparte, adquirirá diversos beneficios producto del acceso así como transferencia de tecnología. Hasta el momento no ha existido mayor distribución de beneficios en todo el mundo.[9]
El concepto de bioprospección surge como respuesta a dos situaciones: conservación y comercialización de la biodiversidad. Así Eisner[10] junto con ideas de Janzen plantea un sistema mediante el cual los países genéticamente ricos y con poco desarrollo para la investigación científica, realizarían muestreos biológicos y los primeros pasos del monitoreo químico de las propiedades de estos seres. Los países con fuerte desarrollo científico estarían encargados de las últimas etapas de identificación de las propiedades de esos seres muestreados. Se sostenía que esta actividad es de muy bajo impacto ambiental y por lo tanto muy compatible con la conservación. Este hecho no es verdadero ya que se tiene noticias de destrucción de ecosistemas mediante esta actividad así como de la creación de monocultivos de determinadas plantas para contar con una reserva de ellas y efectuar la prospección biológica.[11] Además existirían beneficios relacionados con la transferencia de tecnología y económicos.
Podríamos definir bioprospección como “la búsqueda sistemática, clasificación e investigación para fines comerciales de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos con valor económico actual o potencial, que se encuentran en la biodiversidad”[12]. Es una actividad comercial como lo podemos constatar. Del mismo modo, sostenemos que la bioprospección es la acción legalizada del acceso a los recursos genéticos y bioquímicos además de facilitar la distribución justa y equitativa de los beneficios, situación que hasta el momento no ha sucedido. Adicionalmente la bioprospección no puede generar desigualdades, debido a su legalidad.
La biopiratería podemos definirla como la bioprospección realizada hasta el momento en nuestro planeta ya que ha generado mayor desigualdad, no ha respetado derechos comunitarios y de los pueblos indígenas, no ha beneficiado en ningún término a los denominados proveedores (lo económico no ha sido significativo), no ha fomentado la participación ciudadana en al menos determinar los términos de las negociaciones, entre otros aspectos.
La deuda ecológica del Inbio
El Inbio realiza biopiratería de acuerdo a lo enunciado líneas arriba. Los beneficios económicos que ha brindado no pueden ocultar este hecho y de todos modos no han sido en la cantidad que el país esperaba gracias a las expectativas que el mismo Inbio hizo nacer. Aún así, no se trata de un asunto de dinero. Del mismo modo, el Inbio ha ido adquiriendo una deuda ecológica, es decir una responsabilidad con el resto de la sociedad costarricense -y no sólo con esta sino también con aquellas que poseen la misma biodiversidad- que se refleja en lo siguiente:
· al realizar sus labores a través de contratos bilaterales, ha legitimado esta herramienta a nivel internacional siendo esta un arma que ayuda solamente a profundizar las diferencias entre las partes contratantes -empresa transnacional y comunidad local generalmente-; a eternizar las inequidades existentes y fomentar la injusticia social y ambiental;
· el Inbio ha legitimado del mismo modo todo un paquete asociado al acceso a los recursos genéticos y bioquímicos constituidos por derechos de propiedad intelectual y producción de organismos genéticamente modificados principalmente. Este nuevo paquete beneficia tan solo a quienes ya detentan poder;
· ha fomentado la privatización de lo colectivo;
· la biopiratería realizada por el Inbio no ha fomentado la discusión nacional sobre el uso de los recursos naturales ya que se los ha apropiado a través de diversos instrumentos legales. No ha beneficiado a nadie más que al Inbio y a la elite costarricense que se alterna el gobierno cada cuatro años y por lo tanto no es una actividad sustentable;
· el Inbio fue creado por la misma clase dominante que ha gobernado el país en los últimos cincuenta años como una forma de legitimar la mercantilización de la naturaleza;
· la biopiratería va en contra del control comunitario de los recursos naturales;
· se basa en el determinismo mercantil y tecnocrático[13]: al sostener que a menos de que la biodiversidad muestre que puede valorarse, no vale la pena: vender para salvar. ¿Vender a quien, para qué y bajo qué costo? ¿Salvar para qué: para seguir vendiendo? Deja de lado otros valores que son los que han sostenido la diversidad biológica en este planeta: los culturales, religiosos, etc. que van más allá de simplismo mercantilista.
El modelo exitoso de biopiratería que ha sido legitimado por el Inbio, esta repleto de promesas incumplidas que legitiman un modelo de desarrollo ajeno a las necesidades sociales.
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